El proceso judicial

EL PROCESO JUDICIAL

1. Algunas Definiciones del proceso

1.1. Una Definición del proceso

2. Proceso y Procedimiento

2.1. Una Definición de procedimiento

3. Naturaleza Jurídica del proceso

4. Estructura del proceso

5. Objeto del proceso

6. Función del proceso

7. Principios del proceso

Una vez que se ha realizado un estudio del derecho de acción ante la jurisdicción, nos encontramos que el justiciable se encuentra frente al proceso y ahí precisamente se desarrolla, entre otros, el elemento de la oralidad, lo que hace necesario revisar esta institución (el proceso) para una mejor comprensión del punto nuclear de esta tesis.

Vale recordar una expresión de Chiovenda, cuando expone que “Nadie puede negar que el destino del proceso sea hacer justicia”.

De esta manera al estudiar el proceso, es imperativo tener en cuenta su naturaleza instrumental al servicio de la justicia, y que en Venezuela es de vital importancia a la luz del artículo 2 de la Constitución donde se constituye en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

La concepción constitucional de Venezuela como un estado de derecho y de justicia, abre paso a visualizar y comprender el proceso atendiendo a la consolidación de una forma especial de instrumentar la justicia, siendo relevante señalar diferentes definiciones del proceso, en sentido jurídico-procesal, en especial de reconocidos juristas, para llegar a concebir una definición que se ajuste a nuestra procesalística con la visión moderna del derecho procesal, más allá de las respetadas concepciones que se realicen en otros países que se circunscriben a cada sistema jurídico.

Después se abordará el asunto referido a los fines del proceso, su objeto, su estructura y principios, aspectos que permiten avanzar con una mejor claridad en el tema de la oralidad y su aplicación correcta en el proceso.

1. ALGUNAS DEFINICIONES DEL PROCESO.

Definir el proceso no resulta una tarea fácil, en virtud de que en muchos casos el fenómeno jurídico a definir surge de un momento histórico, incluso por la ideología del país de origen del autor, a tal punto que en la medida que el tiempo transcurre se le incluyen a los institutos procesales, elementos o novedades propios del avance de la ciencia procesal.

El proceso civil, conforme lo advierte Chiovenda.[1]

“Es el conjunto de actos coordinados para la finalidad de la actuación de la voluntad concreta de la ley (en relación a un bien que se presenta como garantizado por ella) por parte de los órganos de la jurisdicción ordinaria”.

En esta definición analiza el autor que en el proceso civil los órganos públicos desarrollan una actividad en el ejercicio de una función estatal, quién está interesado en asegurar la paz social y eliminar las luchas que la perturben, interviniendo en la contienda.

Se restringe el campo de la autodefensa y de esa manera la organización de la sociedad regula las relaciones entre los particulares con normas legales, además de proveer con el proceso a asegurar la observación de las normas, señalando igualmente que el proceso se convierte en un instrumento de justicia en manos del Estado.

Explica Chiovenda que la función pública que se desenvuelve en el proceso consiste en “la actuación de la voluntad concreta de la ley, en relación a un bien de la vida que el actor pretende, garantizado por esa voluntad”. Menciona, que el juez debe ser fiel a la ley dando a los ciudadanos mayor garantía y seguridad, comportamiento que lucha con el peligro de actuaciones subjetivas y arbitrarias.

En tal sentido, señala que el proceso desarrolla una función pública y esta es la actuación de la ley, o sea, del derecho en sentido objetivo, siendo una característica del proceso la presencia de un juez como órgano rector de la función jurisdiccional y esta función tiene por fin la realización de los intereses tutelados por el derecho en caso de incertidumbre de la norma que los tutela o de la inobservancia de ella.

El jurista Carnelutti[2], cuando define derecho y proceso, señala que derecho (objetivo; ordenamiento jurídico) es el conjunto de mandatos jurídicos (preceptos sancionados) que se constituyen para garantizar, dentro de un grupo social (Estado), la paz amenazada por los conflictos de intereses entre sus miembros; y se llama (por antonomasia) proceso a:

“un conjunto de actos dirigidos a la formación o a la aplicación de los mandatos jurídicos, cuyo carácter consiste en la colaboración a tal fin de las personas interesadas, con una o más personas desinteresadas (jueces)”.

Este autor significa, que la palabra proceso, sirve para indicar un método para la formación o para la aplicación del derecho que tiende a garantizar la bondad del resultado, es decir una regulación del conflicto de intereses que consiga realmente la paz y, por tanto, sea justa y cierta: la justicia debe ser su cualidad interior o sustancial; la certeza, su cualidad exterior o formal; si el derecho no es cierto, los interesados no saben, y si no es justo, no sienten lo que es necesario para obedecer.

El proceso, conforme lo advierte Echandía, citando a Rocco[3], es un término genérico que no es propio y exclusivo del lenguaje jurídico, y en particular del lenguaje referente a la ciencia del derecho civil. Según su acepción general, se llama proceso al momento dinámico de cualquier fenómeno, es decir, de todo fenómeno en su devenir. Se tiene así un proceso físico, un proceso químico, un proceso fisiológico, un proceso patológico, modos todos ellos de decir que sirven para representar un momento de la evolución de una cosa cualquiera.

El término de proceso en su acepción jurídica para el referido autor, se encuentra referido “cuando sucede un hecho al cual la ley vincula una sanción, surge el proceso para poner en práctica la sanción”, señalando igualmente como se estructura el proceso judicial, representado por el inicio de un acto de petición (demanda) por un sujeto interesado denominado demandante o promoverte, dirigido al órgano jurisdiccional (juez) que continua con actos que se desarrollan sucesiva y progresivamente con la intervención de otro sujeto llamado (demandado), mediante un método para encauzar la evolución de las conductas, con la finalidad de conseguir un objetivo determinado, como es la solución del caso mediante la sentencia, del conflicto planteado.

El proceso en un sentido literal y lógico, constituye un conjunto de actos coordinados para producir un fin, en el sentido jurídico, proceso en general es toda una serie de actos coordinados para el logro de un fin jurídico; en tanto que por proceso procesal se entiende el conjunto de actos concatenados que se ejecutan por ante los funcionarios competentes del poder judicial, para obtener, mediante la actuación de la Ley en un caso determinado, la declaración, la defensa o realización coactiva de los derechos que pretenden tener las personas privadas o públicas, en vista de su incertidumbre o desconocimiento. [4]

En este orden, Ovalle[5] es de la opinión que el proceso es la suma de los actos por medio de los cuales se constituye, desarrolla y termina la relación jurídica, teniendo como finalidad dar solución al litigio planteado por las partes, a través de la sentencia que debe dictar el juzgador.

Para Cuenca[6], el proceso es “un conjunto de actividades ordenadas por la ley, para el desenvolvimiento de la función jurisdiccional”. Sostiene además, que es una relación jurídica porque se vinculan los sujetos que intervienen, es un método dialéctico porque investiga la verdad jurídica en un conflicto de intereses y es una institución porque está regulado según leyes de una misma naturaleza.

Acertadamente explica que el proceso no es un fin en sí mismo, sino el instrumento para realizar la justicia, tal y como lo señaló Chiovenda, agregando, que el carácter instrumental se deriva de que la normativa que regula el proceso tiende a reparar un derecho lesionado, a declarar una situación jurídica justa o la restitución o resarcimiento de lo que es debido.

Igualmente Cuenca[7], cuando realiza una explicación sobre la estructura del proceso, indica que el proceso es una continuidad de actos que comienza con la demanda y culmina con la ejecución de la sentencia, actos que en su contenido se expresa la voluntad del juez, de las partes o de los terceros, según el sujeto al cual le corresponda realizarlos. Además los actos pueden ser unilaterales (corresponden a un solo sujeto), como la demanda del actor o la sentencia del juez, o multilaterales (cuando en su ejecución intervienen varios sujetos), como ocurre generalmente en las actuaciones del tribunal, como la contestación y en los actos de prueba, debiendo cumplirse en cada acto requisitos externos, como indicación del sujeto que actúa, idioma, firma entre otros y, a su vez el proceso se divide en etapas o fases.

El  procesalista Couture[8], realiza una definición del proceso jurídico, a partir de su acepción común, expresando que el vocablo “proceso” significa progreso, transcurso del tiempo, acción de ir hacia adelante, desenvolvimiento, indicando que todo proceso es una secuencia, estableciendo una definición inicial;

“como la secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver, mediante un juicio de la autoridad, el conflicto sometido a su decisión”.

También, considera que en la definición debe observarse su carácter esencial, su contenido íntimo, advirtiendo que el proceso es también una relación jurídica, entendida, como el vínculo que la norma de derecho establece entre el sujeto del derecho y el sujeto del deber; que la relación jurídica procesal consiste en el conjunto de ligámenes, de vinculaciones, que la ley establece entre las partes y los órganos de la jurisdicción recíprocamente, y entre las partes entre sí.

Asimismo, observa otra acepción de “proceso”, referida al expediente judicial, al dossier, los papeles escritos que consignan los actos judiciales de las partes y de los órganos de la autoridad.

Termina Couture con su definición, señalando:

“En la primera acepción del proceso como secuencia, éste constituye una acción humana que se proyecta en el tiempo; es una situación análoga a la que existe entre el ser y el devenir; los actos procesales devienen proceso.

En su segunda acepción, en tanto relación jurídica, el proceso es un fenómeno intertemporal e inespacial; un concepto, un objeto jurídico ideal, construido por el pensamiento de los juristas.

En su tercera acepción, como expediente o conjunto de documentos, el proceso es un objeto físico; ocupa un espacio en el mundo material; es una cosa”.

  

Por su parte, Véscovi[9], concibe al proceso, como:

“El conjunto de actos dirigidos a la resolución del conflicto y resulta un instrumento para cumplir los objetivos del Estado de imponer a los particulares una conducta jurídica, adecuada al derecho, y, a la vez, brindar una tutela jurídica”.

Cañizales[10], aborda la definición del proceso como:

“un conjunto de actos desarrollados en forma sistemática y progresiva por los sujetos procesales e interesados, para la solución del caso planteado mediante la aplicación de normas jurídicas o mediante la equidad”.

Es decir, estos actos suceden y se desarrollan en forma progresiva, es decir, avanzan sistemáticamente y ordenadamente uno después del otro en el lugar que le corresponde, sin anarquía alguna conforme al respectivo procedimiento, hasta culminar con el proferimiento de la sentencia definitiva que agota la instancia.

