HISTORIA DE LA CASACION
En la
histórica de la casación, nos
remontamos al Derecho Romano donde encontramos la distinción entre
sentencia jurídicamente existente y sentencia inexistente; en el Derecho
intermedio la querela nllitatis, y
mas tarde el arret del conseils de
parties en Francia, en podemos encontrar
elementos de la moderna casación.
Derecho Romano
Al
estudiar el desarrollo de las instituciones jurídicas es necesario distinguir
los diferentes periodos comprendidos en
lo que se conoce como “Derecho Romano”. Primero el periodo clásico o de la República,
luego a este le sucedió el Imperio y por ultimo viene el periodo bizantino,
caracterizado por la recopilación de Justiniano
En
el Derecho Romano no se distinguía todavía entre los conceptos de anulabilidad
o de nulidad subsanable, de nulidad absoluta y de inexistencia del fallo; sino
que se manejaban dos únicos conceptos antagónicos: el de sentencia valida y el de sentencia inválida. De allí que la expresión nullitas sententiae, empleada en el
Derecho intermedio, no se encuentra en las fuentes justinianeas, sino la
locución nulla sentencia, la cual significa “ninguna sentencia”, o sea,
“sentencia inexistente”.
En
esta época el que quería hacer valer la nulidad, no tenia un recurso para hacer
valer un vicio del fallo o para quitar
vigor a la sentencia nula, sino que
podía, cuando el actor se presentaba ante el magistrado para la ejecución,
contraponer defensivamente a la legis
actio per manus iniectionem iudicati, un vindex, que bajo riesgo de pagar
el duplum negase la existencia
jurídica del fallo. De allí que la revocatio
in duplum romana, no fue en modo alguno una acción de impugnación en el
sentido como es visto en el derecho moderno la expresión; y si se debiese
equiparar la revocatio in duplum a
los conceptos procesales actuales la misma no podría ser parangonada con las
acciones de impugnación, que tiene efecto constitutivo,
sino con las simples acciones de declaración de certeza[1]
En
roma, durante la República, no se conoció ningún medio de impugnar la sentencia
del iudex. La expresión nulla sentencia significaba “ninguna
sentencia”, es decir, sentencia inexistente, inexistencia debida
exclusivamente, en un comienzo, a defectos de actividad. No hubo necesidad de
un recurso que decidiera la nulidad del fallo, sino solo de un medio de
obtener, bajo el riesgo de pagar el duplum,
la aclaratoria de que la sentencia era jurídicamente inexistente, lo cual se
lograba con la oposición a la ejecución.
Durante
la República se consideraba mas grave el
error que cometía el juez al aplicar la ley, que el desacierto al establecer
los hechos, puesto que la función jurisdiccional tenia por fin primordial
resolver, lo antes posible, las controversias relativas al derecho, que
pudieran perturbar la paz social, por cuanto el Derecho romano quedaba
satisfecho cuando la sentencia formalmente regular, era capaz de colocar, en el
lugar de la falta de certeza cualquiera,
fuese justa o injusta, por lo cual el error de juicio (error in indicando) no tenia ninguna consecuencia jurídica si se
trataba de un error en el establecimiento de los hechos, actividad en la cual
el juez era considerado como arbitro; pero en caso de un error de derecho, por
la sujeción del juez a la ley, el fallo podía considerarse inexistente. No todo
error de derecho conducía a la inexistencia de la decisión. No se producía este
efecto cuando el juez erraba al establecer los límites dentro de los cuales
debía aplicar la ley, la que quedaba intacta para aplicarla a otros casos
diferentes del controvertido, o cuando
erraba al interpretar la norma, si el error lo cometía con la intención de
aplicarla correctamente; sino que la
existencia de la decisión tenía lugar cuando la ley se contravenía
directamente, o cuando no se aplicaba una norma vigente para el momento en
que sucedieron los hechos
controvertidos.[2]
Más
tarde, bajo el derecho imperial, y como consecuencia de la radical
transformación que se llevo a cabo en los primeros siglos del Imperio, y
especialmente en el ordenamiento judicial, se introduce la appellatio, mediante la cual se lograba llegar a través de las
diversas instancias al Emperador. En esta forma con el nacimiento de la appellatio, se introdujo en el proceso
romano, junto a los dos únicos medios que conocía el derecho más antiguo: el de
la sentencia inexistente y el de la
sentencia valida, este tercer medio
de la sentencia apelable, y con él la
imposibilidad de una sentencia definitiva, con autoridad de cosa juzgada, antes
de que, de un modo o de otro, se hubiese producido la preclusión de la appellatio por falta de su ejercicio o
por haberse agotado la última instancia.[3]
La
apelación reformatoria, similar a la actual, era un producto del derecho
imperial. En sus comienzos era un recurso dirigido directamente al emperador,
quien luego, por la enorme acumulación de apelaciones tuvo que delegar la
decisión en funcionarios especialmente designados, quienes conformaron con el
tiempo una serie de instancias regulares.
En
un principio, la sentencia del superior solo sustituía a la del juez inferior
si la apelación conducía a una revocatoria de la decisión de primera instancia;
luego, durante el derecho justinianeo, el efecto devolutivo tuvo como
resultado, la sustitución, de la sentencia apelada por la del superior. El juez
de apelación decidía de nuevo la
relación jurídica controvertida, y no se limitaba a negar o afirmar el derecho
de apelación. Se pronunciaba así una
nueva sentencia que sustituía a la de primera instancia y creaba cosa juzgada.[4]
En
el Bajo Imperio se desarrolla una institución parecida a la anterior,
denominada la libelli appelatori, pudiéndola anunciar las
partes oralmente o por escrito al conocer la sentencia. El magistrado de orden
superior al conocer de la apelación podría admitir nuevas pruebas teniendo
facultad incluso para pronunciar una sentencia mas desfavorable que la dictada
por el juez inferior, podía imponer igualmente penas pecuniarias accesorias al
apelante temerario; como recurso extraordinario., en la época de Justiniano
siguió existiendo la restitutio in integrum
como también la suplicatio ante el
Emperador contra las sentencias dictadas por los prefectos pretorios.
Si
en el Bajo Imperio el príncipe o
emperador tenían la facultad mediante la suplicación de ordenar la
corrección de una sentencia, esto no constituía ni una acción, ni un derecho
para el agraviado, sino una gracia concedida por el Emperador en virtud del imperium
o poder que ostentaba.[5]
Antiguo derecho
germánico
En
el antiguo derecho germánico, prevalecía el principio de la validez formal de
la sentencia, la cual se elaboraba por un colegio de ciudadanos privados
elegidos por la asamblea popular
(rachimburgos bajo la ley sálica y
después scabinos) el cual tenía el
encargado de redactar la sentencia y la remitía al Richter, revestido de
soberanía para proclamar como sentencia el dictamen que le ha trasmitido el
primero, dando lugar a un mandato concreto; pero como los jueces encargados de
encontrar el contenido de la sentencia, obraban como representantes de la
asamblea popular, su dictamen solo tenía valor en cuanto la asamblea, tacita o
expresamente, lo aprobase como conforme a la general conciencia jurídica
Es
en esta época que surge el instituto lo que los alemanes llaman Urteilsschelte, que quiere decir
desaprobación de la sentencia y venia a constituir un acto y un procedimiento
que se daba antes de la sentencia, para contribuir al correcto contenido de la
sentencia futura. De allí que muchos
autores concluyan, que en el antiguo derecho germánico, la actividad lógica que
los jueces realizaban al dictar la sentencia no resultaba, como en el proceso
romano, de la resolución de dos grupos de cuestiones, las de derecho y las de
hecho: los jueces germánicos resolvían solamente cuestiones de derecho,
en cuanto la resolución de las cuestiones de hecho se confiaban a las partes,
las cuales proporcionaban la prueba no antes de la sentencia para convencer al
juez, sino después de la sentencia, para alcanzar el efecto jurídico
determinado por el juez. .[6]
Derecho Intermedio o
Romano- Barbárico.
El
derecho intermedio se inicia con el hecho histórico de las invasiones
barbáricas al decadente imperio romano el año
476. En este periodo la convivencia
del derecho barbárico con el romano, produjo la inevitable
reciproca influencia entre ellos, lo cual, en opinión de los historiadores de
la época, no solo cambio la cara, sino el intimo estado de Europa, y preparo las
condiciones de los siglos sucesivos.
Durante la
Edad Media
La finalidad de la querella se
cumplía con el iudicium rescindens,
es decir, con la declaración de nulidad de la sentencia examinada. El iudicium rescissorium, que consistía en
el pronunciamiento de una nueva sentencia que sustituía al fallo anulado, podía
corresponder, según el caso, al mismo juez o a uno diferente. Así, si la
nulidad la declaraba el juez a quo, el nuevo proceso se desarrollaba
ante este juez una vez anulada la sentencia.
