Venezuela necesita una reconstrucción moral
Miguel Ángel Martin Tortabu. /Foto Clemente Esponiza
Miguel Ángel Martin Tortabu, experto en resoluciones de conflicto, advirtió que el país no aguanta más un sistema de justicia que dicta sentencias que agravan la crisis. “Los venezolanos, en esencia, somos demócratas”
Alfredo Fermín
Venezuela necesita una cruzada nacional que siente las bases de la reconstrucción moral del país, porque no puede seguir dividido cuando la crisis invita a aceptar las diferencias y rechazar la corrupción, el narcotráfico y la incompetencia de los poderes, observó Miguel Ángel Martín Tortabu, experto en resoluciones de conflicto.
El nuevo decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad José Antonio Páez ha estudiado el problema de la gobernabilidad en Venezuela. Sobre este asunto expone que los diputados de la Asamblea Nacional, el Presidente de la República, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscal General de la República, el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo deben actuar de acuerdo con las atribuciones definidas en la Constitución y la ley. Además tienen responsabilidad personal por los abusos, desviación de poder o violación a la ley.
- La desproclamación de los diputados elegidos en el estado Amazonas, la imposición judicial del Decreto de Emergencia Económica, los obstáculos a las investigaciones que adelanta la Asamblea, el rechazo anticipado de las leyes propuestas por la Mesa de la Unidad y el tono utilizado por los actores políticos más que una crisis de gobernalidad, es incumplimiento de los deberes de las personas que regentan los poderes públicos para defender y vigilar los intereses generales de los ciudadanos, conservar la paz pública y la correcta aplicación de la ley.
- Sin embargo, el TSJ ha decidido que el Decreto está vigente.
- La Constitución es clara cuando faculta al Presidente a decretar la emergencia económica, pero esta medida debió ser aprobada por la Asamblea Nacional. Por lo tanto, lo decidido por los magistrados es inconveniente, producto de un recurso de interpretación donde no interpretan normas, sino que anulan una norma inconveniente de la Ley de Estados de Excepción para así dar vigencia al decreto presentado por el Presidente, que había sido negado por la Asamblea Nacional.
En consecuencia, las medidas que se realicen en el marco de tal decreto y sus consecuencias serán responsabilidad exclusiva del Ejecutivo Nacional y de los magistrados de la Sala Constitucional. Esto, en mi opinión, no es una solución viable.
El decreto de emergencia económica fijado con una vigencia de 60 días, establece las mismas medidas que ha ejecutado el Gobierno, como la confiscación de bienes, el establecimiento de superpoderes del Ejecutivo para manejar la soberanía agroalimentaria y otras que no están muy claras o no se precisan.
La Constitución le da la facultad al órgano legislativo para revisar el decreto y considerar su procedencia, y todos hemos sido testigos cómo los ministros y demás funcionarios que fueron llamados a comparecer ante la Asamblea para verificar la situación económica del país no comparecieron, aduciendo que serían irrespetados.
La responsabilidad de los diputados es verificar cuál es el estado de las finanzas del país; cuánto es el déficit financiero; las deudas que tiene el país; los compromisos que debe cumplir; las acreencias con otros países por la venta de los hidrocarburos, en fin los números reales de Venezuela, y de esta manera ponderar cuáles son las medidas económicas que permiten salir de esta crisis que viven los venezolanos, circunstancias que al no ser conocidas no permiten la aprobación del decreto, tal como sostiene la Asamblea Nacional.
El presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, sostiene que el Gobierno está incitando a que le den un golpe de Estado. Pero su posición es que la salida de Nicolás Maduro de la Presidencia, debe ser por las vías constitucionales.
- El presidente de la Asamblea Nacional está reflejando el clamor de muchos venezolanos que no desean la continuidad del modelo que ha imperado, los golpes de Estado, porque las intentonas de golpes de Estado han sido desastrosas para el país.
Los venezolanos, en esencia, somos demócratas y no apoyamos los golpes de Estado. Por eso ante la falta de humildad de reconocer los resultados graves de las medidas implementadas en el país, heredadas por el actual Presidente, ha motivado a que muchos sectores del país hablen de una salida, la cual debe estar en el marco de la Constitución. Lo contrario sería caer en una situación que agravará más los problemas.
- ¿Cuál sería la salida democrática para resolver los problemas del país?
- Un gran acuerdo donde el Ejecutivo nacional y la Asamblea Nacional, que son los poderes electos por el voto del pueblo, motoricen mecanismos que ofrece la Constitución para alcanzar la paz en la nación. Para ello debemos rescatar la institucionalidad del país, donde todos los poderes que no son elegidos por votación popular, estén conformado por personas idóneas.
- ¿Es viable la enmienda constitucional para acortar el período presidencial?
- Si no hay la capacidad para dialogar y alcanzar el acuerdo nacional de paz que exigen los venezolanos, pueden activarse todos los mecanismos constitucionales.
Entre ellos están la enmienda constitucional, los referendos consultivos y revocatorios, incluso el llamado a una Constituyente.
- ¿Está de acuerdo con la actuación de las Fuerzas Armadas Nacionales?
- Este es un país donde las Fuerzas Armadas Nacionales han tenido una posición en las salidas democráticas cuando el país ha estado, en el pasado, sumido en crisis y los integrantes de los componentes deben estar a la altura de las circunstancias actuales y darle la lectura correcta a las decisiones que ha tomado el pueblo.
Debe imperar la civilidad. Los militares son garantes de que ello se consolide, buscando la paz nacional.
La conciencia de la existencia de una crisis nacional y el descontento de la población son notorias. El papel de las Fuerzas Armadas Nacionales es vital para que no se rompa el hilo constitucional.
Solo la forma como asuman los militares estos momentos de sufrimiento de los ciudadanos, determinará sus niveles de conciencia, de lo contrario tendrán el rechazo de la población si no actúan apegados a la ley.
- ¿Cuál es su mensaje para los magistrados del TSJ?
- El país no aguanta un sistema de justicia con sentencias que agravan la crisis. Han sido muchos años de oscurantismo en la justicia venezolana y no existe la confianza necesaria. Los magistrados deben tomar en consideración lo siguiente: que abran los caminos para lograr rescatar la institucionalidad en el país; que entiendan los mensajes del pueblo; que abran los ojos ante lo situación y las dificultades que viven los venezolanos.
Que pongan los cargos a la orden, para permitir el sistema judicial que merecemos los venezolanos.
(*) Miguel Ángel Martín es doctor en Derecho, profesor de la UCV y Juez de Carrera Judicial
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