Al respecto Ortiz, razona que el proceso “es la manera en que la acción de los particulares se pone en contacto con la jurisdicción ejercida por el Estado para el conocimiento, decisión y ejecución de los intereses y derechos tutelados por el ordenamiento jurídico”. [11]

La Roche[12], concibe el proceso judicial como una institución fundamental del Derecho Procesal, señalando que al proceso se le debe el nombre del derecho procesal, y lo define como:

“El conjunto de actos dirigidos a producir el acto jurisdiccional sobre el derecho cuyo reconocimiento y satisfacción se pretende”.

Para Velloso.[13]

“El proceso es un medio pacífico de debate mediante el cual los antagonistas dialogan entre sí para lograr la resolución por una autoridad (ya se verán sus caracteres) de los conflictos intersubjetivos de intereses que mantienen y cuya razón de ser se halla en la necesidad de erradicar la fuerza ilegítima en una determinada sociedad”.

El término de proceso en su sentido jurídico-procesal es un fenómeno exclusivo del proceso judicial, aplicable tanto en la materia civil como en la materia penal, mientras que en el ámbito administrativo, se presentan las actuaciones de los interesados y de la administración en el marco de un procedimiento administrativo, es decir no se trata de un proceso, distinto es el caso del contencioso administrativo, donde estamos en el ámbito procesal, y es que el proceso en su sentido jurídico-procesal se presenta solo en el ámbito judicial; y cuando en este trabajo se hace referencia al proceso civil, ello debe ser entendido como la materialización del derecho subjetivo o intereses materiales que surgen del ordenamiento jurídico civil y no penal.

Como puede evidenciarse, los autores citados al hacer el trabajo de definir el proceso, todos coinciden en que se trata de actos que se ejecutan en el curso de un juicio elevado ante el órgano judicial y aunque realmente el proceso es único, independientemente de sus fines, objeto y en especial de la forma como se estructura, ello produce ciertas diferencias, si nos encontramos ante un interés sustancial netamente civil, laboral, administrativo y hasta penal, siendo correcto en opinión de quién aquí diserta de hablar de proceso en sentido jurídico-procesal, lo cual infiere una inclusión de todos los intereses materiales que se elevan ante el órgano judicial sin distinción de la materia tratada.

1.1. UNA DEFINICION DEL PROCESO.

Como aporte a la Ciencia del Derecho y específicamente a las teorías que explican el proceso, se define el proceso, como:

“El conjunto de actos coordinados y progresivos que dispone el ordenamiento jurídico para componer y resolver la relación jurídica existente entre los sujetos que intervienen ante la jurisdicción”.

En esta definición, se destacan varios aspectos que vislumbran el proceso en su dimensión judicial más amplia, sin adiciones propias del objeto del proceso y fines del mismo, lo cual comprenden otros elementos que conforman su estructura y que serán manejados más adelante.

1.    Se encuentra en esta definición la noción de la palabra “proceso”, que deriva del latín processus y que significa: avance, progreso, desenvolvimiento, acción de ir hacia delante, por ello se refiere a los actos procesales, los cuales son diversos, pero atendiendo a una unidad que se concibe con la connotación jurídica del proceso, que equivale a un juicio o un pleito judicial.

2.    El acto procesal que progresa en forma coordinada y lógica; iniciándose con la demanda y demás actos que corresponden al demandante; la contestación a la demanda y demás actos que corresponden al demandado; los actos destinados para la intervención de los terceros y; las actuaciones del órgano judicial que corresponden al tribunal y a los auxiliares de justicia.

3.    Cada uno de estos actos procesales deben estar previstos en el sistema jurídico, siendo competencia de las leyes adjetivas fijar su espacio y momento, así como el fin de cada acto, circunstancia que determina la certeza del acto y que el mismo sea del conocimiento de las personas que lo ejecutan, esto en virtud de que los actos por esencia  son una carga de las partes y un deber del juez garantizar su ejercicio.

4.    La coordinación y progresión del acto procesal se encuentra referido a que la consecución de los actos procesales deben tener una armonía y una orden lógico en la medida que avanza el proceso; así tenemos que al acto de la presentación de la demanda debe continuar con una respuesta judicial, expresada en un acto de admisión de la demanda y después un acto de citación que produzca el acto de contestación. Se trata de la celebración de los actos procesales para alcanzar el destino final del proceso, expresada en la respuesta final judicial o sentencia.

5.    Aunque en la definición se expresa que los actos se dirigen a componer y resolver una relación jurídica, lo cual puede ser entendido como elementos que parecieran dibujar la finalidad del proceso, realmente es una forma de completar la ideas de coordinación y progresividad de los actos, lo cual lleva implico un método dialectico, donde debe contener los actos propios para generar una contradicción de las partes, todo en aras de respetar el derecho a la defensa.

En los actos procesales podemos incluir: El acto de citación, el emplazamiento del demandado, el acto de contestación a la demanda, todo con el fin de que el Estado realice la actividad de resolver y decidir el conflicto presentado en la relación jurídica que vincula a las partes.

2. PROCESO Y PROCEDIMIENTO.

Existe una tendencia en el foro jurídico de confundir los términos de proceso y procedimiento, llegando a considerarse como si fuera lo mismo, lo cual constituye un error en cuanto a su concepción cuando se le da el mismo tratamiento, toda vez que el proceso y el procedimiento tienen contenidos diferentes.

En esta oportunidad vamos a deslindar tales conceptos partiendo desde su concepción etimológica y el tratamiento que le ha venido dando la Doctrina para encontrar una definición adecuada.

Etimológicamente la palabra procedimiento se deriva del verbo latino procedo, is, essi, essum, dere (de pro, adelante, y cado, retirarse, moverse, marchar). Lo que infiere que procedimiento significa, adelantar, ir adelante.

La Real Academia Española en el Diccionario de la Lengua Española[14], señala diversas acepciones a la palabra procedimiento, entre las cuales indicamos:

“Acción de proceder. 2. Método de ejecutar algunas cosas. 3. Der. Actuación por trámites judiciales y administrativos”.

Estas acepciones permiten concebir desde el punto de vista jurídico la noción procedimiento como un método o reglas de trámites que van marchando.

Duque Corredor [15], cuando se refiere al proceso, el procedimiento, la acción y la demanda, explica que la materialización de la acción judicial implica poner a funcionar al órgano judicial y para que las partes puedan exponer sus alegatos y defensas, probar y hacer la contra prueba, y, en definitiva, que el juez dicte su fallo, es necesario ordenar la actividad de cada uno de ellos y, además, jerarquizar los diferentes actos de los sujetos que participan en el proceso, estableciendo tiempo y oportunidades para estos actos, logrando esto último con el procedimiento, que define:

“Como el conjunto de reglas que gobiernan el modo de actuar en los procesos judiciales, a las que tienen que someterse tanto las partes como el juez”.

El procesalista venezolano Cuenca[16], señala que si el proceso es el método establecido por la ley para definir la justicia, el procedimiento es el conjunto de actos realizados por el juez, las partes, los terceros, el fiscal del Ministerio Público y los auxiliares de justicia, en determinado tiempo y lugar, conforme a un orden establecido por la ley, llegado a concluir  que proceso y procedimiento alude más bien a dos aspectos de la relación jurídica. El procedimiento es el aspecto externo del proceso y el otro alude más bien a su contenido.

Ahora bien, cuando el autor referido expresa que el procedimiento alude al contenido externo del proceso se precisa a que el procedimiento se concentra en las formas de los actos procesales regulados por el derecho; mientras el proceso está conformado por el conjunto de actos procesales, el procedimiento contiene las formas como se desenvuelve el proceso, está referido a los trámites a que está sujeto y la manera de sustanciar el proceso.

La Roche[17], expone que existe una diferencia de técnica jurídica entre proceso, procedimiento y enjuiciamiento, mientras proceso es el conjunto de relaciones que vinculan a las partes y al juez, como consecuencia de los alegatos, defensas y decisiones que se producen en el desarrollo de la contienda, el procedimiento es el itinerario pautado por la ley procesal, por el cual debe discurrir el proceso y enjuiciamiento es una palabra que alude a la sujeción de una persona al juicio de un tribunal.

Para Montero[18], procedimiento equivale a forma, y los procesalistas se han percatado que limitándose a describir las distintas formas procedimentales, reduciéndolos a la descripción del desarrollo temporal de los distintos procedimientos, no se estaba haciendo ciencia, que lo importante era la calidad jurídica de lo que hacían las partes y el juez, de que era preciso hallar un sistema que abarcará la variedad de las formas.

Continúa Montero señalando que al hablarse de procedimiento judicial se está destacando la forma de la actividad judicial, el lado externo de la actividad procesal, citando aquí a Pietro Castro; o una consideración meramente formal del proceso, según refiere Gómez Urbaneja; o el fenómeno de la sucesión de actos en su puro aspecto externo, citando a De la Oliva, concluyendo que es la mera actividad o sucesión de actos en el tiempo.

Tomando en consideración que proceso y procedimiento tienen contenidos diferentes, se pueden destacar los siguientes aspectos que lo separan:

1.    Cuando nos referimos al procedimiento se alude al contenido externo del proceso, y en un proceso existen diferentes fases que contienen el procedimiento para el desarrollo de un mismo proceso, por ejemplo, tenemos el procedimiento previsto para la primera instancia, para la segunda instancia, casación, y aquí encontramos un ejemplo de los contenidos diferentes que hemos venido anunciando y es que el procedimiento se entiende como el contenido externo del proceso.

2.    Otra distinción entre proceso y procedimiento, se observa cuando se analiza la finalidad el procedimiento, el cual no tiene un fin en sí mismo, sino que se encuentra al servicio del proceso para que éste consolide sus fines en la instrumentalización de la justicia.