Si el juez superior anulaba los actos fundamentales, realizados ante el inferior, el juez de primera
instancia debía renovar los actos del proceso y pronunciar la sentencia. Si el
juez superior no anulaba todos los actos
fundamentales del proceso, este podía proceder a realizar de nuevo los actos viciados, que
había realizado el juez de primera instancia, fundamentándose en el
material valido de la litis, decidir
en cuanto al merito, sin necesidad de devolver el expediente al tribunal de la
causa.
En cambio, si la nulidad
derivaba solo de un efecto de la sentencia, que podía ser una omisión de
solemnidades formales, o un error in
indicando (notoria iniustitia), especialmente si la parte al mismo tiempo
apelaba, el juez de la alzada, después de haber anulado la procedente sentencia
(iudicium rescindens), podia
sustituirla por una nueva basada en los mismos actos (iudicium rescissorium). Al anular solo la sentencia y no el material instructorio que le servía
de fundamento, el juez estaba preparado para pronunciar una nueva sentencia,
sin otra formalidad.[7]
A
finales de la Edad Media
y principios de la Moderna
va a predominar el absolutismo de los monarcas europeos, países como España,
Francia, Rusia e Inglaterra sufrieron los rigores de esa manera déspota de
gobernar a los súbditos. El absolutismo desde el punta de vista político y
posteriormente jurídico es el producto social de la desmembraci6n del Imperio
Romano de Occidente; las hordas bárbaras (llamadas por los romanos, gentiles)
al penetrar sucesivamente y establecerse dentro de las fronteras del pueblo
romano, van a sufrir diversas transformaciones al unir sus propias e
incipientes instituciones alas creadas por ese gran Imperio dominante durante
siglos del mundo conocido.
Durante
varias centurias los godos, visigodos, ostrogodos, bretones, normandos,
teutones y anglosajones van a constituir pequeños reinos donde imponían sus
propias leyes. No debemos olvidar que los romanos aplicaban a los pueblos
extranjeros dominados por ellos un derecho muy especial (el ius gentium) e
incluso fue tanta la influencia de esas comunidades dentro del mundo romano,
por lo cual se hizo necesario darles un status personificado en la autoridad de
los pretores peregrinus. Observamos
que ese cuerpo de normas de ascendencia romana, junto con los usos, costumbres
y leyes de esos pueblos bárbaros tuvieron una marcada influencia que al
combinarse con el Derecho canónico dieron origen al Derecho estatutario
predominante en la Edad
Media.
A
principios de la Edad Media
esas hordas bárbaras que habían destruido el Imperio Romano de Occidente
comenzaron a fusionarse sectorialmente. Así tenemos que los normandos, los
bretones y los anglosajones van a constituir el reino de Inglaterra; los godos,
visigodos y ostrogodos formaron en Las Galias lo que hoy conocemos como Francia
y al extenderse hasta la
Península Ibérica se formo la nación española, y en el centro
de Europa, los teutones conformaron lo que se conoció como Prusia (Austria y
Alemania). Estos reinos eran gobernados de manera autárquica porque para lograr
la unidad de tantos grupos rebeldes, se necesitaba una autoridad única
representada por un caudillo, príncipe o rey, quien detentaba poderes
omnimodos, siendo este el principio del absolutismo; pero para justificar esa
autoridad única, se hacía necesario darle un soporte espiritual, mezclado con
un tinte religioso y al considerar que somos obras del Creador, lo lógico es pensar que el derecho absoluto de
los reyes sobre sus súbditos era un mandato de Dios; los reyes eran reyes por
mandato divino. Ese absolutismo ilimitado fue defendido por muchos pensadores
de la Edad Media
tales como Belloy, Barkley, Badino y por el mismo Jacobo I de Inglaterra;
contra esa corriente insurgieron los teólogos españoles Vitoria, Saavedra Fajardo
y Suárez; este último combate las ideas del Rey de Inglaterra al afirmar que la
suprema potestad política es concedida directamente por Dios a la comunidad y
no directamente ni indirectamente a ninguna persona. Para ella legitimidad del
poder se encuentra en el consentimiento popular. De esta concepción al
nacimiento del Estado de Derecho, no hay más que un paso.[8]
El
Conseil des parties de la Monarquía
Francesa
En
la lucha secular que se desarrollo en Francia entre el poder centralizador de la Monarquía y las
tendencias descentralizadoras de los Parlamentos, un arma frecuentemente
utilizada por el Soberano para paralizar los intentos de ingerencia de las
Cortes soberanas en el terreno de las prerrogativas regias, fue el de anular
"de son propre mouvement" los actos llevados a
cabo por los Parlamentos con ocasión de sus funciones jurisdiccionales y que en
cualquier forma pareciesen contrarios a la voluntad del monarca, y
especialmente anular (casser) sus
sentencias dictadas en contravención de las ordenanzas, edictos y dec1araciones
regias, debiéndose considerar por tanto, nulas y sin ningún efecto y valor.
Pero de este poder del Rey se desarrollo un verdadero y propio medio de
impugnación (demande en cassation)
concedido a la parte vencida en un juicio de última instancia para denunciar al
Soberano, con fines de anulación, la sentencia de un Parlamento que estuviese
viciada por contravención a las ordenanzas, sin distinguir si las sentencias
trataban de cuestiones del proceso
o del merito o fondo.
La
demanda de casación solo podía ir dirigida al Soberano, que tomaba conocimiento
de ella mediante el Consejo de gobierno, y este, cuando la casación comenzó a
asumir el carácter de instituto que funcionaba regularmente, especializo una
sección peculiar denominada Conseil des parties,
con la competencia especifica de conocer sobre los recursos dirigidos por los
particulares al Soberano en materias relativas a la administración de justicia,
0 de anular, con reenvío a otro juez las sentencias que aparecieren verdaderamente
viciadas por la denunciada contravención. Hubo así, en la demanda de casación,
regulada por un reglamento de 1738, un medio de impugnación exclusivamente
reservado a la cognición del Conseil des parties,
así como se tuvo en este consejo el órgano especialmente creado
para decidir sobre las demandas en casación, y por tanto: “la reciproca
coordinación entre medio de impugnación y juez de impugnación, propia de la Casación moderna, era ya,
bajo el ancien regime, un hecho consumado en el Conseil des parties. Y también era ya plenamente
visible la finalidad política y constitucional, no simplemente judicial, de
dicho binomio, puesto que la casación ha sido establecida más que todo para el
mantenimiento de las ordenanzas que para el interés de los contendientes".[9]
EL
Tribunal de Casación de la Revolución Francesa
En
Francia antes de la
Revolución encontramos tres clases sociales perfectamente
definidas: el clero, la nobleza y el tercer estado conocido como llano, a ese último estamento pertenecían los campesinos, los
artesanos, los obreros y la burguesía; esas tres clases sociales señaladas,
cuando las necesidades de la nación lo requerían eran convocados por el Rey a
una asamblea conocida como los Estados Generales; esta, prácticamente había
desaparecido por cuanto su última convocatoria fue en el ano de 1634; no
obstante, para el ano de 1788 por instancia del ministro Necker, Luis XVI
convoca a los Estados Generales con la esperanza de restablecer la confianza y
lograr la aprobación de nuevos impuestos. Los resultados fueron todo 10
contrario a 10 aspirado por el Rey, pero esta no fue una asamblea surnisa,
porque dentro de sus componentes habían germinado nuevos principios e ideas
acerca de lo que debía ser un Estado contemporáneo; las ideas de Locke sobre el
equilibrio del poder ingles, las obras de los enciclopedistas Montesquieu,
Rousseau, Voltaire, Diderot, el aparecimiento de grandes oradores como Danton,
Mirabeau, Marat y Robespierre, van a transformar a los Estados Generales en una Asamblea Nacional
Constituyente la cual le da a Francia su primera Constitución. Dentro de ese
fervor revolucionario, de libertad e igualdad preconizado por el pueblo francés
y sus constituyentes, surgió una proclama de carácter universal como fue la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano, la cual ha tornado carta de nacionalidad
en todos los países del mundo civilizado[10]
Al
tiempo de la creación del Tribunal de Cassation por la Revolución
francesa el Conseil des parties de la Monarquía transmitió a la Revolución dos
tendencias: una, dirigida a conservar en sustancia el supremo control sobre la
justicia, que había ejercido el Conseil
des parties; y otra, la tendencia a abolir en la forma el órgano por el
cual este control había sido ejercitado hasta aquel momento ; tendencias estas
que encontraron, por una parte, el influjo de las teorías de ROUSSEAU, y por
otra, el del pensamiento político de MONTESQUIEU. Y en efecto, si bajo la Monarquía , la ley no era
más que la voluntad -con frecuencia arbitraria- del Monarca, en la Constitución
propuesta por la Asamblea
nacional, inspirada en la teoría del contrato social, la ley es ahora, la
expresión de la voluntad general de todo el pueblo asociado espontáneamente en
el Estado. Del mismo modo, si bajo la Monarquía el Conseil
des parties era el custodio del querer y a menudo del capricho de uno
solo (el Monarca) y aseguraba el supremo control sobre la justicia, anulando
los actos de los parlamentos considerados violatorios de los reglamentos
reales, ahora, para asegurar la vigencia del principio de la separación de los
poderes, era necesaria la creación de un órgano supremo, semejante al Conseil des parties, que
asegurase la división de los poderes y pusiese fin a la intromision Conseil des parties, así como se
tuvo en este consejo el 6rgano especialmente creado para decidir sobre las
demandas en casación, y por tanto: "la reciproca coordinación de uno de
ellos sobre el otro; órgano al cual la Revolución dio el nombre de Tribunal de Cassation.
