El Bloque Constitucional de
Venezuela comunica a la opinión pública nacional e internacional la urgencia en
Venezuela de disponer de medicamentos e insumos médicos
Ante el grave incumplimiento cometido por el Gobierno Nacional de
sus deberes constitucionales de promoción y ejecución de políticas públicas
orientadas a elevar la calidad de vida del venezolano; lo cual se patentiza
diariamente en el criminal e irresponsable abandono que del Sistema Público
Nacional de Salud ha hecho, al no tomar decisiones efectivas destinadas a
proteger la salud de todos los venezolanos y evitar el brusco deterioro que hoy
presentan todos los centros clínicos y hospitalarios del país, ocasionando el
crítico colapso de los servicios que en ellos se prestan; siendo uno de los
efectos más evidentes de esta omisión o abandono público que del servicio de
salud han hecho las autoridades nacionales, el doloroso padecimiento de
millones de personas que han tenido que sufrir las inclemencias de enfermedades
y trastornos físicos, quienes no han podido tratarse en centros de atención públicos y
privados, por la inexistencia de insumos médicos y farmacéuticos –no solo
complejos sino básicos- los cuales han dejado de producirse y de ingresar en
nuestro país.
La falta de previsión de las autoridades competentes en esta
materia; habiéndose reportado por fuentes públicas y privadas que gozan de
credibilidad, la muerte de venezolanos de todas la edades y condiciones
sociales, pero principalmente la de niños, madres y ancianos pobres del país,
provocado por la grave situación de
desabastecimiento y escasez de medicinas, reactivos e insumos médicos que
actualmente existe en el país; y que igualmente, ha forzado a muchos
profesionales de la salud y en especial de médicos, a prestar sus servicios en
condiciones materiales, éticas y administrativas completamente contrarias a los
estándares mínimos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
para que se lleve a cabo la atención de un paciente en cualquier parte del
mundo; todo lo cual concreta hoy en Venezuela, la existencia de una población
sanitariamente desguarnecida, así como, la existencia de un Estado que
conducido por un Gobierno Nacional indolente y al margen de la Constitución,
mantiene a las personas sin garantía en el
ejercicio de los derechos humanos fundamentales.
El
Bloque Constitucional de Venezuela, en este
aciago momento que vive la República,
cuando todo indica que sus máximos representantes ejecutivos no solo le han
dado la espalda a los reclamos sociales de la mayoría de los venezolanos, sino
que inconmovibles se muestran ante los últimos acontecimientos que han
implicado el fallecimiento de niños y jóvenes venezolanos por causa de carencia
de fármacos para tratar enfermedades crónicas -tal como le ocurrió el pasado
martes 24 de mayo martes al niño venezolano de ocho (8) años Oliver Sánchez,
quien falleció en un centro de salud privado, después de haber sido totalmente
infructuoso conseguir cupo en un centro hospitalario público, luego de protestar
cívicamente reclamando insumos para tratar su enfermedad (linfoma cancerígeno),
contaminado por una bacteria contraída en el hospital Pediátrico Elías Toro de
Catia- en virtud de todo lo anterior, considera como un deber ciudadano de
ineludible cumplimiento, expresar lo siguiente:
Primero: nuestro pésame a las familias de todos los venezolanos fallecidos
con ocasión del abandono que de sus elementales deberes de solidaridad social y
ejercicio de competencias en materia de salud, ha incurrido el gobierno
presidido por Nicolás Maduro Moros, quien irresponsablemente ha desacatado las
normas constitucionales que juró cumplir,
las cuales establecen la permanencia del derecho a la vida y la dignidad
humana, como parte de las razones fundamentales de existencia del Estado de
Derecho y de Justicia;
Segundo: denunciamos como responsable tanto de los terribles padecimientos
de salud en que se encuentran actualmente los venezolanos, como de las muertes
ocurridas con ocasión al inobjetable desabastecimiento y escasez de medicinas,
reactivos e insumos médicos presente en el país, de manera directa y personal,
tanto al Presidente de la Republica Nicolás Maduro Moros, como a su actual
Ministra del Poder Popular para la Salud, ciudadana Luisana Melo, así como a
todos los ciudadanos que han ocupado esta delicada cartera ministerial durante
el ejercicio del presente gobierno nacional, por ser todos cómplices activos de
la ejecución de políticas sanitarias erradas y de graves omisiones que de sus
deberes constitucionales relativos a la preservación del derecho a la salud de
los ciudadanos -garantizado por nuestra carta magna en su artículo 83- han cometido en menoscabo y detrimento de la
calidad de vida de todos los venezolanos.