3.    Puede existir en el proceso civil varios procedimientos que regula la ley para atender temas específicos, vemos como el Código de Procedimiento Civil contiene un procedimiento ordinario[19],que regula la generalidad de los asuntos que se presentan ante el órgano judicial, y procedimientos especiales que atienden al sujeto o al crédito objeto de discusión,  tal como ocurre con los denominados en el mismo Código de Procedimiento Civil como “juicios ejecutivos”, donde se adelantan la ejecución, siendo un procedimiento especial distinto del ordinario la vía ejecutiva (artículos 630 al 639 del CPCV), el procedimiento de intimación (artículos 640 al 652 del CPCV), el de ejecución de hipoteca (artículos 660 al 665 del CPCV), el de ejecución de prenda (artículos 666 al 672 del CPCV), el juicio de cuentas (artículos 673 al 689 del CPCV); también son procedimientos especiales los denominados “juicios sobre la propiedad y la posesión”, tales como el juicio declarativo de propiedad (artículos 690 al 696 del CPCV), los interdictos posesorios (artículos 699 al 711 del CPCV), los interdictos prohibitivos (artículos  712 al 719 del CPCV), del Deslinde de Propiedades Contiguas (artículos  720 al 725 del CPCV), entre otros procedimientos especiales.

4.    El proceso está reservado para el ejercicio del poder jurisdiccional, mientras que el procedimiento, además de presentarse ante el órgano jurisdiccional, también se utiliza ante la administración, y en los casos donde se tramiten procedimiento administrativo donde se realizan actos en el tiempo, como alegatos, tramites probatorios, entre otros.

2.1. UNA DEFINICION DE PROCEDIMIENTO.

En el punto anterior establecimos una definición del proceso, entendido como:

“El conjunto de actos coordinados y progresivos que dispone el ordenamiento jurídico para componer y resolver la relación jurídica existente entre los sujetos que intervienen ante la jurisdicción”.

Corresponde ahora realizar una definición de procedimiento para la mejor comprensión de que proceso y procedimiento tienen contenidos diferentes, y de esta manera podemos definir  como procedimiento:

“El método que tiene previsto la ley para el desarrollo de los actos del proceso en cada una de sus fases y especialidades”.

De la definición que hemos dado al procedimiento se deduce:

1.    La composición externa y formal, está referida a la estructura del proceso en cuanto a la forma y rito que establece el legislador en cada acto procesal como sistema metódico de formar el derecho. 2.    Como el proceso se desarrolla en etapas o fases cada uno de estos momentos se desencadena por medio de los actos procesales cuya regulación implica un aspecto procedimental. 3.    No se alude en esta definición las relaciones jurídicas de los sujetos que intervienen en cada una de las etapas o fases, porque ello se estudia en el proceso.

4.    El proceso tiene una finalidad instrumental, en este fenómeno se toman en  cuenta la estructura y los nexos que median entre los actos, los sujetos que lo realizan, la finalidad que atienden, los principios a que responden, las condiciones de quienes los producen, las cargas que imponen y los derechos que otorgan a los sujetos intervinientes.

5.    El procedimiento atiende exclusivamente a la referencia de la forma o los ritos de los actos, como una expresión de la actuación externa del órgano.

3. NATURALEZA JURIDICA DEL PROCESO.

El procesalista Couture, nos explica que el estudio de la naturaleza jurídica del proceso civil consiste, ante todo, en determinar si este fenómeno forma parte de algunas de las figuras conocidas del derecho o si por el contrario constituye por sí solo una categoría especial. Así, por ejemplo, se trata de saber si el vínculo que une a las partes y al juez constituye un contrato, un cuasicontrato o alguna otra figura jurídica semejante. Y de resolverse ese punto en sentido negativo, sería necesario, entonces, decidir qué es el proceso como fenómeno particular.

Couture señala que la doctrina ha dado diferentes respuestas sobre cuál es la naturaleza jurídica del proceso:

1.    Una primera, considera el juicio un contrato. La relación que liga al actor y al demandado, que se sigue llamando, aunque nada tenga ya de tal, litiscontestatio, es de orden contractual, y ambos se encuentran vinculados con el mismo lazo que une a los contratantes:

2.    Una segunda respuesta, considera que el juicio, si es un contrato, lo es tan imperfecto, que queda desnaturalizado; el proceso es, por eso, un cuasicontrato:

3.    Una tercera respuesta, advierte que las dos anteriores son artificiosas; que lo que hay en realidad no es ni un nexo contractual ni uno cuasicontractual, sino una relación jurídica típica, característica, regida por la ley, que tiene un estatuto propio, que es el cúmulo de leyes procesales, y con una determinación que le es peculiar.

4.    Una cuarta respuesta, niega la existencia de una relación jurídica, sosteniendo, en cambio, la realidad de una situación jurídica: Una quinta respuesta habla de una entidad jurídica compleja: Una última respuesta, tendiente a agrupar elementos de las anteriores, ha concebido el proceso como una institución. [20]

En este orden el procesalista venezolano Cuenca, refiere que desde que la escuela Pandectista alemana, a mediados del siglo pasado, emprendió la exploración de un territorio jurídico hundido bajo concepciones privatísticas que afloraron al derecho público, ello por cuanto había predominado por siglos la concepción romana de considerar el proceso como un contrato o más bien un cuasi contrato.

Este autor señala que fueron los mismos juristas alemanes de mediados del siglo pasado los que suscitaron la problemática en torno a la naturaleza pública del proceso, concretamente, sobre la identificación de los ligámenes que él engendra, primero, como una relación jurídica y después como una situación jurídica, teorías que predominan en la actualidad, sin embargo el estudio no ha concluido y otras concepciones como institución, servicio público, etc., hacen cada día más fecundos los estudios en torno a esta cuestión esencial.

1.    El proceso como contrato, señala cuenca, como la concepción más remota sobre la naturaleza jurídica del proceso, es de origen romano, y lo representa un contrato, como un acuerdo entre actor y demandado, como un negocio jurídico.

Para este autor es un error común de la mayoría de los procesalistas considerar el proceso romano, en general, como de carácter contractual, pues si este carácter es relativo durante el formulario, donde se consagró una fase in jure, la cual se desarrolla ante el pretor, en el acto llamado litis contestatio, el demandante y el demandado escogen la fórmula (concebida como un contrato), “programa procesal” conforme al cual debe desarrollarse el proceso, sin lo cual no existía proceso, incluso las partes escogían la fórmula para la designación del juez y el sometimiento a la sentencia, siendo una fuente romana que en el caso extremo de no llegar al acuerdo se imponía a las partes a someterse a la recomendación hecha por el pretor sobre una fórmula determinada, y de hecho esto era lo que con frecuencia ocurría, de manera que la teoría contractual tiene un aspecto relativo durante el proceso formulario.

En cambio, continua señalando Cuenca, tal relatividad quedó absolutamente proscrito durante la extraordinaria cognitio, donde la fórmula desaparece y la litis contestatio no es sino uno de los tantos actos con que se desarrolla el proceso, existiendo en el fondo la autoridad del Estado romano representada por el pretor, toda vez que los efectos de la litis contestatio determina la competencia,  individualiza el juez de la controversia, y delimita las cuestiones de hecho y derecho sostenidas por las partes al exponer sus acciones y defensas. [21]

La crítica de esta concepción en palabras de Couture[22], puede hacerse en pocas palabras: Sólo subvirtiendo la naturaleza de las cosas es posible ver en el proceso, situación coactiva, en la cual un litigante, el actor, conmina a su adversario, aun en contra de sus naturales deseos, a contestar sus reclamaciones, el fruto de un acuerdo de voluntades. Como se ha visto, ni aun históricamente las cosas han sucedido bajo el aspecto de un contrato. La primitiva concepción romana de la litis contestatio no respondía exactamente a un procedimiento judicial, sino arbitral, cuyo aspecto contractual existe en buena parte en el derecho moderno.

Maupoint, citado por Couture, reseña que la doctrina francesa, que es, sin duda, la que ha permanecido más fiel a esta concepción, reconoce ya que la idea del contrato judicial sólo es una subsistencia histórica llamada a desaparecer

2.    El proceso cómo cuasi contrato, fue establecido por los procesalistas franceses del pasado siglo, quienes sostenían que si bien el proceso no es propiamente un contrato, porque falta el consentimiento, ya que el demandado no conviene en una controversia contra él, sino que se le impone la defensa, como una carga en su propio beneficio, es, por lo menos, una figura afín, o sea, un cuasi contrato.  [23]

Al respecto Couture[24] considera que la notoria debilidad de la concepción contractual del proceso propendió a que, como concepto subsidiario y en más de un caso solidario, se hablara de un cuasicontrato judicial. No es posible, sin embargo, hallar una justificación razonable a esta tesis.

Refiere que en un libro francés de mediados del siglo pasado[25], es posible hallar el extraño fundamento de esta concepción. Allí se resume, luego de largos desarrollos, la tesis de que es necesario ver en la litis contestatio, acto bilateral en su forma, el hecho generador de una obligación bilateral en sí misma. Como ella no presenta ni el carácter de un contrato, puesto que el consentimiento de las partes no es enteramente libre, ni el de un delito o de un cuasidelito, puesto que el litigante no ha hecho más que usar de su derecho, lejos de violar los de otros, los autores alemanes, valiéndose del texto de la ley 3, ff. de peculio, le han reconocido el carácter de un cuasicontrato; in judicio quasí con trahirnus. En el tiempo de procedimiento formulario, continúa el autor, este cuasicontrato es necesario para introducir la instancia y hacer posible la decisión del juez. También, se producen en el antiguo ordo judiciorum, un sistema de medidas destinadas a asegurar la comparecencia de los litigantes a los pies del magistrado. La vocatio in jus violenta, las vadimonia, la missio in possessionem bonorum, tienden a ese objeto, que no se puede alcanzar completamente, sin embargo, puesto que todos estos rigores vienen a estrellarse contra la inercia del demandado.

La litis contestatio exige, en efecto, de su parte, una manifestación exterior y sensible de voluntad, a la que nadie puede ser constreñido; de suerte que no hay, bajo el imperio de las fórmulas, ningún medio de entablar el debate a pesar del demandado, ninguna vía abierta para llegar, contra su deseo, a la formación del contrato judicial. El procedimiento por contumacia (el juicio en rebeldía) mismo, supone la litis contestatio, sin la cual no podría haber allí ni instancia ni proceso; “Ante litem contestatam, non dicitur lis mota; nec dicitur quis agere, sed agere voluisse”. [26]

Concluye Couture que la concepción del juicio como cuasicontrato procede por eliminación, partiendo de la base de que el juicio no es contrato, ni delito, ni cuasidelito. Analizadas las fuentes de las obligaciones, se acepta, por eliminación, la menos imperfecta.