El
principio de la separación de los poderes fue consagrado en el decreto orgánico
sobre la organización judicial, del 16-24 de agosto de 1790 ( Tit. II, art. 10)
con el prop6sito de impedir las usurpaciones del poder judicial sobre el
legislativo; y el art. 12 del mismo título II, reservo celosamente a la Asamblea legislativa, no
solo el derecho de dictar disposiciones de carácter general, sino también el de
interpretar la ley, limitando así a los tribunales a aplicar la ley en sus
resoluciones claras y precisas, sin poder interpretar en caso de dificultad
real y seria acerca de su extensión. Al mismo tiempo, se consagro el refere
legislativo, no solo facultando a los jueces (referé facultativo) para remitir
al legislador la resolución de una cuestión jurídica, dejada en duda por el
legislador en el texto legal (art. 12. Tit. 2. Decreto de 16-24 de agosto de
1790), sino exigiéndolo para ciertos casos (refere obligatorio), cuando a causa
de contradicciones judiciales que revelasen un conflicto flagrante de
autoridades sobre una misma cuesti6n de derecho, se pusiera de manifiesto un
evidente vacio en la ley (art. 21. decreto de 27 Nov. 1°Dic.
de 1790). El art. 1 ° del decreto de 27 Nov-1° Dic. 1790 vino a completar la
organización judicial con la creación del Tribunal de Casacion que dice así:
"Habrá un Tribunal de Casación etabli aupres du Corps legislatif". Y
el sentido de esta disposición es que el Tribunal de Casación no formase parte
del Poder Judicial, sino separado y en un lugar más alto que este, dependiente
del legislativo, para vigilar, fiscalizar, inspeccionar la aplicación de la
ley, como lo expresaban los legisladores de la revolución.
En
efecto, Le Chapelier, ponente del decreto, en nombre del Comité de Constitución
que presentaba el proyecto, explicaba, en sesión del 25 de octubre de 1790 el
estado de ánimo de este así: "Cree el Comité que la casación de las
sentencias contrarias a la ley no es un derecho del Poder ejecutivo, al cual
corresponde solo el de castigar al juez, sino que debía atribuirse a un
Tribunal de Casación, que, situado entre los tribunales y la ley, quede
encargado de la vigilancia completa de la ejecución. Este derecho de vigilancia
debe conferirlo el Cuerpo legislativo, porque a la facultad de dictar la ley,
sigue naturalmente la de vigilar su observancia, de tal suerte, que si esto
fuera posible, lo verdaderamente ajustado a los principios seria que las
sentencias contrarias a la ley se casasen por decreto" 17. Y más tarde, en
Sesión del 18 de Noviembre de 1790, cuando se trato de la renovación por mitad
de los miembros del Tribunal de Casación, decía Chapelier, futuro miembro del
mismo: "EI Tribunal de Casación, lo mismo que los Tribunales de distrito,
debe carecer de jurisprudencia propia. Si se dice en el Tribunal de Casación
esta jurisprudencia, la más detestable de todas las instituciones, habría que
destruirla. EI fin único de las disposiciones sobre las cuales vais a
deliberar, es impedir que se introduzca (aplausos). No es la entrada de una
mitad nueva de individuos en el Tribunal lo que ha de regular el Tribunal de
Casación, este regulador será el Cuerpo legislativo, único y verdadero
interprete de la ley". Y también Robespierre, en la misma sesión expreso más
enérgicamente aun, lo siguiente: “... Esa palabra de jurisprudencia de los
Tribunales, en la acepción que tenía en el antiguo régimen, nada significa en
el nuevo; debe borrarse de nuestro idioma. En un estado que cuenta con una
Constitución, una legislación, la jurisprudencia de los Tribunales no es otra
cosa que la ley; así hay siempre identidad de jurisprudencia". En
definitiva, los miembros del Tribunal Supremo fueron reputados ajenos al orden
judicial, y en dependencia estrecha con el Cuerpo legislativo, como se
desprende de los arts. 24 y 29 del decreto del 27 de Noviembre-l° de Diciembre
de 1790.
Los
factores históricos y doctrinales en que se fundó la Asamblea Nacional
para crear el Tribunal de Cassation, llega a la conclusión de que dicha
Asamblea se preocupo casi exclusivamente del significado doctrinal del
instituto mismo y lo considero solamente como necesaria consecuencia de
aquellos cánones abstractos en los cuales la Asamblea inspiraba toda
su obra, esto es, ante todo, el principio de la separación de los poderes: ya
que el Tribunal de Cassation nace precisamente como un órgano destinado a
mantener en la constitución estatal la observancia de este principio.
Toda
la obra de los reformadores revolucionarios aparece inspirada en lo que el
maestro florentino llama "un ciego fetichismo por La omnipotencia de La Ley ", y Brugi "La ilusión
del código", por la ilimitada autoridad del poder legislativo, pues el
derecho objetivo, más bien que un producto histórico, en continua evolución, es
considerado como el resultado de algunos principios filosóficos abstractos,
buenos para todos los tiempos y para todos los lugares, fijado en modo
definitivo por la voluntad del legislador que todo lo prevé.[11]
Al aumentar el número de
controversias sometidas a su resolución, el soberano se vio obligado a crear
fuera del Consejo que lo asistía en esta función, un órgano autónomo de
jurisdicción (Parlamento) que si bien buscaba en nombre del Rey, tuvo, desde su
comienzo, existencia propia; y más tarde, incluso, posición antagónico frente
al soberano. El Parlamento, por la natural consecuencia de su función
derivada de la soberanía real, decidía inapelablemente, por lo que fue tenido
como provisto de soberanía. Junto al
parlamento de Paris se formaron, en diversas partes de Francia, otros
parlamentos menores y cada uno de ellos se atribuyo la calificación de Cour
souveraine; en otras palabras, una Corte superior que bajo la autoridad del Rey
conocía soberanamente y sin apelación las controversias de los particulares.
El carácter independiente y
múltiple de los Parlamentos, dio origen a dos problemas de diferentes
naturaleza: La posibilidad de conflicto por no acatar las órdenes del Rey y las
decisiones contradictorias de diferentes Cortes recaídas sobre una misma
cuestión. Este último conflicto dio
origen a la casación por sentencias contradictorias, que tuvo un fundamento
únicamente judicial y que no constituye el antecedente primordial de la casación
moderna, por lo cual se centra la reseña en la casación que nace para resolver los conflictos con los
Parlamentos, por no acatamiento de las ordenes del soberano
El creciente poder que los
parlamentos se atribuían en virtud de su souverainete y la interpretación cada
vez más amplia de las ordenanzas, conducía a frecuentes violaciones de las
ordenes reales. La necesidad de mantener la autoridad del rey condujo a la
disposición, por la cual se declaraba la nulidad de toda sentencia dada contra
las normas legislativas emanadas del soberano.
En lo sucesivo correspondió solo
al rey la prerrogativa de dictar reglas obligatorias para todos. La casación se
erigió como el medio procesal por el cual se declaraba la nulidad de las
sentencias contrarias a la voluntad del monarca y, por lo tanto, como un freno
a la autoridad de las Cortes, de emitir, en forma de pronunciamiento judicial,
resoluciones de carácter reglamentario, que tenían vigor también para el
futuro, siempre que no fuesen contrarias a las ordenanzas reales o a las
costumbres.
Como consecuencia de estos
criterios, en un comienzo, se excluyo como motivo de nulidad, la contravención
de la sentencia al derecho romano o a las normas consuetudinarias, que
constituían la parte más importante del derecho vigente en Francia. Más tarde,
se empezó a admitir la nulidad por la violación de leyes romanas y de
costumbres, y se tuvo cuidado de advertir que la unidad tenía lugar, en la
defensa de la voluntad del soberano.
Esta anulación en defensa del
interés del soberano recibió el nombre de casación. De esta forma la palabra
cassation, que originalmente tenía el significado genérico de anulación, tomo
el significado técnico y específico de aquella anulación que solo el rey podía
llevar a cabo sobre una sentencia por
razones de índole política.[12]
La casación tal como se entiende
en la actualidad, nace de la fusión de dos instituciones que se integran como
resultado de las primeras discusiones de la Asamblea francesa sobre la reforma judicial.
