El Bloque Constitucional de Venezuela, a
tan solo horas de concretarse en el país un histórico triunfo de la mayoría
políticamente activa de la sociedad civil venezolana, la cual, después de vencer, primero, las trabas
burocráticas electorales impuestas por la mayoría de la directiva del CNE,
establecidas de maneras tendenciosas, caprichosas y lo que es peor, ilegal;
contrariando de manera descarada los principios
de independencia orgánica, despartidización, igualdad, imparcialidad,
transparencia y celeridad sobre los que se debe soportar la actividad
electoral, previstos constitucionalmente en los artículos 293 y 294
constitucional; y luego, venciendo todo tipo de escollos y obstáculos gubernamentales, militares, violentos y
delincuenciales, provocados por grupos oficialistas mercenariamente colocados especialmente
para agredir a ciudadanos y diputados, quienes legítimamente han exigido la
puesta en marcha del derecho constitucional a solicitar el referendo
revocatorio del mandatario presidencial; considera conveniente, mas allá del
legítimo regocijo que por el éxito político obtenido debe embargar en este
momento el espíritu y corazón de todo aquel venezolano que se sienta demócrata
y republicano; hacer las siguientes consideraciones públicas:
Primero,
lo alcanzado, independientemente de su innegable trascendencia, logrado por
encima de las miserias humanas de quienes se niegan a aceptar que como pueblo
soberano, el 6 de diciembre pasado definimos un destino que no dejaremos que
nos arrebaten, es solo una primera etapa de un intenso camino, que se avizora
tan largo y empinado como lo sea la persistente negación mostrada por nuestros
adversarios políticos en aceptar la máxima que nos enseñó el líder mundial de
la desobediencia civil, Henry Thoreau, (1817-1862) acerca de que "los
gobiernos no deben tener más poder que el que los ciudadanos estén dispuestos a
concederles". Nuestro reto, como sociedad civil políticamente organizada y
éticamente inspirada, es prepararnos para nuevos y más exigentes escenarios;
Segundo,
la directiva mayoritaria del CNE, lejos de cumplir el mandato constitucional
para el cual asumieron sus cargos, no ha dado ninguna muestra indubitable de
querer asumir cabalmente sus responsabilidades públicas, y en vez de facilitar
la expresión legitima y soberana de los ciudadanos en la activación de un
mecanismo constitucional que como el referendo revocatorio, es un innegable
instrumento revitalizador de nuestra democracia; se ha convertido en un
organismo obstaculizador de la voluntad popular, creando ilegal y sobrevenidamente
etapas procedimentales, complejas, absurdas y perentorias, previas a la definitiva convocatoria de la
consulta pública refrendaria, que han implicado: tergiversaciones interpretativas
contrarias al sentido jurídico-electoral de su propia normativa administrativa,
extendiendo abusivamente los tiempos de realización de variados y distintos actos,
infundadamente creados sin base legal y aplicando criterios flagrantemente
violatorios de la libre manifestación ciudadana; la grosera exclusión de más de
seiscientas mil (600.000) firmas de venezolanos a quienes se les negó la
posibilidad no solo de validar la legitimidad de las mismas sino de manifestar
si, a pesar de los aparentes y sorprendentes errores esbozados -muchos de los
cuales incurridos supuestamente por líderes políticos emblemáticos-, insistían
en su voluntad de solicitar el referéndum; induciendo descaradamente, mediante la utilización de
automáticos mecanismos informáticos supremamente accesibles para lograr el retiro
o renuncia de las rubricas de quienes aparecían en los portales públicos
aceptando el referendo y como contrapartida, negando de manera absoluta la
mínima posibilidad de incorporar a quienes se excluyeron por meros errores
formales;
Tercero,
el Bloque Constitucional de Venezuela
considera que, especial atención deben poner no solo los ciudadanos venezolanos
sino los organismos nacionales e
internacionales, públicos, multilaterales y privados, dedicados al resguardo y
preservación de los Derechos Humanos, a todos los terribles y lamentables
eventos que no dudamos en calificar de delincuenciales, tolerados y no
investigados por las autoridades competentes e impunemente promovidos por no
pocos personeros ligados directa e indirectamente al oficialismo; los que se
han concretado con ocasión a la solicitud del referendo revocatorio y de igual
manera, durante el proceso de validación de las firmas, como etapa
administrativa inmediatamente anterior a su convocatoria; considerando, en este
sentido, de especial mención, los lamentables hechos que en contra de sesenta
(60) Diputados de la Asamblea Nacional ocurrió el pasado día jueves 9 de junio
en las propias instalaciones del CNE, cuando al acudir a solicitar la
activación de un derecho constitucional de sus millones de representados, como
lo es el Referendo Revocatorio, fueron intensamente agredidos verbal y físicamente
por criminales acciones que vándalos
marcadamente vinculados al oficialismo cometieron bajo la mirada cómplice de
efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que custodiaban las
instalaciones del CNE a donde los funcionarios legislativos se trasladaron, en los
que resultó gravemente herido el Diputado
Julio Elías Borges.
De igual forma,
denunciamos y enérgicamente rechazamos la arbitraria detención de los
ciudadanos Gabriel San Miguel y Francisco Márquez, quienes fueron
privados de libertad la noche del martes 21 de junio de 2016, en el estado
Cojedes, por portar objetos de lícita
circulación como dinero, propaganda electoral, computadoras personales. y teléfonos celulares de uso personal, al
revisarse su vehículo en un punto de control por -también en este caso-
efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Es para nosotros obvio, que
fueron puramente razones de persecución política, las que mediaron para la detención
de estos jóvenes ciudadanos, hecha sin orden judicial y sin que existiera
flagrancia, en franco y grosero abuso de poder; a quienes se les imputó, sin posibilidad
de tener defensa ni asistencia jurídica, los delitos de legitimación de
capitales y de instigación pública, por simplemente estar ejerciendo un derecho
político.
Todo lo anterior nos
obliga a denunciar, ante los ciudadanos venezolanos, organizaciones no
gubernamentales, nacionales y extranjeras, y especialmente, ante la comunidad
internacional que próximamente discutirá la solicitud de la aplicación al
gobierno nacional de la Carta
Democrática Interamericana, en defensa del orden democrático y
constitucional venezolano, que ha sido perturbado por factores oficialistas y
el propio gobierno, hasta el punto de encontrarse actualmente en situación de emergencia
nacional; en pro de la vigencia y el debido resguardo tanto de los derechos subjetivos fundamentales
de todos los venezolanos, como del orden público necesario para preservar un
clima social propicio para el futuro evento de consulta popular que tendrá
lugar con motivo de la realización del referendo revocatorio presidencial; que
nos encontramos frente a una cierta e inminente amenaza constitucional de las
instituciones que conforman el sistema actual del gobierno venezolano, de que
se bloque institucionalmente el desarrollo del referendo revocatorio que
manifiestamente ha sido materialmente convocado por más que la mayoría mínima
de electores requeridos constitucionalmente para activar este mecanismo; por lo
que solicitamos la urgente implementación de una misión de observadores internacionales que vigilen directamente el
proceso electoral próximo a realizarse en el país, todo dentro del marco de los
tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y
ratificados por Venezuela y en estricto
cumplimiento de las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y en la Convención
Americana de los Derechos Humanos, a tenor de lo establecido en los
artículos 23 y 31 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En
Caracas, a los veintitrés (23) días del mes de Junio del 2016.
Por el Bloque
Constitucional de Venezuela:
Román Duque
Corredor
Cecilia Sosa Gómez
Perkins Rocha Miguel Ángel Martín Juan Carlos Apitz