3.    El proceso como una relación jurídica, la cual es explicada por Cuenca resaltando que las personas que intervienen en el proceso se llaman sujetos procesales y Cuenca refiere que en todo proceso interviene un grupo de personas ya que la administración de justicia no es la obra personal del juez; tenemos a los miembros del órgano jurisdiccional (juez, secretario y alguacil), las partes (demandante y demandado), los terceros (terceristas y citados en saneamiento), el Ministerio Público y los llamados auxiliares de justicia (depositarios, intérpretes, peritos, testigos, etc.). A todas estas personas los liga un vínculo establecido por la ley que engendra derechos y obligaciones, facultades y cargas y este vínculo objetivamente ex- puesto, es lo que se llama relación jurídica, que al aplicarse concretamente al proceso se denomina relación jurídica procesal. [27]

En este aspecto Couture [28] opina que el proceso es relación jurídica, se dice, en cuanto varios sujetos, investidos de poderes determinados por la ley, actúan en vista de la obtención de un fin. Los sujetos son el actor, el demandado y el juez; sus poderes son las facultades que la ley confiere para la realización del proceso; su esfera de actuación es la jurisdicción; el fin es la solución del conflicto de intereses.

Puede afirmarse que la tesis de la relación jurídica procesal es la que ha contado con más adhesiones en nuestro tiempo[29] a pesar de ciertas autorizadas disidencias[30]. Digamos, pues, que la relación jurídica procesal se compone de relaciones menores y que ellas, como en el último de los esquemas expuestos, no sólo ligan a las partes con los órganos de la jurisdicción, sino también, a las partes entre sí. En nuestro concepto es ésta la proposición correcta. La idea de una relación angular es insuficiente, ya que excluye nexos y ligámenes procesales como el que surge entre las partes con motivo de la responsabilidad procesal.

El profesor Martínez Riviello, explica que el concepto de proceso civil nos conduce a la presencia de dos partes en posiciones contrapuestas, una que solicita se le satisfaga una determinada pretensión frente a otra que debe soportar los efectos de tal actuación. En principio los efectos del proceso, a través de la cosa juzgada contenida en la sentencia, únicamente involucran a las partes procesalmente intervinientes. Pero es el caso que esta situación no es siempre así de sencilla. En circunstancias diversas, terceras personas, no involucradas inicialmente en la relación procesal, pueden ser perjudicadas en su esfera jurídica por actos de sustanciación, de decisión o de ejecución en el proceso o por los efectos naturales de la ejecución de la sentencia definitiva. [31]

4.    El proceso como situación jurídica, según Cuenca surge como una crítica al proceso como relación jurídica, sustentada en la teoría de Goldschmidt, complementada en Italia por Carnelutti, la cual sostiene que el proceso no es una relación jurídica sino que crea una situación jurídica especial. Goldschmidt define el proceso como “un conjunto de expectativas, posibilidades, cargas y liberación de cargas de cada una de las partes”, o sea, que no crea derechos y obligaciones, sino que es una situación de derechos. Goldschmidt reconoce que con anterioridad Kohler habló de situación jurídica, pero la concibió como una etapa inicial del proceso. Para Goldschmidt la “situación jurídica es el estado de una persona desde el punto de vista de la sentencia judicial”. Es, pues, el estado de incertidumbre que engendra expectativa, por vaga e incierta, de que la sentencia sea favorable o adversa. Mientras esta posibilidad sea más cercana o más lejana, cada parte aprovechará ciertas posibilidades o descuidará algunas cargas, de manera que en definitiva el proceso está constituido por un conjunto de posibilidades, expectativas y de cargas. [32]

El proceso según Couture no es relación, según este particular modo de ver, sino situación, esto es, el estado de una persona desde el punto de vista de
la sentencia judicial, que se espera con arreglo a las normas jurídicas. [33]

Este concepto de situación jurídica había sido ya desarrollado con
anterioridad para todo el derecho privado[34]. Pero la doctrina procesal
sostiene que ese concepto no es sino específicamente relativo al juicio.

La doctrina de la situación jurídica, aunque reiteradamente calificada de genial, no ha logrado obtener entre los autores latinos y americanos una adhesión considerable. Se le ha reprochado que no describe el proceso tal como debe ser técnicamente, sino tal como resulta de sus deformaciones en la realidad[35] , que no puede hablarse de una situación sino de un conjunto de situaciones[36], que subestima la condición del juez, el que pierde en la doctrina la condición que realmente le corresponde[37], que destruye sin construir, al hacer perder la visión unitaria del juicio en su integridad [38], que la situación o conjunto de situaciones es lo que constituye justamente la relación jurídica[39], etc.

5.    El proceso como institución, lo explica Cuenca como una concepción de Guasp, quién identifica que el proceso es una multiplicidad de relaciones jurídicas y que estas relaciones jurídicas tienen dos ideas dominantes: una idea objetiva y común, que es el conjunto de relaciones jurídicas vinculadas entre sí, y una idea subjetiva, constituida por el conjunto de voluntades particulares adheridas a aquélla.

Cuenca refiriéndose a Guasp, indica que el proceso desde un punto de vista constitucional, es una institución de derecho público, establecida por el Estado como medio o instrumento para dirimir los conflictos particulares.

Para Guasp, es característica de esta teoría institucional la ubicación extraprocesal de su naturaleza jurídica, ello obedece realmente al carácter público del proceso, que al abandonar las viejas ideas privatísticas, traslada los conceptos fundamentales de jurisdicción, acción y proceso al campo del derecho público.

6.    El proceso como servicio público. La teoría del proceso como servicio público tuvo su origen en Francia, donde se consideró la jurisdicción como un servicio administrativo. La idea surgió entre los juristas de la Escuela de Burdeos, como Jéze, Duguit y otros, para quienes el proceso es el instrumento de que se vale el Estado para proporcionar un servicio público: la administración de justicia. Se sostuvo que el Estado debía suministrar al individuo tres clases de servicios: legislativos, administrativos y jurisdiccionales. Para Gaston Jéze el proceso es un “servicio de justicia” cuyo funcionamiento, en determinadas condiciones establecidas por la ley, puede exigir cualquier ciudadano. Es un servicio público organizado en forma de monopolio porque sólo el Estado lo puede proporcionar, que da lugar al pago de contribuciones (tasas de justicia), cuyos agentes públicos (los jueces), son sujetos de responsabilidad civil y penal y pueden incurrir en exceso de poder.

Cuenca opina al respecto que la noción de servicio público, que antes tuvo una profunda penetración, en todo el derecho público, ha perdido su brillo y está en decadencia. Aquel concepto ha sido reducido en el propio campo administrativo y algunos juristas han propuesto su eliminación.  [40]

7.    Otras concepciones: La profundidad del estudio de Cuenca nos brinda otras teorías: La teoría del proceso como “un estado de ligámenes”, también de origen alemán, apenas esbozada y sin completa elaboración por Bülow, Degenkolb, Kisch y otros, señala que el proceso se compone de una serie ordenada de vínculos o de ligámenes, de contenido y límites imprecisos, que aparecen al comienzo en forma un poco brumosa y abstracta, pero que posteriormente se aclaran y precisan, a medida que el desarrollo del proceso se acerca a la sentencia.

Así, por ejemplo, la demanda acarrea la vinculación del actor al proceso, al demandado el ligamen de resistir a la demanda y al juez el de resolver la controversia. El proceso como una entidad jurídica compleja, sustentada en la idea de Foschini, donde el proceso se descompone de tres elementos: actos, relaciones y situaciones, los cuales se integran para constituir una entidad jurídica compleja, concepción que Cuenca considera un aporte al esclarecimiento de la autonomía del proceso.

4. ESTRUCTURA DEL PROCESO.

En esta parte del trabajo, atendemos la estructura del proceso civil; por supuesto en términos generales porque las dimensiones de la formación del proceso donde se trata la materia civil, corresponde al estudio de la teoría del proceso para procurar nociones que garanticen el derecho de acceso a la jurisdicción, sin embargo este aspecto debemos estudiarlo para que el proceso diseñado bajo un sistema donde predomine el elemento de oralidad no se desvíe de los fines del derecho de alcanzar la justicia.

La estructura del proceso civil obedece a los conceptos de la estática y la dinámica procesal, y es así como Carnelutti [41] explica que la estática responde al proceso prescindiendo de su movimiento, llamándolo estática jurídica  que “se resuelve en la exposición del proceso como situación, o mejor, del conjunto de situaciones en que se descompone el proceso”.

Para Carnelutti, el proceso atendiendo el punto de vista dinámico, es el proceso en el tiempo, en su movimiento o desarrollo, llamándose dinámica procesal que “se resuelve en la exposición del proceso como hecho, o mejor, del conjunto de hechos que la constituyen”.

El proceso contiene actos que se inician con la demanda y termina con la ejecución de la sentencia, donde se expresan voluntades de los sujetos que intervienen, como el demandante, el demandado, los terceros, el juez, cada uno con el deber de cumplir con sus cargas procesales previstas en la ley como requisitos externos, los cuales describe Cuenca [42], como la indicación del sujeto, el idioma, la firma y que se cumplen en forma horizontal cuando el proceso se desenvuelve en el tiempo y en espacio a través de una serie de actos, con intervalos de tiempo entre ellos, según el orden sucesivo establecido por la ley; se trata de las etapas del proceso la demanda, la contestación, la prueba, la vista, los informes, y la sentencia.

Sigue Cuenca con su explicación sobre la estructura del proceso que cuando el proceso se observa en forma vertical, éste se divide en fases o grados, es decir, el proceso ante la primera instancia, la segunda instancia originada por la apelación y la fase de casación por la interposición del recurso extraordinario, pudiendo ser modificado por el legislador cuando se trata de procedimientos especiales donde pueden cambiar su contenido tanto horizontal como vertical, como por ejemplo los procedimientos especiales que comienzan adelantando la ejecución como en el caso de los procedimientos monitorios en Venezuela y que pueden continuar por los tramites del procedimiento ordinario cuando se presenta alguna resistencia del intimado; también cuando el legislador prevé procedimiento en una sola instancia, como en el caso del recurso de queja o de invalidación, donde no se produce una segunda instancia, sino una casación inmediata producto de la interposición del recurso extraordinario contra la sentencia que dicta el tribunal que procede en primer grado de jurisdicción.