En la creación del tribunal de
casación influyo el nuevo significado que asumió el concepto de ley a través de
la teoría del contrato social: el principio de la originaria igualdad jurídica
y la consiguiente igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
Nació el tribunal de casación
orientado por esas ideas y, sobre todo, por el dogma de la separación de
poderes que la Asamblea
introdujo en la
Declaración de derechos, aceptándolo directamente de las
ideas de Montesquieu como garantía de la libertad, pues donde la función
jurisdiccional no esté netamente separada de la función legislativa, la vida y
la libertad de los ciudadanos quedaran a merced de la arbitrariedad, porque el
juez, al no estar obligado a la estricta
observancia de la ley, se transformara en legislador omnipotente.
Estas ideas condujeron a
rigurosas disposiciones dirigidas a evitar de un modo absoluto que los jueces
pudieran valerse de su poder para producir normas de carácter general.
Bajo esta primera casación
revolucionaria, solo eran anulables las sentencias viciadas por un error in
indicando, pero no cualquier error, sino aquel consistente en una contravention
expresse au texte de la loi. Solo caían bajo el control de la casación los
errores que habían inducido al juez a
considerar inexistente una ley vigente, o a tener en cuenta el mandato de una inexistente; aquellos errores que
negaban la existencia, la general obligatoriedad de una ley literalmente
especificada no los que negaban su espíritu o desnaturalizaban su significado.[13]
La transformación del Tribunal de
Casación
Si bien el Tribunal de Casación
fue establecido por el Decreto de 27 Nov-1˚
Dic. 1790, "aupres du Corps LegisLatif la Asamblea no lo integro a
este poder, como lo había pedido Robespierre y se mantuvo como un órgano
jurisdiccional, lo cual permiti6 toda la evolución posterior que condujo a su
transformación por el senado consulto del 28 floreal ano II (18 de mayo de
1803) en la Corte
de Casación, reguladora del derecho, tan pronto como se puso a prueba por el
contacto con la práctica.
Entre las diversas
transformaciones que sufrió, se pueden mencionar las siguientes:
1)
La regulación judicial de la interpretación jurisprudencial, la cual se vio
favorecida por dos hechos: la codificación del derecho objetivo en el Código de
Napoleón y la desaparición de la idea utópica de la Revolución , según la
cual toda tentativa de jurisprudencia debía considerarse como un atentado a la
autoridad del legislador, razón esta por la cual se había instituido el réferi
al legislador. Resultó que en la práctica, los jueces franceses, ante una
cuestión de derecho algo complicada u oscura, acudían al legislador para
obtener una ley interpretativa; lo que dio lugar a que el cuerpo legislativo
estuviera sobrecargado de estos réferi que llegaban de todas partes, amén de
que el juicio se suspendía hasta que se obtuviera la interpretación autentica,
produciéndose la imposibilidad práctica de obtener justicia. Para remediar
estos inconvenientes, el Cuerpo legislativo comenzó a rechazar los rMeres
negando que hubiese necesidad de interpretación autentica, y el Tribunal de
Casación anulaba por denegación de justicia las sentencias por las cuales los
jueces suspendían la decisión bajo el pretexto de oscuridad de la ley, porque
consideraba que el rMere en curso del juicio, chocaba con el art. 202 de la Constitución de 5
fructidor, ano III, que prohibía al Cuerpo legislativo ejercer funciones
judiciales, opinión esta que en el derecho positivo entonces vigente, chocaba
con el instituto del referí obligatorio. Eliminados el réferi facultativo y el
obligatorio, la sanción del Código Civil de Napoleón en 1804, vino a consolidar
la nueva situación y a restituir todo su prestigio a la interpretación
judicial, dando al recurso el carácter jurisdiccional, porque solo a los
Tribunales era lícito interpretar, tanto si las normas legislativas se
interpretaban rectamente, como si se aplicaban con error (falsa interpretación
de la ley o error de derecho cometido en la premisa menor del silogismo
judicial).
En efecto, Portalis, que a
juicio de Jeny era el más autorizado y el más eminente de los autores de la
nueva obra, impugno terminantemente la idea revolucionaria en su célebre
Discurso preliminar al Proyecto presentado en nombre de la Comisión gubernamental, y
demuestra claramente lo vano del sofisma en que se apoya; y después de sentar
el principio de que "preverlo todo es una imposible pretensión",
explica y desarrolla las consecuencias así: "Hágase lo que se quiera,
jamás las leyes podrán reemplazar enteramente el uso de la razón natural en los
negocios de la vida. Las necesidades de la sociedad son tan varias, el comercio
entre los hombres tan activos, los intereses tan múltiples, sus relaciones tan
extensas, que es imposible al legislador preverlo todo. En aquellas mismas
materias en que ponen toda su atención, hay una multitud de detalles que se Ie
escapan o que son demasiado cuestionables y variables para hacerlos objeto de
una disposición de la ley. Además, como suspender la acción del tiempo?, Como
oponerse al curso de los acontecimientos o variar la dirección de las
costumbres?, Como conocer y ca1cular previamente lo que solo la experiencia nos
da a conocer? Puede la previsión llevar a asuntos que el pensamiento no puede
alcanzar? Por completo que pueda aparecer un código, no se ha concluido todavía
cuando se presentan al magistrado mil inesperadas cuestiones ... Una multitud
de cosas quedan, por lo tanto, abandonadas al imperio de la costumbre, a la
discusión de los hombres instruidos, al arbitrio de los jueces. El oficio de la Ley es el de fijar los
principios generales del derecho a grandes rasgos; establecer principios
fecundos en consecuencias, y no descender al detalle de cuestiones que pueden
nacer en cada materia. Al magistrado, al jurisconsulto, penetrados del espíritu
general de la ley, son a quienes toca hacer las aplicaciones. Por eso en todas
las naciones civilizadas, al lado del santuario de las leyes y bajo la
vigilancia del legislador, se ve siempre formarse un deposito de máximas, de
decisiones y doctrinas, que diariamente se depura mediante la práctica y el
choque de los debates judiciales que sin cesar aumenta con todos los
conocimientos adquiridos, y que se ha mirado siempre como el verdadero
suplemento de la legislación ... "
2)
La extensión cada vez más amplia de los límites de la censura ejercida por la Cour de cassation. En efecto,
mientras el primitivo Decreto de 1790 limitaba la casación por error in
iudicando a la sola contravención expresa al texto de la ley (en el sentido de
una oposición formal con una disposición textual de la ley), las leyes
sucesivas, a partir del art. 20, Tit. III, cap V. de la Constitución de 3-14
de septiembre de 1791, hasta el art. 7 de la Ley sobre la organización del ordenamiento
judicial del 20 de abril de 1810, admitieron como lo enseña CALAMANDREI- que la
casación pudiera tener lugar por contravención expresa de la ley, con lo cual
se quería atenuar las anteriores expresiones demasiado absolutas, de tal modo
que se pudiera casar una sentencia por ser contraria al espíritu de una ley.
3)
Un paso más se dio en la práctica cuando se comenzó a admitir la casación por
fausse interpretation de la loi, que tuvo apoyo en el Código Napoleón, el cual,
por una parte, en el art. 4 abolió el refere facultatif, y restituyo al poder
judicial la facultad de interpretar las leyes, dando así lugar a la extensión
de la casación a todas las cuestiones de derecho relativas a la premisa mayor
del silogismo judicial.
4)
La evolución continuo y se comenzó a admitir también la casación por fausse
application de la loi, especialmente, cuando se admitió que la Cour de cassation pudiera
extender la propia censura hasta examinar si el juez de merito había apreciado
netamente la qualification legal de la relación controvertida, el caractere
legal de los hechos que constituían la sustancia de la litis, esto es, examinar
la relación que el juez del merito había instituido entre la norma de derecho y
el hecho controvertido, si había reconocido con razón, en el hecho especifico
concreto los extremos jurídicos de un hecho especifico definido por la ley, de
tal modo que pudieran justificarse las consecuencias jurídicas que la sentencia
había sacado de él.
5)
Finalmente, el influjo positivo que la motivación de las sentencias de la Corte de Casación comenzó a
ejercer desde sus primeros tiempos sobre la jurisprudencia de los tribunales.
En efecto, si bien en teoría, desde su concepción la Corte de casación debía
limitarse a censurar la sentencia de merito y anular el fallo, dejando después
en plena libertad de decisión al juez de reenvío, en la práctica, la amplia
motivación venia a ejercer un influjo positivo sobre la decisión de las
controversias y a formar la opinión jurídica del juez de reenvío. Por otra
parte, ya el Decreto de 1790 había prescrito en su art. 22 que toda decisión
del Tribunal de casación fuese impresa e inscrita en los registros del tribunal
cuya decisión había sido casada; y más tarde, una decisión del Directorio
ejecutivo, de fecha 28 ventimiario, ano V (1796), estableció que en adelante
las decisiones de la Casación
debían ser impresas en fascículos que constituirían el Bulletin officiel, y
añadía que este sistema resultaría de gran utilidad para la instrucción de los
jueces y para eliminar una gran cantidad de procesos sin que renacieran sobre
las mismas cuestiones.