Tercero: exigimos a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz,
que cumpla con su obligación de abrir de oficio una averiguación destinada a
esclarecer las responsabilidades civiles, penales y administrativas que rodean
el fallecimiento del niño Oliver Sánchez y de miles de otros niños y
venezolanos muertos con ocasión de actos
que se relacionan directa e indirectamente con omisiones, demoras y
deficiencias que han ocurrido en la prestación que de los servicios públicos de
salud dispuestos por el Estado para atender el derecho de la salud;
Cuarto: exigimos de Tareck William Saab y Luisa Ortega Díaz, actuales
titulares de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía General de la República
respectivamente, proceder inmediatamente a formularle al Presidente de la
República de Venezuela y a todos los demás funcionarios del ejecutivo a quienes
le corresponde ejecutar políticas sanitarias y de salud pública, las debidas
advertencias sobre las faltas y omisiones en que han incurrido en el
cumplimiento de sus obligaciones legales y constitucionales en relación a la competencia pública de salud,
todo de conformidad con lo establecido en el artículo 273 constitucional;
Quinto: hacemos pública nuestra solidaridad con los residentes del Hospital
Universitario de la ULA-Mérida, quienes el pasado lunes veintitrés (23) de
mayo, iniciaron una huelga de hambre para que las autoridades públicas
competentes contribuyan al mejoramiento del sistema de salud. Tal proceder, los
hacen dignos ciudadanos, legítimos herederos de venezolanos como José María
Vargas y Luis Razzeti, pues hacen suyo, en cuerpo y alma el último mandamiento
de su decálogo deontológico: dar estricto cumplimiento a los principios éticos
de la profesión médica, “…procurando para los demás aquello que, en
circunstancias similares, desearían para sí y para sus seres queridos…”. En
este mismo sentido, hacemos nuestras las palabras que la iglesia venezolana a
través del arzobispo Metropolitano de Mérida, monseñor Baltazar Porras Cardozo,
pronunció en solidaridad para los médicos huelguistas. Al igual que lo
considera el monseñor Porras, consideramos que la indicada huelga “…es muestra
de una Venezuela muy herida, muy golpeada; donde todos nos vemos afectados por
igual; es una manifestación de la descomposición social y la falta de políticas
que orienten hacia el progreso y el mejoramiento de la calidad de vida de todos
y cada uno”; y,
Sexto: El Bloque Constitucional de Venezuela comparte enteramente las
razones jurídicas, éticas y ciudadanas, contenidas en la demanda de amparo que
por intereses difusos y colectivos las ONG Provea, Codevida, Acción Solidaria,
Transparencia Venezuela y otras sociedades civiles, legalmente registradas,
dedicadas a trabajar tanto por la promoción y defensa de los derechos humanos,
como por la promoción y protección de la salud de los seres humanos,
introdujeron el pasado veintitrés (23) de mayo, ante la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia, exigiendo protección a los derechos a la salud y
a la vida de los habitantes de la República de Venezuela, exigiéndole al
Tribunal Supremo de Justicia ordene al Ejecutivo Nacional aplicar de manera
urgente e inmediata acciones para abastecer el mercado nacional y aceptar ayuda
internacional inmediata que permita abastecernos directamente de medicamentos e insumos médicos y salir del
colapso existente en los servicios de salud. En este sentido, los miembros del
Bloque Constitucional de Venezuela, exhortamos a todos los abogados del país a
contactar a todos los venezolanos que compartan el contenido de este reclamo, a
que se organicen y por intermedio de ellos se adhieran procesalmente a la
pretensión constitucional antes indicada, no solo dándole respaldo moral sino
aportando a la causa todos los elementos fácticos que permitan que los
juzgadores no tengan excusa procesal para no ejercer el mandato constitucional
que la sociedad reclama: el debido restablecimiento del servicio de salud.
En Caracas, a los 28 días
del mes de mayo del año 2016.
Por
el Bloque Constitucional de Venezuela:
Román
Duque Corredor Cecilia
Sosa Gómez
Perkins
Rocha Miguel Ángel
Martín Juan Carlos Apitz
En Venezuela existe una clara violación de derechos humanos fundamentales, lo cual ha afectado especialmente a la población mas vulnerable, nuestros niños, que se refleja en ausencia de alimentos para lactantes y muertes de niños recien nacidos por falta de equipo (incubadoras) e insumos médicos, sin tratar el tema generalizado de ausencia de medicamentos y alimentos que afecta a la generalidad de la población, sin duda, VENEZUELA ESTA HUERFANA, VICTIMA DE UN GOBIERNO INDOLENTE, CORRUPTO E INEPTO pero más alla de eso una evidente prueba de violación consciente de los derechos fundamentales es que el Gobierno haya obviado el prioritario sector salud y haya invertido en ejercicios militares y la evidente corrupción que nos agobia. Peor aun mas horfandad tiene el pueblo venezolano cuando se niegan los amparos ante el evidente fracaso de las politicas del gobierno en el sector salud
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