Rengel-Romberg [43] razona que la estructura del proceso consiste en determinar cómo es el proceso, cómo está hecho el proceso, siguiendo la idea del maestro Carnelutti [44], pregonando la moderna dogmática procesal, que divídela estructura del proceso en la estática y la dinámica, según se observe al proceso detenido en el tiempo para estudiar su composición, o bien se lo observe en movimiento, para tratar su desenvolvimiento.

Así en la primera parte se estudia el proceso como situación, y trata del complejo de situaciones en que el proceso se descompone; la segunda, estudia el proceso como hecho, y trata del conjunto de hechos que lo forman. Dentro de la estructura del proceso se encuentra en forma predominante las formas procesales que varían en atención al sistema procesal que establezca un país y los principios que gobiernan determinado sistema, y vale traer a colación la opinión de Rengel-Romberg cuando expresa en su obra citada con anterioridad que:

 “ Una de las adquisiciones más valiosas que la teoría del proceso civil debe a la ciencia alemana, son ciertas diferenciaciones dogmáticas, muchas veces muy sutiles, que han logrado, mediante un proceso de generalización creciente, aislar ciertos rasgos de las estructuras procesales que se presentan con constancia y uniformidad en determinados sistemas para convertirlos en “principios rectores” del procedimiento y diferenciar así por su estructura un sistema de otro, como ocurre hoy con los principios de la oralidad y escritura; la mediación o inmediación; concentración o fraccionamiento, y otros semejantes, que sirven para distinguir por su estructura un proceso de otro”.

En este trabajo se precisa estudiar la estructura del proceso, con la orientación que trae la Constitución venezolana, cuando en su artículo 257 se prevé que “El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”, lo que obliga a establecer un sistema procesal basado en un proceso oral simple y con un trámite que sea eficaz en aras de la justicia.

En este sentido el estudio de la estructura del nuevo modelo de proceso, referida al proceso civil venezolano, debe ser preponderante las formas y principios fundamentales que le dan carácter a nuestro sistema procesal, diferenciándolo del sistema escrito que predomina en el proceso civil actual.

Con fundamento a la teoría del proceso único, también llamada teoría de la unicidad del proceso, la estructura del proceso es aplicable a todo sistema procesal y en el proceso con un contenido de la oralidad nos invita a señalar que el proceso que ordena la Constitución venezolana debe estar basado en actos procesales expresado por medio de audiencias orales, y que el foro tiene la tendencia de mencionarlo como “juicio oral”.

En el proceso basado en audiencia orales, también encontramos la visión estática y dinámica explicada por Carnelutti, y por ello la visión estática donde se estudian los elementos de la acción, jurisdicción y proceso, se mantiene en su esencia inalterable con el ingrediente del elemento de la “oralidad”. Mientras que en la visión dinámica donde se estudia el proceso en cuanto a su desarrollo y movimiento, es aquí donde se deben analizar los trámites para que sean eficaces, según la orden de la Constitución venezolana.

En este estadio dinámico del proceso, se implementan los actos procesales que se materializan bajo ciertas modalidades y tiempos.

Como lo expresa Ortiz[45], cuando aprovecha una metáfora de Cuenca: “Digamos que el primero estudia la anatomía y el segundo la fisiología del proceso. El primero se explica con fundamento en los principios procesales, el segundo con base en las formas del proceso”. Así, considera el autor que en efecto, el procedimiento es el conjunto de actividades materiales y jurídicas diseñadas para cumplir los fines del proceso y responden a determinados principios que no pueden confundirse con las reglas procedimentales. Es posible que las reglas quebranten algún principio, en cuyo caso la solución hay que buscarla en la teoría general del proceso y no en las reglas del procedimiento. Las reglas dicen cuándo y cómo, en cambio los principios dicen por qué y para qué.

Para Ortiz[46], los principios “son algo más que un consejo o una orientación y no sólo se toma en cuenta “cuando de lege lata no es posible satisfacer la exigencia de los valores”. Al contrario tales principios y valores sirven para enjuiciar la validez de las reglas y las normas, de modo que si bien es cierto que la infracción de una norma no comporta necesariamente la violación de un principio, es posible —sin embargo— que la regla o La norma viole el principio en que debe fundarse. Lo cierto es que, a los efectos de nuestro tema, el proceso responde a los principios como el procedimiento a las formas de proceso; éstas deben ser “enjuiciadas” con base en los principios pues sólo así se aseguraría el cumplimiento de los altos fines que el proceso debe cumplir en la vida comunitaria de los pueblos como sólido soporte de búsqueda de justicia, paz social y bienestar común. Desde este punto de vista las formas del proceso condensan el conjunto de actividades que deben cumplirse, desde la presentación de la demanda hasta la ejecución de la sentencia las cuales, bajo la vigilancia del juez, garantizan a las partes el debido proceso como una garantía procesal superior.

La formas procesales y su tiempo de ejecución, dentro de un sistema “oral”, varía con relación a un sistema “escrito”, teniendo en cuenta que las formas del proceso comprende su modo de ejecución; el acto de demandar, la contestación, el trámite probatorio y hasta el acto de sentencia debe estar previsto en la ley adjetiva donde se deben indicar los requisitos esenciales de existencia de cada uno de estos actos procesales, en cuanto a su forma de ejecución.

Ortiz[47], citando a Cuenca, expresa que las formas procesales “tienen una forma demarcada por la ley y sólo en casos excepcionales se deja al juez, discrecionalmente, la facultad de regular estas formas”; a su vez este autor señala que Rengel-Romberg citando a Marco Zanzucchi, explica las formas procesales como “las variadas actividades que deben realizarse en el proceso para que éste avance hacia su meta normal (la sentencia) están sometidas a ciertos requisitos al modo de expresión, al lugar y al tiempo en que deben cumplirse. El complejo de estos requisitos, es decir, los modos en los cuales deben realizarse los actos que componen el proceso, se denominan las formas procesales”.

Las formas procesales se explican tomando en cuenta la libertad, la legalidad y su carácter esencial; siendo el primero un principio de libertad de las formas, donde los actos del proceso se realizan en el modo, lugar y tiempo previsto en la ley, y solo en el caso de que no esté previsto en la ley, el juez admitirá la forma que considere idónea para la realización del acto; el segundo, el principio de la legalidad de las formas, consiste en que los actos deben realizarse del modo establecido en la ley y; tercero, las formas no esenciales, que tiene un fundamento Constitucional en el artículo 257 de la Constitución venezolana y que se deriva de un comportamiento judicial donde debe prevalecer el fondo y no la forma, esto último es lo que se ha venido denominando la doctrina y jurisprudencia como el principio pro actione.

Se trata de formas procesales establecidas por la ley, pero que su omisión o incumplimiento no impide se cumpla con la finalidad del acto procesal donde se ha omitido la forma.

Un ejemplo, sería el incumplimiento de algún trámite establecido en la ley para la práctica de la citación personal del demandado en un juicio, sin embargo el demandado acude al proceso y ejerce su derecho a la defensa, sin duda el acto de llamar al demandado cumplió su fin, siendo irrelevante la omisión de un trámite, aunque ese trámite sea considerado por la ley como una forma esencial, en cuyo caso solo será denunciable si el demandado no acudió a ejercer el derecho a la defensa.

En la estructura del proceso, los principios del proceso son los llamados a establecer o fijar los lineamientos generales del sistema procesal implementado, por consistir éstos la base o directriz para interpretar y aplicar las normas contenidas en el proceso, tema que será tratado en este trabajo más adelante.

5. OBJETO DEL PROCESO.

En este momento del trabajo, vale la pena precisar cuál es el objeto del proceso y sobre ello Chiovenda[48], es de la opinión que el objeto del proceso ¨es la voluntad concreta de la ley de la cual se pide la afirmación y la actuación, así como el mismo poder de pedir su actuación, es decir, la acción¨.

Opina este autor que ¨si una relación jurídica origina distintas voluntades concretas de ley, objeto del proceso puede ser la singular voluntad o el complejo de las voluntades, según sea la demanda. Pedida la actuación de una determinada voluntad, puede hacerse sucesivamente objeto de litigio el complejo de las voluntades, mediante una demanda de declaración incidental. De otra suerte, el objeto del proceso permanece limitada a la determinada voluntad concreta de ley cuya actuación se pide, mientras la relación jurídica permanece simplemente deducida en juicio como título o causa de la voluntad de actuar. Una cosa es, pues, que la voluntad de ley sea deducida en juicio, y otra, que forme el objeto del proceso¨.

Carnelutti [49] , utiliza los términos de objeto de la litis, indicando que el objeto del interés es un bien, así como también un bien es objeto del conflicto de intereses y por tanto de la relación jurídica y de la litis, es decir, que para este autor el objeto de la litis, del interés, del conflicto de intereses y de la relación  jurídica es un bien, pudiendo ser este bienes simples y complejos, muebles e inmuebles, materiales e inmateriales.

La Roche[50], citando a Calamandrei considera que en el proceso encontramos el objeto inmediato y el objeto mediato a los que se preordena la prestación. El primero es la obtención de la sentencia favorable que reconozca y ordene la satisfacción del derecho que invoca el actor en su demanda. El objeto mediato es el bien de la vida que se obtiene como consecuencia de la ejecución del fallo pasado a la autoridad de cosa juzgada: La entrega del dinero adeudado en el caso de los derechos de crédito, la devolución de la cosa muebles, el rescate del bien inmueble, el restablecimiento de la situación jurídica infringida o amenazada, el valor de las sentencia como título respecto a las prestaciones mero declarativas, el proveimiento administrativo faltante en las acciones de carencia, y tanto otros efectos beneficiosos que reporta el triunfo en el proceso.

Para este autor, la naturaleza del objeto mediato determina si la acción (pretensión) es real o personal. Las prestaciones reales son aquellas que tiene por objeto un bien determinado, muebles o inmuebles, cuyo fundamento es un derecho sustantivo real (propiedad, usufructo, habitación, hipoteca, etc.) o un derecho personal sobre cosa determinada (el derecho del arrendador, comodatario, etc. A la posesión del inmuebles, el de mutuante a la devolución de la cosa entregada, etc.) Las prestaciones personales son aquellas que tienen por objeto un derecho de crédito (suma de dinero).