La mencionada transformación que
de hecho, en la práctica, venía ocurriendo, fue reconocida y sancionada de
derecho par la Ley
de lo de abril de 1837 que regulo la hipótesis de una segunda casación de la sentencia
de reenvío par el mismo motivo y reconoció a la Corte de Casación la
facultad que venía madurándose en la práctica, de influir positivamente, tanto
sobre la resolución de la controversia singular que ya había sido decidida por
la sentencia casada, como sobre la resolución de todos los casos análogos que
pudieran en adelante presentarse en otros procesos.[14]
TIPOS DE CASACIÓN
CASACIÒN
DE INSTANCIA
Aquella
no sólo anula sentencias, sino que en numerosas circunstancias entre a resolver
el conflicto de intereses, penetra en el fondo de la controversia.
La
experiencia adquirida en el derecho comparado revela que, bien se adopte la
casación pura o la casación de instancia, sea cual fuese el sistema empleado,
siempre se logra la finalidad esencial, o sea, la unidad del derecho objetivo a
través de la uniformidad de la jurisprudencia. Mientras la casación pura se
limita a lograr una similitud de
criterio jurídico sobre cuestiones abstractas del derecho, la de instancia
logra la unidad tanto en la interpretación de la ley como en la apreciación de
los hechos.
La línea
divisoria entre la casación pura y la
casación de instancia se encuentra brumosamente
señalada por la mayor o menor amplitud con que cada ordenamiento
jurídico permite a la corte penetrar en la relación existente entre la prueba
de la cuestión de fondo, entre el hecho y la norma.
CASACIÓN
INUTIL
Como una
especie de la Casación ,
en interés de la ley, ha sido
considerada la
Casación Inútil. La Casación tiene una función “preferentemente
crítica”, pero sólo puede ser declarada procedente por infracciones graves y de
cierta entidad, nunca por errores superfluos e intrascendentes. Puede ocurrir
que la infracción denunciada altere
realmente la voluntad legislativa, pero lo haga en ámbito tan reducido,
en detalles y cuestiones tan banales que, discrecionalmente, la Sala considere que su
declaratoria con lugar no ejercería ningún influjo en el resultado de la controversia ni la falta revista la
importancia necesaria como para un pronunciamiento tan grave como es la nulidad
de la sentencia en víspera de cosa juzgada.
Considerando, en general como
Casación Inútil cualquiera infracción que, aun siendo procedente, no sea capaz
de cambiar la decisión de la litis. Si bien la Corte no decide el fondo de juicio, influye la
forma penetrante en él al enviar a la instancia una fórmula que contiene un
esquema concentrado de la solución de la controversia. Otra modalidad, de esta
especie, es la Casación
sin Intereses como seria la infracción que, de ser precedente, sólo
aprovecharía al recurrido, o sea, a quien se supone triunfador en la instancia.
CASACIÒN
SIN REENVÌO
En tres
oportunidades hemos tenido Casación sin Reenvío, la ley de 1881 sobre en
Recurso de Casación en su artículo 15 estableció que al casar la sentencia por
su infracción de ley expresa, la
Corte decidía en el mismo fallo sobre el punto discutido, el
papel de la Corte
por esa disposición no se limitaba únicamente a revisar las cuestiones iuris,
sino también quedaba facultada para resolver el conflicto de intereses entre
las partes constituyéndose así en un Tribunal de Mérito. Esta Casación de
Instancia se mantuvo en la ley d e1882, se vuelve a la Casación puras en las leyes
de 1884, 1887 y 1895, ordenando al Tribunal de Mérito que dicte nueva sentencia
conforme a la doctrina de la
Corte ; en la oportunidad de la incorporación del Recurso de
Casación a los Códigos de Procedimientos Civiles de 1897-1904 y en el reciente
derogado del año de 1916 se mantiene la
figura del reenvío; en la
Constitución de 1916 durante el mandato de la Junta Revolucionaria
del Gobierno, al promulgarse una nueva Constitución allí se vuelve a la Casación de Instancia.
Esta
Constitución fue sancionada el 5 de julio de 1947 y allí se estableció que la Corte Suprema de
Justicia, sustituirá a la
Corte Federal y la Casación y estará integrada por diez Magistrados.
Una de las cuestiones importantes de esta Constitución es la de otorgarle a la Corte Suprema de
Justicia, la facultad de revisar la sentencia y pronunciarse sobre el fondo de
la misma. Al declararse con lugar de Recurso de Casación por inflación de ley,
decidirá sobre el fondo de sentencia casada.
En la Constitución de 1953
se vuelve al sistema bipartito de la Corte Federal y la Corte de Casación, y se
promulgaron dos leyes: La
Ley Orgánica de la Corte Federal y la Ley Orgánica de la Corte de Casación, esta
última reformada en los años de 1959 para permitir la Constitución de Salas
Accidentales, cuando un magistrado estuviera conociendo de más de veinte
recursos formalizados.
El 23 de enero de 1961 se
promulga la Constitución
vigente donde se funcionan las dos Cortes dándole el nombre de Corte Suprema de
Justicia conformadas por tres salas: Político-Administrativa, Casación Civil y
Sala de Casación Penal. Las atribuciones de la Corte Federal quedan
así enmarcadas dentro de la Sala
Político-Administrativa.
Esta Constitución no modificó el
sistema de reenvío por lo que aun hoy es vigente; no obstante el Código de
Procesamiento Civil de 1987, otorga la facultad de la Corte para casar la
sentencia y dar por terminada la controversia, pero sólo en dos casos
particulares.
Esto ha suscitado una polémica
entre los casacionistas más notables en la actualidad en Venezuela. Henríquez la Roche , Márquez Añez y Luís Aquiles Mejías son contestes en afirmar que el primer caso no se puede hablar
de que la Corte
procede como Tribunal de Tercera
Instancia, pero que en el segundo caso si es discutible, si estamos o no frente
a una Tercera Instancia.[15]
Consagradas
en el nuevo Código de Procedimiento Civil, y está prevista en el último aparte
del Art. 322 que dice así: La
Corte Suprema de Justicia podrá casar un fallo sin reenvío,
cuando su decisión sobre el recurso haga innecesario un nuevo pronunciamiento
sobre el fondo. Podrá también la Corte Suprema de Justicia prescindir del reenvío,
y poner término al litigio, cada vez que los hechos que han sido soberanamente
establecidos por los jueces del fondo,
le permitan aplicar la apropiada regla del derecho. En estos casos, la Corte Suprema de
Justicia hará pronunciamiento expreso sobre las cosas de juicio, de acuerdo con
las disposiciones del Título VI. Libro Primero de este Código. El fallo Dictara
por la Corte Suprema
de Justicia que no requiérase decisión de reenvío, se remitirá directamente al
Tribunal al cual corresponda la ejecución, junto con el expediente respectivo.
Ella puede también, casando sin
reenvío, poner fin al litigio cuando los hechos soberanamente constatados y
apreciados por los jueces de fondo, le permitan aplicar la regla de derecho
apropiada.
En estos casos ella se pronuncia
sobre las costas correspondientes a las instancias ante los jueces de fondo. La
decisión comporta ejecución forzosa.
Estos dos casos de Casación sin
reenvío – observa Boré – son casos excepcionales, pues la regla general, según
los términos del artículo L. 131.4 Código Judicial es, que “en caso de
casación, el asunto es reenviado, salvo disposición contraria, a otra
jurisdicción compuestas de otros magistrados; pues la ley, la doctrina y la
jurisprudencia tradicionales consideran este reenvío una necesidad absoluta.
Como la observa Márquez Añez, el nuevo Código de
Procedimiento Civil Venezolano, adoptó la figura de la Casación sin reenvío, como resultado del análisis que
ponderadamente efectuó la
Comisión Redactora del Proyecto, tomando muy de cerca el
desenvolvimiento y la consagración de esta modalidad en Italia y en Francia, y
se optó por la regulación que contempla el Código de Organización Judicial en
Francia, por considerarse que la enunciación de sus casos es bastante más
comprensiva y explícita, frente a la estricta conceptualización que contiene el
artículo 382 del Código de Procedimiento Civil Italiano.
Y en efecto, bajo la vigilancia
del Código Italiano de 1865, la regla
general del reenvío estaba sujeta a un doble orden de exenciones:
- Cuando la sentencia es
anulada cuando por haber sido
violada la norma reguladora de la
competencia, la economía de los
juicios requiere que
- En otros casos, ni siquiera
era pronunciado algún reenvío como:
A)
si la sentencia fuere anulada por
exceso de poder, por considerar la
Casación no haber lugar al planteamiento de la acción ante
cualquier juez ordinario o especial, o bien por tratarse de acciones que no son
de competencia de la autoridad jurídica ordinaria sino de la especial; casos de
las cuales la Corte
no pronunciaba ningún reenvío, sino que se limitaba a anular la sentencia
denunciada.
B)
Si la nulidad se pronunciaba por
el vicio de extra o de ultra petita, porque ninguna autoridad judicial puede
juzgar en sede de reenvío sobre cosas que no han estado antes solicitadas por
los litigantes.
C)
Tampoco ocurriría ningún reenvío
cuando la Casación
se pronunciaba a instancia del Ministerio Público en el sólo interés de la ley.