Según Montero Aroca[51], en el tema del objeto del proceso, debe prescindirse ahora de los elementos subjetivos de la pretensión (de quien pide y de frente a quien se pide, es decir, del demandante y del demandado), los elementos objetivos de esa prestación son lo que se pide (o petitum) y la causa de pedir (la causa petendi). Continúa Montero explicando, que según el principio dispositivo el juez debe ser congruente con lo que se pide por las partes, pero también que no puede tener en cuenta más que los hechos aluciados como causa de pedir de esa petición; la individualización de la pretensión, es decir, el distinguirla de todas las demás, posibles consta de dos elementos.

1°) Subjetivos: Las partes del proceso, quien formula la prestación (actor o demandante) y aquel contra quien se formula (demandado).

2°)  Objetivos: Son los que se pide y la causa de pedir. La petición determinada el objeto del proceso civil porque, tratándose de derecho subjetivos privados, el demandante tiene completa libertad para fijar lo que pide.

Para Montero, el demandante puede fijar, primero, la clase de tutela jurisdiccional que pide (declaración, constitución o condena) y, después, el bien concreto que pide, mientras que el demandado puede admitir la petición allanándose de ella. El juez puede pronunciarse solo sobre lo que se pide y queda vinculado por las admisiones hechas por el demandado.

Refiere este autor, que la causa de pedir son siempre hechos, acontecimientos de la vida que suceden en un momento en el tiempo y que tiene trascendencia jurídica, esto es, que son el supuesto de una norma que les atribuye consecuencias jurídicas. Esos hechos han de ser aportados en todo caso por el demandante, pues de lo contrario se estaría destruyendo uno de los pilares del principio dispositivo y con el de la autonomía de la voluntad, y de la libertad de los particulares para ejercitar los derechos subjetivos que cada uno estima que son propios.

Concluye Montero, en este aspecto, cuando señala que el proceso civil se basa en que solo el demandante puede aportar los hechos que fijan la causa de pedir del proceso civil. La parte es así la única que puede decidir si acude al proceso (por el ejercicio del derecho de acción) y la única que decide los términos de la prestación que ejercita; elemento determinante de esa prestación es lo que pide y por qué lo pide; ese porque han de ser hechos y lo mismo solo puede aportarlos las partes.

El juez no puede tener nunca la facultad de aportar hechos al proceso para determinar la causa de pedir de la petición, y tampoco podrá apartarse de esa causa de pedir a la hora de estimar o desestimar la prestación.

Como puede observarse la doctrina comienza con señalar como objeto del proceso el derecho de los particulares de acudir a los órganos jurisdiccionales y avanzando la doctrina pasa por el estadio del interés jurídico, para entonces referido al interés material, después se equipara el conflicto de partes, la relación jurídica, hasta llegar a la explicación de La Roche y Montero que para ellos el objeto es el bien de la vida vinculado con la pretensión procesal.

Como aporte a la ciencia del derecho procesal definimos que el objeto del proceso:

“Consiste en el bien tutelado y que es objeto de discusión ante el órgano jurisdiccional, pudiendo ser cantidades de dinero, un bien mueble, inmueble, derechos, etc., es decir todo bien material o inmaterial”.

 6. FUNCION DEL PROCESO.

Por medio del proceso se debe dar una solución al conflicto que presentan las partes y la función del proceso es el acceso al valor de una tangible y efectiva justicia, que se logra por medio del proceso, es decir, existe un acuerdo unánime que en el proceso, desde su inicio hasta su finalización, por cualquier causa, concurren o convergen el interés privado y el interés público para lograr un mismo fin.

El privado concierne, es inherente y satisface el interés sustancial de las partes, tanto el del demandante como del demandado: y el interés público se realiza mediante la función jurisdiccional por parte del Estado.

La persona en ejercicio de derecho de acceso a la jurisdicción, cuando acude al tribunal, invoca y explana su pretensión, aquí priva su interés individual que provoca la actuación del órgano jurisdiccional en procura de la tutela de su derecho violado o amenazado, en este caso se trata de un derecho subjetivo. El único interesado en la satisfacción de ese interés individual subjetivo es el demandante, pero también como la pretensión va dirigido al demandado, éste también tiene un interés o derecho subjetivo para que le sea considerada y valorada su excepción frente a la pretensión del demandante.

El Estado asumió el  deber de dirimir los conflictos de intereses entre los particulares y prohibió la justicia privada, se discute el alcance de la función del proceso y según una teoría subjetiva, su función se limita a dirimir los conflictos entre las partes, a mantener la paz entre los individuos, evitando la justicia por propia mano. [52]

Esta concepción de Cuenca tiene a las partes como hombres que actúan aisladamente y al proceso como un instrumento para satisfacer pretensiones morales o económicas, despejando toda incertidumbre, pero limitando su órbita a los intereses individuales expresados como un simple conflicto de voluntades.

Desde un punto de vista objetivo, la función del proceso no es ya considerada con este carácter privado sino más bien eminentemente pública.

Para Couture[53], la idea del proceso, es necesariamente teleológica, pues solo se explica por su fin. El fin del proceso es dirimir el conflicto de intereses sometidos a los órganos de la jurisdicción. Ese fin es privado y público, los cuales satisfacen, al mismo tiempo, el interés individual comprometido en el litigio, y el interés social de asegurar la efectividad del derecho mediante la obra incesante de la jurisdicción”.

En este sentido el autor explica que el proceso cumple con una doble función:

Una función privada: que permite a la persona satisfacer sus pretensiones conforme a la Ley, haciéndose justicia y en este sentido viene a cumplir el proceso una efectiva garantía individual.

Ese interés particular de que se haga justicia tiene una proyección social y en este sentido, el proceso cumple con una función pública, por la cual el estado tiene un medio idóneo de asegurar la vigencia del estado de derecho, siendo este el fin social del proceso.

Este aspecto también es analizado por Véscovi[54], haciendo un repaso por las posiciones que ha mantenido la Doctrina y en tal sentido señala que el problema del fin del proceso es el de saber para qué sirve y, hasta ahora se habla de la solución del conflicto, pero la doctrina discute sobre si se trata de resolver litigios, conflictos de intereses o satisfacer pretensiones, si se trata de la solución de un conflicto social (sociológico) o simplemente jurídico, o mixto, etc.

Refiere Véscovi:

“que es Guasp quien hace una clasificación entre doctrinas sociológicas y jurídicas, según consideren el proceso como la resolución de un conflicto social o entiendan que su función es la aplicación (actuación) del derecho objetivo o de la protección de los intereses subjetivos (o ambas). Una de las doctrinas más recibidas universalmente es la de Carnelutti, autor de la teoría del litigio (lite), según la cual el proceso se origina en un conflicto (material) de intereses, calificado por una pretensión cuyo fin es “la justa composición del litigio”. En la base se encuentra el interés, que tiene un contenido netamente individual (sicológico). La limitación de los bienes de la vida, dice Carnelutti, produce los conflictos. El conflicto de intereses así nacido se denomina litigio, del que surge la pretensión. Esta es “la exigencia de subordinación de un interés ajeno al interés propio”. Frente a ella, se levantan la resistencia, que “es la no adaptación a la subordinación de un interés propio al interés ajeno”. La pretensión resistida (o aun la insatisfecha, agregó después el mencionado autor) origina el proceso.

Explica que frente a esta doctrina se alzó en Italia la de otro gran maestro, Chiovenda, que señala, como función del proceso, “la actuación de la ley”, colocando el punto de la observación en la aplicación del derecho objetivo, y enfatizando la finalidad pública del proceso ante la otra privada (de resolver conflictos intersubjetivos).

La inclinación de la doctrina ante todas estas posiciones es mixta, es decir, que no consideran al proceso como la solución de un conflicto solamente social, ni tampoco solamente jurídico, admitiendo  que lo que en su origen aparece como un conflicto social, cuando es abarcado por el derecho se convierte en jurídico y se resuelve como tal mediante la “actuación de la ley”. El propio Carnelutti ha admitido que el interés de las partes se manifiesta como “un medio para la realización de la finalidad pública del proceso, cuyo fin es, en definitiva, obtener la formación de mandatos (mandamientos) jurídicos”. Esto es, la concreción del mandato general de la ley para el caso concreto sometido al juez.

Guasp —cuya doctrina es la más admitida, pretende, también, superar esa dualidad y coloca el centro de la función del proceso en la “satisfacción de pretensiones”. La pretensión se origina en una base sociológica; es la “queja” del individuo en sus relaciones con los demás hombres, que por problemas de convivencia plantea tal reclamación. Pero, subraya el citado autor español, mientras el conflicto no se somete al juez, por medio de la pretensión, nos mantenemos en el campo social (sociológico), sin que pueda hablarse aún del proceso.

Ni siquiera de un conflicto jurídico, criticando de esa manera la posición asumida por Carnelutti. El proceso es, reitera Guasp, instrumento de satisfacción de pretensiones. El derecho dedica esta institución y la función jurisdiccional para atender específicamente las quejas sociales convertidas en pretensiones jurídicas, tratando de dar satisfacción al reclamante.

La objeción principal a estas teorías es que hay procesos sin conflicto. Es decir, hay procesos sin contradicción (en rebeldía) o sin que el reclamo tenga un apoyo jurídico (pretensión totalmente infundada, que igual debe dar lugar al desarrollo del proceso, sin perjuicio de que la sentencia final la rechace); y procesos en que la pretensión no aparece, al menos en el inicio, como en el penal (o en sistemas de actuación de oficio)”.

Continúa Véscovi en su explicación:

“Que Barrios de Angelis —y luego Fairén Guillen, ha modificado esta teoría sosteniendo que la finalidad no es la de satisfacer pretensiones, sino la de excluir la insatisfacción. Porque, dice, la satisfacción de las pretensiones no es más que un modo de presentar otra cosa que se oculta atrás, la realidad que queda detrás de la pretensión. Es la afirmación de la existencia de una diferencia entre la realidad de hecho y la que garantiza la norma. El que pretende el pago del préstamo, es porque afirma que existe un no pago frente a la norma que establece la obligación de pagar. Esa diferencia entre lo que es y lo que debe ser, es la insatisfacción, que puede ser distinta de la pretensión. Y que puede llegar al proceso ya sea por la pretensión, en el sentido de Guasp, o por la asunción, que es la toma de contacto directo del juez con esa realidad para realizar el proceso sin pedido de la parte”.