D)
Ni era ordenado la autoridad de
la cosa juzgada, propia de otra sentencia anterior.
E)
Finalmente, tampoco había reenvío
cuando la sentencia sea casada por haber
admitido apelación contra sentencia inapelable, o contra una apelación
propuesta agotada ya el término para la apelación; o también por haber revocado
una sentencia inapelable; casos estos quitado del medio el obstáculo de la
apelación o de la revocación, la sentencia que ha sido impugnada por algunos d estos vicios, adquiría, sin
más, autoridad absoluta de cosa juzgada.
En
cambio, en nuestro sistema, es evidente la diversidad de régimen, en cuanto
exige una previa decisión del juez de la causa sobre la cuestión de
jurisdicción, cuya consulta con la Corte Suprema de Justicia en Sala
Político-Administrativa, origina la regulación de la jurisdicción (Art. 62
CPC), y no en recurso de Casación. A su vez, la regulación de la competencia
(supra; nº 109, Vol I, P 400), como lo expresa la Exposición de Motivos
del Proyecto, “funciona por una parte, como medio de resolver los problemas de
competencia y como sustitutivo de la
apelación ordinaria a que están sometida actualmente (en el Código de 1916) las
decisiones sobre la competencia; y por otra parte, viene a sustituir también al
sistema de conflictos de competencia entre jueces, los cuales quedan ahora
reducidos exclusivamente a la hipótesis del Art. 70, que se resulte mediante la
regulación de la competencia. Sin embargo, el Art. 68 CPC, prevé que la
sentencia definitiva en la cual el juez declare su propia competencia y
resuelva también sobre el fondo de la
causa, puede ser impugnada por las partes en cuanto a la competencia, mediante
a la solicitud de la regulación de esta o con la apelación ordinaria; y en este
último caso, el apelante deberá expresar si su apelación comprende ambos
pronunciamientos o solamente en el fondo; y de este modo, la cuestión d la
competencia, puede llegar por la vía del recurso de Casación a la Corte Suprema de Justicia.
Puede
decirse pues, que la regulación consagrada en el nuevo Código, salvo los
mencionados casos de excepción, es propiamente el medio de impugnación de toda
resolución del juez de la causa sobre el incidente de la competencia, que hace
posible la decisión definitiva del mismo por un Tribunal Supremo de la Circunscripción ,
con efecto vinculante respecto a cualquier juez.
Ahora
bien, en el nuevo sistema conforme al último aparte del Art. 322 CPC, La Corte Suprema de
Justicia podrá casar un fallo sin reenvío en dos casos:
a)
Cuando su decisión sobre l
recurso haga innecesario un nuevo pronunciamiento sobre el fondo.
b)
Cuando los hechos que han sido
soberanamente establecidos y apreciados por los jueces del Fondo, le permitan
aplicar la apropiada regla de derecho. En estos casos el fallo dictado por La Corte Suprema de
Justicia se remitirá directamente al Tribunal al cual corresponda la ejecución,
junto con el expediente respectivo.
Respecto
del primer caso, pueden mencionarse los siguientes ejemplos:
1)
Cuando el fallo de Casación
declara la prescripción del crédito reclamado.
2)
Cuando el fallo de Casación anula
la sentencia de divorcio recurrida por encontrarse apoyada en una causal no
prevista en la ley.
3)
Cuando el fallo de Casación acoge
la excepción de cosa juzgada con todos sus efectos legales.
4)
Cuando la Casación anula el fallo
recurrido por estar fundado en una disposición legal derogada.
5)
Cuando el fallo recurrido es
anulado por referirse su dispositivo a un objeto ilícito, o contrario al orden
público o las buenas costumbres.
6)
Cuando el fallo de Casación acoge
la excepción de caducidad que pone término al litigio.
7)
Cuando del fallo de Casación se desprende
que el actor o el demandado carecen de cualidad o de interés para sostener el
juicio, etc.
Respecto
del segundo caso, cuando los hechos han sido soberanamente establecidos y
apreciados por los jueces del Fondo le permiten a la Corte aplicar la apropiada
regla de Derecho, éste ha sido muy criticado en la propia Francia, por
considerarse que permitir al juez rectificar los errores de derecho, sin la
posibilidad de rectificar los errores de hecho, es colocar a las partes en una
posición de desigualdad, que ciertamente se produce cuando la Corte de Casación procede a
una situación de los motivos para rechazar el recurso; y que cuando la Casación de la sentencia
es pronunciada, es más arbitrario privar a una parte d la facultad de invocar
ante la jurisdicción de reenvío nuevos hechos o nuevas pruebas, o del chance de
una nueva apreciación de los hechos, siendo que se ha permitido a la otra parte
beneficiarse de una nueva decisión de derecho.
La
doctrina venezolana, respecto de este segundo caso de Casación sin reenvío,
sostiene que no son exactamente trasladables a la situación de la Casación en Venezuela,
las críticas de que ha sido objeto en Francia. En este caso –observa Márquez
Añez - el fallo sustitutivo que emite la Corte Suprema de
Justicia, al casar la sentencia recurrida dicta simultáneamente el fallo
sustitutivo (indiciun rescissorium), aplicado a los hechos soberanamente
establecidos por la instancia la apropiada regla de derecho (iura novit curia).[16]
CASACIÓN SIN REENVÍO
Tal como
ha quedado expuesto, la sentencia que declara con lugar el recurso por
infracción de ley, produce el efecto natural de un reenvío; ósea el Tribunal
que antes decidió u otro de igual competencia y jerarquía, sustituye la
sentencia casada por otra.
La norma
se origina en la
Casación Francesa , al punto de que son los mismos casos y la regulación legal venezolana es similar
a la francesa.
En el
primero de ellos, es innecesario un nuevo pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, por que el efecto de la
decisión de Casación implica la finalización del proceso, con o sin la
resolución de la controversia.
Si la
decisión de Casación declara aplicable un supuesto de extinción del proceso, no
habrá pronunciamiento sobre el fondo d
la controversia y finalizará el proceso sin fuerzas de cosas juzgadas. En otro
caso podría, por ejemplo; la
Casación considerar que el plazo cumplido era de caducidad y
no de prescripción, lo cual excluiría una interrupción declarada por la
instancia. En tal supuesto, la propia sentencia de Casación puede declarar la
caducidad de la acción. Finalizando el proceso con una sentencia que impide
proponer, ante cualquier juez, la cuestión ya debatida.
En el
segundo supuesto de Casación sin reenvío, la Sala de Casación Civil dicta una sentencia de
fondo, aplicando el derecho a los hechos soberanamente establecidos por los
jueces de instancia.
Puede
suceder que los hechos no hayan sido objetos de controversia entre las partes;
que controvertidos éstos, el establecimiento d los hechos realizados por la
instancia no haya sido impugnado ante la Casación , o que impugnado el establecimiento o la
apreciación de los hechos realizados por la instancia, que implica la
resolución de todas las cuestiones planteadas, tanto de hecho como de derecho,
porque le está vedado a la Sala
establecer los hecho. [17]
En
nuestro derecho, declaro con lugar el
recurso de casación y casada por el Tribunal Supremo de Justicia la sentencia
recurrida, tiene lugar el llamado “Juicio de Reenvío” en estos dos casos
contemplados en el Art. 322 CPC:
a)
Cuando la sala casa la sentencia
por las infracciones descritas en el ordinal 1º del Art. 313, esto es: haberse
quebrantado u omitido formas sustanciales de los actos que menoscaben el
derecho de defensa; o cuando en la sentencia no se hubieren cumplido los
requisitos de forma exigidos en el artículo
24, o adoleciere de los vicios enumerados en el artículo 244; siempre
que contra dichos quebrantamientos u
omisiones se hayan agotado todos los recursos, o que la omisión o
quebrantamiento lesionen el orden público (errores in procedendo). En este caso
re repone la causa al estado en que se encontraba al momento del vicio
declarado, de modo que el juez de reenvío tiene el poder de sustanciar de nuevo
el juicio y dictar nueva sentencia después de corregir los vicios de forma
denunciados que dieron lugar a la
reposición, ateniéndose a los hechos ya probados en el curso del juicio. No se trata, pues,
de una reapertura total desde el inicio
de la instancia: cuando la jurisprudencia habla en este caso de que el juez de
reenvío recupera su autonomía y plenitud de juez de instancia, quiere decir que
adquiere plena jurisdicción sobre el asunto que le ha sido sometido a su
conocimiento, quedando obligado a reponer el proceso al punto de que sean
subsanados los vicios declarados por la sentencia de casación, a fin de
restablecer el orden jurídico.
b)
Cuando la sala casa la sentencia
por las infracciones descritas en el ordinal 2º del Art. 313, de haberse
incurrido en un error de interpretación acerca del contenido y alcance de una
disposición expresa de la ley, o aplicado falsamente una norma jurídica, o una
norma que no esté vigente, o se le negase aplicación y vigencia a una que lo
esté; o cuando se haya violado una máxima de experiencia (errores in
indicando). En este caso, el juez de reenvío tiene poderes más limitados: se
limitará a dictar nueva sentencia con base en las disposición de ley que la Corte Suprema de
Justicia haya declarado aplicables al caso resuelto; y es doctrina reiterada de
la Sala , que el
avocamiento de un nuevo juez de reenvío, no requiere notificación de las
partes, puesto que éstas están a derecho; tampoco puede las partes presentes nuevamente informes,
como ocurre ordinariamente en la segunda instancia; ni solicitar la
constitución del Tribunal de reenvío con asociados, a tal punto, que en este
último caso, la Sala
tiene decidido que es desestimable como sentencia de reenvío la proferida por
le Tribunal Supremo constituido con asociados, rechazando así jurisprudencia
contraria anterior.
Una
definición del reenvío nos ofrece Chiovenda en estos términos: “El juicio de
reenvío es una fase autónoma de la relación procesal que tiene por objeto la
sustitución de una nueva estatuición a la casada del juez de apelación, por
parte de un juez diferente, pero de igual grado”.
En
nuestros derechos, las características
del reenvió pueden resumirse en las siguientes:
A)
Es un nuevo juicio sobre la controversia de mérito
que se reabre, pero sometido completamente a lo decidido por la casación.
Dicho
juicio se inicia de oficio, pues declaramos con lugar el recurso de casación la Corte Suprema de
Justicia remite el expediente directamente al Tribunal de reenvió, que se
limitará a dictar nueva sentencia, sometiéndose completamente a lo decidido por
el Tribunal Supremo de Justicia (Art. 322 CPC). Dicha sentencia se dicta dentro
de los cuarenta días siguientes al recibo del expediente (Art. 522 CPC), sin
necesidad de citación de las partes, las cuales en nuestro sistema, no tiene la
carga de iniciarlo, a diferencia de otros ordenamientos, como el italiano, en
el cual la reasunción de la causa ante el juez de reenvió debe hacerse
cualquiera de las partes dentro de un año a partir de la publicación de la
sentencia de la Sala
de Casación (Art. 392 CPC it.)
b) Los poderes del juez de reenvió son
limitados.
Si el
recurso fuese declarado con lugar, el Juez de reenvió se limitará a sentenciar
de nuevo, sometiéndose completamente a lo decidido por el Tribunal Supremo de
Justicia; y también, según el Art. 522 CPC, si hubiere recurso de casación y
éste fuere declarado con lugar, el Tribunal a quien corresponda dictará la
nueva sentencia dentro de los cuarenta días
siguientes a la fecha del recibo del expediente. Por tanto, de la
coordinada interpretación de ambas normas de ley, y de su contenido imperativo,
se desprende que la intención del legislador fue la de excluir del reenvío la
actuación de las partes, tanto la de informes como la probatoria, con el fin de
que el juez dicte la sentencia de mérito en el plazo establecido en la ley,
sometiéndose a lo decidido por la corte.
c) La doctrina del fallo de casación,
tanto estimatoria como desestimatoria, es vinculante para el juez de reenvío
(Art. 322 CPC).
Esta
norma establece que el juez de reenvió está sometido completamente en su
decisión a lo decidido por Tribunal Supremo y además, se refiere expresamente a
la doctrina del fallo de casación “tanto estimatoria como desestimatoria”,
vincúlate para el juez de reenvió, quien dictará nueva sentencia con base en
las disposiciones de ley que la Corte Suprema de Justicia haya declarado
aplicables al caso resuelto.
d) El juez de reenvío debe ajustarse a las normas
jurídicas que la Sala
de Casación indique aplicables para resolver la controversia.
En
efecto, el Art. 320 CPC al tratar del pronunciamiento positivo o negativo que
debe hacer la Corte
Suprema al conocer de las denuncias formulas conforme al
ordinal 2º del Art. 313 CPC mediante análisis razonado, exige que establezca
además cuáles son las normas jurídicas aplicables para resolver la
controversia, ya sean éstas la sindicadas por las partes en los escritos de
formalización o de contestación, o las que propia Corte Suprema de Justicia
considere que son las aplicables al caso. Innovación ésta ratificada en el Art.
322 CPC antes referido, cuando al tratar de la vinculación de la juez respecto
de la doctrina del fallo de casación, tanto estimatoria como desestimatoria,
agrega que el juez de reenvío dictará nueva sentencia como base en las
disposiciones de la ley que la
Corte Suprema de Justicia haya declarado aplicables al caso
resuelto.
Esta
transcendencia reforma – nos dice José Andrés Fuenmayor – fue objeto de un my
cuidadoso examen por la
Comisión Redactora , y
obedeció al siguiente razonamiento: “cada vez que una norma jurídica
ésta infringida, sea por falsa interpretación, falta de aplicación o indebida
aplicación, es porque la que se ha debido aplicar es otra norma jurídica que
resulta agraviada por la que ha resuelto el caso sub-índice incorrectamente,
por lo tanto, todos los Tribunales de la República están en la obligación de defender la
norma agraviada al conocer del caso, incluida la Casación , ésta con mayor
razón como defensora de la integridad de la ley”.
No cabe
duda de que esta innovación implica una atenuación del principio dispositivo
aplicable en casación; sin embargo, en
atención a que en esta materia no sólo se atiende al interés privado de
las partes recurrentes que han sufrido algún gravamen por la sentencia
recurrida, sino que ésta en juego también el interés público del Estado en
garantizar la exacta interpretación y aplicación de la ley, y la
uniformidad de la jurisprudencia, es
doctrina pacífica, que puede admitirse en casación dicha atenuación, toda vez
que ambos intereses no son contrapuestos, sino concordantes, de tal modo que el
interés público del Estado en lograr los fines de la casación, se vale en este
caso del interés privado de las partes en lograr su fin particular de la anulación
del fallo recurrido. O como dice Calamandrei: “aquí se ha tratado de aprovechar
el interés individual de los litigantes como estímulo propulsor puesto al
servicio del interés público, a través del recurso de casación…”. En otras
palabras: “El interés privado al servicio del interés público”.[18]
Antecedentes
Que la Casación procede cuando
las infracciones no denunciadas fueren de disposiciones de orden público. Se
argumentaba en dichos folletos de la Corte Federal y de Casación de la época, que como
tales infracciones no son subsanables ni aún por el consentimiento expreso de
los litigantes, y dan lugar a que los Tribunales Superiores, conociendo en
grado, decreten de oficio la reposición de la causa, debieran producir en Casaciones
el mismo efecto.
Sin
embargo, ni el Código de Procedimiento Civil de 1904, ni en el de 1916, fue
acogida esta doctrina.
Con el
Recurso de Casación se hace valer el derecho de impugnación, el recurso de
Casación no es más que un derecho potestativo. El petitum de esta acción es la
anulación de la sentencia denunciada, la cual petendi el vicio por el cual se
denuncia; a todo vicio corresponde una acción separada de impugnación idónea
por sí misma para producir la anulación de la sentencia. Esta estructura de
acción impugnación, cuya causa petendi
está constituida por el vicio denunciado, esta engenizamente preordenada a la
cooperación de interés privado, al interés público en el cual se funda el instituto de Casación, al tiempo
que el recurrente satinase su interés particular, sirve al interés público por
cuanto Casación al examinar la cuestión juris invocada por el particular vez
examina aquella porción aislada de la sentencia donde puede encontrar
infracciones de orden público o constitucionales que aunque no hayan sido
denunciada por el recurrente el Supremo Tribunal debe pronunciare sobre ella,
no únicamente para lograr la unidad de la jurisprudencia, sino igualmente para
evitar que sentencias donde groseramente se atenta contra le orden público, puedan
llegar a adquirir la intangibilidad de la cosa juzgada.
Cuando una norma sustantiva o
procesal colide con un precepto constitucional, el juez desaplicará tal norma y
aplicara el principio constitucional correspondiente, facultad que le es conferida por el Art. 20
Del Código de Procedimiento Civil; así
mismo el juzgado debe proceder de oficio a decretar la unidad de un acto del
proceso, cuando para su realización se hayan quebrantado leyes de orden público
(Art 212 Del Código de Procedimiento Civil). Si esto le es permitido a los
Tribunales de Instancia, no limita razón alguna para negarle al más Alto
Tribunal ha actuar de oficio, cuando en el expediente encuentren infracciones
del orden público, así no hayan sido denunciada por el recurrente o incluso por
la otra parte en su escrito de constelación a la formalización.
Para Márquez Añez la Casación en interés de la ley es una vía
improductiva de cualquier efecto concreto sobre el ligio que se pronuncia, este autor acerca de la nueva Casación de
oficio se expresa así
“El Nuevo
Código optó pues por la alternativa de eliminar esa figura por ser superflua he
inconsistente sustituyéndola por el poder que ahora se le reconoce a la Corte Suprema de
Justicia para declarar de oficio la infracciones constitucionales y de orden
público, con efecto anulatorio de la Sentencia de Segunda Instancia”.