Concluye Véscovi respecto de los problemas planteados:

“parece lo más aceptable entender que la función del proceso es jurídica, aunque se origina en un problema social. Lo que no puede ser de otro modo, puesto que el derecho tiene por fin regular la convivencia humana (social). Y que la actividad procesal se dirige a imponer el derecho objetivo.

Es un derecho secundario que busca ese fin último, la cual es por consiguiente, la realización del derecho (sería admisible afirmar que la actuación de la ley) para, en definitiva, asegurar la paz social y la justicia. Lo que no es excluyente, sino perfectamente congruente con la aseveración de que el proceso tiene por fin resolver un conflicto intersubjetivo (componer una litis, satisfacer una pretensión, excluir una determinada insatisfacción).

Puede ser que algunas veces aparezca en primer plano, como fin inmediato, la resolución del conflicto subjetivo (o satisfacción de un derecho subjetivo o de una situación jurídica concreta), y en segundo plano, en forma mediata, la aplicación del derecho (objetivo).

Y en otros casos, será al revés. Así sucede lo primero en el proceso civil, y lo segundo, en el proceso penal y en algunos no penales de mayor interés público (de menores, etc.)”.

De manera que la función privada del proceso en opinión de Cañizales, es inherente y satisface el interés de las partes, tanto el del actor como el del demandado; y el interés público se realiza mediante la función jurisdiccional. [55]

Montero[56] , haciendo una explicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1855, señala que el proceso civil se concibe como un medio de solucionar contiendas privadas, en las que el juez cumple una función de pacifico mediador, siendo las partes las que asumían todas las facultades.

Esta cuestión de la finalidad del proceso según Rengel-Romberg[57], citando a Calamandrei, plantea para algunos autores más bien atendiendo el propósito de la finalidad de la jurisdicción, o sea, a propósito de la finalidad que se propone el Estado, cuando, con carácter de juez, ejerce la función jurisdiccional.

Rengel observa que el proceso como tal no tiene un fin. Que cuando se habla de un fin, queremos referirnos siempre a un sujeto volente que lo propone; y como en el proceso son varios los sujetos que intervienen (el Estado, representado por el juez y las partes: actor y demandado), es natural que cada uno de ellos se proponga un fin diferente y, por tanto, no hay un fin del proceso sino fines de los sujetos procesales.

Para este autor, la divergencia existente en la doctrina sobre la función del proceso se deriva de la concepción que parten, mientras se aprecia el proceso como un interés privado se sugiere una consideración privatista, acorde con la concepción del Estado liberal, que consideran como fin del proceso, la defensa del derecho subjetivo de los particulares; por el contrario, quienes sostienen que el proceso en su fin tiene un cargo del interés público, ello preconiza la concepción publicista de la jurisdicción, que consideran como fin del proceso la actuación de la ley, la actuación del derecho objetivo.

La concepción moderna del proceso concibe a un juez con potestad de regir el proceso para alcanzar sus fines, sin que ello signifique que el juez sustituya a las partes, toda vez que estas deben ejercer la acción como posibilidad jurídica; cumplir requisitos; adoptar una postura ante la relación procesal, en fin cumplir con sus cargas procesales.

La Constitución venezolana, erige al proceso como un instrumento de la justicia, y esa sola idea, abre paso a la función pública del proceso en nuestro país, porque el Estado venezolano se estructura con una función de alcanzar la justicia, que incluye igualmente la función privada que descansa en los particulares en cuanto deben cumplir con algunas cargas repartidas por la misma ley cuando se presentan en los estrados judiciales.

Frente a las partes, se encuentra la potestad judicial de realizar diligencias de oficios probatorias, activar el poder de sanear el proceso cuando se presente alguna anormalidad o necesidad, incluso dictar resoluciones para que el proceso avance, allanando los presupuestos procesales, entendidos éstos como temas necesarios para que sea dictada una sentencia sobre el mérito o fondo del conflicto, para lo cual el sistema adjetivo debe ser claro en cuanto a las facultades de los sujetos que intervienen en él y los principios procesales que imperan en el sistema jurídico-procesal y de esa manera se logrará diseñar una justicia instrumental cónsona con los postulados Constitucionales del país.

7. PRINCIPIOS DEL PROCESO.

La descripción de los principios en que se sustenta el proceso son de vital importancia para entender la posibilidad de un proceso basado en audiencias donde el elemento de la oralidad impera frente a la escritura, incluso para comprender si la oralidad es un principio, tal como lo concibe parte de la doctrina.

Los principios procesales que se describen en la ciencia del derecho, constituyen las bases en que descansan el derecho procesal, y su implementación en las legislaciones adjetivas depende de la visión de justicia que impera en la Constitución del país.

En la doctrina se explican los principios que informan a los procesos y aunque existen diferentes visiones, es conveniente revisar el modelo del proceso que se implementa para verificar las incidencias de cada principio, sin que ello implique que alguno es más importante que otro, toda vez, que todos sirven para lograr los fines de la justicia.

En los varios tipos o sistemas de proceso, los cuales difieren entre sí por el hecho de que unos siguen determinados principios; otros, principios diferentes, y otros concilian a su vez, en diversa medida, los principios opuestos.[58]

Por su parte Enrique Véscovi[59]. considera que el estudio histórico de los diferentes procesos, nos ha mostrado cómo los diversos principios han sido sucesivamente admitidos, rechazados y vueltos a instaurar, en una especie de corsi e ricorsi.  Así encontramos una lucha, que se repite sin cesar, entre oralidad y escritura, entre celeridad y la búsqueda de mayores garantías que conduce a retardar los trámites, entre libertad de formas y sujeción a estas, entre el predominio de las partes o del juez en la dirección del proceso, entre tarifa legal y libre apreciación de la prueba, entre unidad y multiplicidad de instancias, etc.

Para el autor en comento, toda reforma ha tenido, a menudo, como consecuencia, luego de un período más o menos prolongado, una propensión a ser modificada volviendo al sistema anterior. No obstante ello puede trazarse, como en todas las actividades humanas, una línea de progreso.  El progreso ha pasado, de ser un duelo privado, a convertirse en una función pública; el formalismo inicial, prácticamente sin sentido, ha cedido a los mecanismos más avanzados y, en general, se procura que la función jurisdiccional satisfaga las necesidades superiores de la colectividad, antes que el interés particular del litigante.

Señala el autor referido que la abolición del sistema de tarifa legal en la evaluación de la prueba, es casi universalmente admitida, así como la tendencia hacia la inmediación (que apareja la oralidad o el proceso por audiencias) y la abreviación.  También el aumento de los poderes del juez, sin desmedro de las garantías del debido proceso.

Para Eduardo Couture[60] .el proceso civil es un proceso dialéctico, donde se procura llegar a la verdad por la exposición de la tesis, de la antítesis y de la síntesis; de la acción, de la excepción, de la sentencia.

Continúa explicando Couture que la exposición de las ideas opuestas requiere la aplicación de numerosas previsiones particulares. No basta la dialéctica; es necesaria también la razonable distribución de las oportunidades dadas a las partes a lo largo de todo el discurso. El debate procesal es necesariamente un debate ordenado y con igualdad de oportunidades de hacer valer sus derechos por ambos contendientes.

Para Couture, la enumeración de los principios que rigen el proceso, no puede realizarse en forma taxativa, porque los principios procesales surgen naturalmente de la ordenación, muchas veces impensada e imprevisible, de las disposiciones de la ley. Pero la repetición obstinada de una solución puede brindar al intérprete la posibilidad de extraer de ella un principio.

En otras oportunidades, es el propio legislador el que cree necesario exponer los principios que dominan la estructura de su obra, para facilitar al intérprete la ordenación adecuada de las soluciones.

La Roche[61], señala que los principios que informan el proceso y que sirven de base a la reglamentación legal de las instituciones varían de acuerdo al sistema procesal de que se trate (dispositivo o inquisitivo, oral o escrito) pero existe unos principios generales aplicables a todo proceso.

Giuseppe Chiovenda [62]. explica que un proceso puede ser diverso de otro y describe los principios del proceso así:

1)    Principio de la oralidad: Las deducciones de las partes deben normalmente ser hechas de viva voz en audiencia, es decir, en aquel dado momento y lugar en que el juez se sienta para escuchar a las partes y dirigir la marcha de la causa;

2)    Principio de la inmediación: El juez que pronuncia la sentencia debe ser la misma persona física, o el mismo grupo de personas físicas (tribunal colegiado), que ha recogido los elementos de su convencimiento. El juez que ha oído a las partes, a los testigos, a los peritos y examinado los lugares y objeto de controversia.

3)    Principio de la identidad física del juez: Se infiere la presencia del juez durante toda la actuación.

4)    Principio de la concentración: Se impone la reunión de todas las actividades procesales dirigidas a la instrucción de la causa (pruebas y discusión de las pruebas) en una sola sección o en limitado número de secciones, en todo caso, próximas unas a otras.

5)    Principio del impulso procesal de parte: Dirigidas únicamente a llevar adelante el proceso, reservado a las partes.

6)    Principio del impulso procesal de oficio: Dirigidas únicamente a llevar adelante el proceso, reservado al juez, el cual prevalece en los procesos orales.

7)    Principio de disposición: Compete exclusivamente a las partes o de la iniciativa o de la responsabilidad de las partes.

8)    Principio inquisitivo o de iniciativa del juez: Está admitida, en mayor o menor medida, la injerencia del juez en esta operación; injerencia que se concibe en el proceso oral.

9)    Principio de la publicidad: Se desenvuelva el proceso secretamente, o bien se admita, en mayor o menor medida, a las partes y a extraños presenciar o conocer los actos procesales.

10)  Principio de la preclusión: La inobservancia del orden legal o del expirar del tiempo fijado para actividades procesales determinadas, tenga por consecuencia la preclusión de la facultad de realizar o continuar esas actividades.

11)  Principio de perención: El transcurso de un determinado periodo de tiempo en estado de inactividad procesal, produce la muerte del proceso. Este principio no es aplicable sino en los proceso informados por el principio del impulso procesal de parte.

12)  Principio ficta confessio: Los hechos afirmados por la parte presente se tengan como admitidos.

13)  Principio de restitutio in intengrum: El establecimiento o no de especiales remedios a favor de la parte que ha omitido determinadas actividades.