El problema es que ni el Código
derogado ni en el que nos está rigieron existen reglas exactas para determinar
ha simple vista cuándo una norma es de orden público o no, y nadie más llamado
a determinar ese orden público de la norma que ese Tribunal colegiado que constituye
la Corte Suprema
de Justicia, el hecho de que sea la
Corte , quien encuentre en el experimento una infracción de
orden público y se pronuncie sobre ella no le quita autoridad moral ni se puede hablar de parcialización del Supremo
Tribunal.
Más bien se le ha criticado, que
el casamiento de la sentencia por infracciones de orden público y
constitucionales que no hayan sido denunciadas por el recurrente no debe ser
facultativa para la corte, la cual por mandamiento mismo del Art. 320 no usa la
expresión debida sino “Podrá” y esto ha dado pie para que muchos abogados
cuestionen al Máximo Tribunal en el sentido que ante infracciones de Orden
Público y constitucionales, una sentencia sean casadas y otras no, debe haber
igualdad para todos.
La
facultad de casar de oficio al fallo,
está subordinada a que, efectivamente, la parte interesada anuncie y
formalice el recurso, por cuanto la
Sala de Casación no puede solicitar de oficio un expediente a
la instancia. Tampoco casar de oficio cuando parece el recurso por falta de
formalización, o en caso de desistimiento.
No se
trata, entonces de una verdadera Casación de oficio, sino de la declaratoria de
nulidad del fallo contra el cual se interpuso y perfeccionó un recurso, por
razones diferentes de las aducidas por el formalizante, y que afectan el orden público.
El casar
de oficio es una facultad que la
Casación ejerce discrecionalmente. Al respecto, aunque el
Código de Procedimiento Civil la facultad para ello, la Sala ha estimado que no está
obligada a casar de oficio a petición de parte, aunque encuentre infracciones
que afecten el orden público.
El
principal problema de interpretación e integración de esta disposición legal,
consiste en determinar el significado de la frase “infracciones de orden
público y constitucionales”. En primer término se puede considerar infracciones
de orden público todas aquellas que afectan los intereses públicos o de la
comunidad, considerando el carácter relativo del concepto, el cual tiene significación en un lugar y tiempo
determinado, de acuerdo a la rama del derecho en el cual se utilice. En tal
sentido se ha establecido, por ejemplo, que los requisitos del fallo son de
orden público. Sin embargo, la referencia a las disposiciones constitucionales
dirige la interpretación a exigir algo más: que la infracción lesione el
derecho de defensa, o algún otro derecho o garantía constitucional.
La
indefinición del concepto obliga a consultar la jurisprudencia, para determinar
si una infracción viola el orden público de manera tal que pueda dar lugar a la Casación de oficio.
Es de
resaltar que las oportunidades señaladas en la Ley para el ejercicio de los recursos, interesan
al orden público, pues permiten el ejercicio constitucional del derecho de
defensa, por tanto, aunque la parte no reclame el vicio, no lo convalida.
De esta
manera, afecta al orden público la infracción de los artículos 196 y 298 del
Código de Procedimiento Civil, conforme a los cuales, el término para apelar es
de cinco días, salvo disposición especial; y los términos o lapsos para el
cumplimiento de los actos procesales son aquellos establecidos expresamente por
la ley.
El
legislador concibe la perención como norma
de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio
entre las partes; y el tribunal la puede declarar de oficio.
En cuanto
al desconocimiento de la cosa juzgada como infracción de orden público, la
jurisprudencia ha oscilado. Así, en una ocasión, la Sala afirmó:
La cosa
juzgada es una institución jurídica que
tiene por objeto fundamental garantizar el Estado de derecho y la paz social y
su autoridad es una manifestación evidente del poder del Estado cuando se
concreta en ella la jurisdicción.
En este
orden de ideas es oportuno resaltar la doctrina de la Sala sobre el carácter de
orden público de la cosa juzgada. Al respecto, esta Sala se sentencia del 15 de
diciembre de 1988 (caso Mercedes Cabrera Rivera, contra Leipinia S.A.)
estableció lo siguiente:
-
En cuanto al carácter de orden
público de esta prohibición legal, ella
está dirigida al mantenimiento del orden jurisdiccional, garantía de la
tranquilidad ciudadana, el respeto mutuo y la paz colectiva
-
La sentencia es la expresión del
juicio solicitado por los particulares cuando acuden ante el juez a exigir
la composición de un conflicto de
intereses y, en tal sentido, su estabilidad es la permanencia de la solución
ofrecida por el Estado, en ejercicio de la función jurisdiccional. Tal
estabilidad y permanencia son absolutamente necesarias para la existencia misma
de la estructura social, por lo cual su carácter de eminente de orden público
resulta incuestionable.
Si la
oposición de la Cosa
juzgada o de la caducidad fue decidida erróneamente en la sentencia recurrida la Sala puede casar oficios el
fallo recurrido, pero si no fue planteado oportunamente las cuestiones de
hechos que permitan aplicar en virtud del principio iura novit curia, los
pertinentes artículos de la ley la
Sala no puede intervenir
ya que ella tiene facultad para casar de oficio pero no para suplir
alegaciones de hecho no expuestas en la oportunidad procesal hábil para ello,
pues si lo hace se habría privado a la parte afectada por la decisión, de toda
oportunidad de alegar hechos en su
defensa.[20]
[1] RENGEL R., Aristides. (2000). Tratado
de Derecho Procesal civil Venezolano: según el nuevo Código de 1987.(1ra Edic. ) Caracas-
Venezuela. Editora Organización Graficas Capriles. P.35-36
[2] ABREU B., A. y Luis A. Mejia A. La Casación Civil. (2da Edic. Actualizada). Ediciones Homero. P.12
[3] RENGEL R., Aristides. (2000). Tratado
de Derecho Procesal civil Venezolano: según el nuevo Código de 1987.(1ra Edic. ) Caracas-
Venezuela. Editora Organización Graficas Capriles. P.35-36.
[4] ABREU B., A. y Luis A. Mejia A. La
Casación Civil. (2da Edic. Actualizada). Ediciones Homero. P.13-14
[5] PORTILLO, C. Manual de Casación Civil. 2000(1ra
Edic.). Valencia-Caracas-
Venezuela. VADELL HERMANOS EDITORES. P.4
[6] RENGEL R., Aristides. (2000). Tratado
de Derecho Procesal civil Venezolano: según el nuevo Código de 1987.(1ra Edic. ) Caracas-
Venezuela. Editora Organización Graficas Capriles. P.36-38
[7] ABREU B., A. y Luis A. Mejia A. La Casación Civil. (2da Edic. Actualizada). Ediciones Homero. P.15-16
[8] PORTILLO, C. Manual de Casación Civil. 2000(1ra
Edic.). Valencia-Caracas- Venezuela.
VADELL HERMANOS EDITORES. P.4
[9] RENGEL R., Aristides. (2000). Tratado
de Derecho Procesal civil Venezolano: según el nuevo Código de 1987.(1ra Edic. ) Caracas-
Venezuela. Editora Organización Graficas Capriles. P.42-43
[10] PORTILLO, C. Manual de Casación Civil. 2000(1ra
Edic.). Valencia-Caracas-
Venezuela. VADELL HERMANOS EDITORES. P.6
[11] RENGEL R., Aristides. (2000). Tratado
de Derecho Procesal civil Venezolano: según el nuevo Código de 1987.(1ra Edic. ) Caracas-
Venezuela. Editora Organización Graficas Capriles. P.45-46
[12]ABREU B., A. y Luis A. Mejia A. La
Casación Civil. (2da Edic. Actualizada). Ediciones Homero. P.16-17
[13] ABREU B., A. y Luis A. Mejia A. La Casación Civil. (2da Edic. Actualizada). Ediciones Homero. P.17-18
[14] RENGEL R., Aristides. (2000). Tratado
de Derecho Procesal civil Venezolano: según el nuevo Código de 1987.(1ra Edic. ) Caracas-
Venezuela. Editora Organización Graficas Capriles. P.46-50
[15] PORTILLO, C. Manual de Casación Civil.
2000(1ra Edic.). Valencia-Caracas-
Venezuela. VADELL HERMANOS EDITORES. P.32
[16] RENGEL R., Aristides. (2000). Tratado
de Derecho Procesal civil Venezolano: según el nuevo Código de 1987.(1ra Edic. ) Caracas-
Venezuela. Editora Organización Graficas Capriles. P.55
[17] ABREU
B., A. y Luis A. Mejia A. La
Casación Civil. (2da Edic. Actualizada). Ediciones Homero. P.83
[18]RENGEL R., Aristides. (2000). Tratado
de Derecho Procesal civil Venezolano: según el nuevo Código de 1987.(1ra Edic. ) Caracas-
Venezuela. Editora Organización Graficas Capriles. P.271
[19]
PORTILLO, C. Manual de Casación Civil. 2000(1ra Edic.). Valencia-Caracas- Venezuela. VADELL
HERMANOS EDITORES. P.93
[20] ABREU
B., A. y Luis A. Mejia A. La
Casación Civil. (2da Edic. Actualizada). Ediciones Homero. P.250.
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