14)  Principio del doble grado de jurisdicción: Que se admita o no, y según la medida en que esté admitida la aportación de nuevos materiales (alegaciones y pruebas) en el juicio de segundo grado (non deducta deducam, non probata probabo).

15)  Principio de la tercera instancia, de la casación, de la revisión: Que esté admitido o no un examen ulterior de la sentencia de segundo grado, y según dentro de que limites esté admitido; según la diferente extensión y los diversos efectos de este recurso superior (aplicación inmediata de la ley o devolución a otro tribunal).

Por su parte Enrique Véscovi [63]. señala:

1)    Principio dispositivo: Asigna a las partes la iniciativa del proceso, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso. El tribunal deberá fallar de conformidad con lo alegado y aprobado por las partes (secundum allegata o probata). El no conoce otros hechos fuera de los que las partes invocan, ni otras pruebas que las que estas presentan. 

2)    Principio inquisitivo: Es el órgano jurisdiccional el que tiene el poder de actuar por sí e investigar. Es el tribunal  el que lo inicia, averigua y decide con libertad, sin estar encerrado en los límites fijados por las partes. El juez puede iniciar el proceso libremente.

3)    Principio de oralidad - proceso por audiencias: Los procesos que se consideran orales, tienen, en general, una fase de proposición escrita, una o dos audiencias orales (prueba y debate; a veces, inclusive la sentencia dictada al final de la última) y luego recursos de apelación o casación, también escritos.  Son, por lo tanto, mixtos.  Más correctamente deberíamos llamarlos procesos por audiencia, ya que esta (trial) es donde se realiza la parte sustancial del juicio. No implica desaprovechar un medio de comunicación tan preciso y depurado como la escritura  (según subraya, con razón, quienes la defienden). Lo que rechazamos es el proceso escrito y secreto, sin inmediación y concentración (especialmente para la prueba y el debate oral).

4)    Principio de inmediación: Requiere que el sentenciador tenga el mayor contacto personal con los elementos subjetivos y objetivos que conforman el proceso. Su antítesis está formada por el principio de mediación, inspirado quizá en el resquemor de que el contacto vivencial (especialmente del juez y las partes) pueda afectar la imparcialidad del juzgador; sustenta la conveniencia de que el tribunal guarde una relación impersonal e indirecta con aquellos elementos. Porque la inmediación supone, además la participación del juez en el procedimiento, convirtiéndose, también, en un protagonista, lo cual lo hace intervenir directamente en su desarrollo; esto lleva, como decimos, equivocadamente a pensar que puede perder su imparcialidad, prejuzga.

5)    Principio de concentración: Propende a reunir toda la actividad procesal en la menor cantidad posible de actos y a evitar la dispersión, lo cual, por otra parte, contribuye a la aceleración del proceso. Es natural que dicha concentración se cumpla fundamentalmente por medio de la audiencia, realizándose la parte fundamental del procedimiento en un solo acto (aun cuando haya que prolongarla si no se puede agotar en una jornada) en el que se concentran la recepción de la prueba, el debate oral y la sentencia.  De ese modo es como el tribunal puede tener una cabal y completa comprensión de las cuestiones debatidas y del objeto del proceso, y estar mejor habilitado para decidir.

6)    Principio de publicidad: Permite la apertura del proceso para que potestad jurisdiccional pueda ser controlada por quienes tiene interés en hacerlo.  Y de esa manera se pueda realizar el ideal democrático de que las funciones del Estado estén sometidas al contralor popular, que es natural destinatario de ellas (el verdadero protagonista de las normas jurídicas y de su aplicación judicial).

7)    Principio de igualdad: Bilateralidad y contradicción.  El principio de igualdad domina el proceso y significa una garantía fundamental para las partes.  Importa el tratamiento igualitario a los litigantes y se entiende que resulta del principio constitucional de igualdad ante la ley. La igualdad supone la bilateralidad y la contradicción, esto es, que el proceso se desarrolla, aunque bajo la dirección del juez, entre las dos partes, con idénticas  oportunidades de ser oídas y admitida la contestación de una a lo afirmado por la otra, en forma de buscar, de esa manera, la verdad

8)    Principios de lealtad, buena fe y probidad: La regla moral en el proceso. Modernamente se han introducido, entre los principios procesales, aquellos que reclaman una conducta de las partes en el desarrollo del proceso, acorde con la moral.  Y, en consecuencia, la posibilidad de sancionar la violación de los “deberes morales”.

9)    Principio del formalismo procesal y de la legalidad de las formas: Los actos deben realizarse de acuerdo con ciertas condiciones de tiempo y de lugar y de conformidad con cierto modo y orden.  Así, las audiencias serán celebradas en la sede del tribunal, y solo por excepción podrá interrogarse a un testigo en un domicilio. También debe efectuarse en día y hora fijados.  Asimismo existe un orden de desarrollo de los actos: demanda, contestación, prueba,  alegatos, sentencia, etc. Es decir, que los actos están sometidos a reglas; unas generales y otras especialidades para cada uno en particular.  Y esas formas y reglas significan una garantía para la mejor administración de la justicia y la aplicación del derecho, especialmente para la obtención de ciertos valores que este se propone, tales como la seguridad y la certeza. Las formalidades de los juicios son impuestas por la ley,  por lo que el principio del formalismo debemos complementarlo con el de la legalidad de las formas.  Este principio es el opuesto al de las formas judiciales, que deja en libertad al juez  para imponer la forma de los actos procesales. Este último sistema tampoco asegura a las partes las mismas garantías, pues las somete a la posible arbitrariedad judicial.

10)  Principio de economía: El proceso insume un tiempo, como actividad dinámica, que se desarrolla durante cierto lapso. El tiempo significa, naturalmente, una demora en obtener el pronunciamiento judicial, que es el fin perseguido. Significa un lapso en el cual las partes deben realizar un esfuerzo, inclusive económico; así como el Estado. El principio de economía tiende a evitar esa pérdida de tiempo, de esfuerzos, de gastos.

11)  Principio de preclusión: La preclusión ha sido definida como el efecto de un estadio del proceso que al abrirse clausura, definitivamente, el anterior. El procedimiento se cumple por etapas que van cerrando la anterior, como, según los autores, las esclusas de un canal que, al abrir la próxima, queda cerrada la anterior y las demás ya recorridas.

12)  Principio de eventualidad: Es una derivación del preclusivo, en tanto importa la necesidad de aprovechar cada ocasión procesal íntegramente, empleando en su acumulación eventual todos los medios de ataque y de defensa de que se disponga para que surtan sus efectos ad eventum, es decir, por si alguno de ellos no los produce.

13)  Principio de publicidad: Se opone al del secreto (del desarrollo del procedimiento, el cual, como hemos dicho, se consustancia con el proceso escrito). Reclama el conocimiento público de los actos del proceso como medio de contralor de este y, en definitiva, de la justicia, por el público.  Las excelencias de la publicidad son indiscutibles, y el contralor por la comunidad es un bien innegable. No obstante tiene sus defectos, ya que puede servir para desvirtuar el fin esencial, en cuanto el público, normalmente, solo se interesa por determinados juicios, especialmente aquellos que los medios masivos de comunicación realzan. Lo cual no siempre resulta bien orientado.

Para el procesalista Uruguayo Eduardo Couture[64], los principios que regulan la instancia, tal como lo define, consisten:

1)    Principio de igualdad: Salvo situaciones excepcionales establecidas en la ley, toda petición o pretensión formulada por una de las partes en el proceso, debe ser comunicada a la parte contraria para que esta pueda prestar a ella su consentimiento o formular su oposición. Conforme a este principio, el juez no procede de plano sino en aquellas situaciones en que la ley lo autoriza expresamente.

2)    Principio de disposición: Deja librada a las partes la disponibilidad del proceso. En materia civil este principio es muy amplio, a diferencia de la materia penal, en la cual es muy restringido. Pero ni en materia civil existe disponibilidad absoluta, ni en materia penal indisponibilidad absoluta.

3)    Principio de economía: El proceso, que es un medio, no puede exigir un dispendio superior al valor de los bienes que están en debate, que son el fin. Una necesaria proporción entre el fin y los medios debe presidir la economía del proceso.

4)    Principio de probidad: El proceso antiguo, con acentuada tonalidad religiosa, tenía también acentuada tonalidad moral. Esta se revelaba frecuentemente mediante la exigencia de juramentos, pesadas sanciones al perjuro, gravosas prestaciones de parte de aquel que era sorprendido faltando a la verdad, etc.

5)    Principio de publicidad: Es la esencia del sistema democrático de gobierno. La publicidad, con su consecuencia natural de la presencia del público en las audiencias judiciales, constituye el más precioso instrumento de fiscalización popular sobre la obra de magistrados y defensores. En último término, el pueblo es el juez de los jueces. La responsabilidad de las decisiones judiciales se acrecienta en términos amplísimos si tales decisiones han de ser proferidas luego de una audiencia pública de las partes y en la propia audiencia, en presencia del pueblo.

6)    Principio de preclusión: Está representado por el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados. Preclusión es, aquí, lo contrario de desenvolvimiento libre o discrecional.

7)    Principio de concentración: Pugna por aproximar los actos procesales unos a otros, concentrando en breve espacio de tiempo la realización de ellos.

8)    Principio de inmediación: El juez actúa junto a las partes, en tanto sea posible en contacto personal con ellas, prescindiendo de intermediarios tales como relatores, asesores, etc.

9)    Principio de oralidad: Surge de un derecho positivo en el cual los actos procesales se realizan de viva voz, normalmente en audiencia, y reduciendo las piezas escritas a lo estrictamente indispensable.

El procesalista venezolano Arístides Rengel-Romberg [65]. describe los principios del proceso en la forma siguiente:

1)    Principio de oralidad y escritura: Un sistema procesal es oral, cuando el material de la causa, a saber: las alegaciones, las pruebas y las conclusiones, son objeto de la consideración judicial solamente si se presentan de palabra; y es escrito cuando la escritura es la forma ordinaria de las actuaciones. La “oralidad”, como principio rector de los procesos de tipo oral, no debe entenderse en su acepción simplista de mera expresión hablada de los actos procesales, pues en esa forma seríamos llevados a equívocos insuperables que nos ocultarían las ventajas reales de un proceso de tipo oral. En realidad, la estructura oral de un proceso depende también de la vigencia de otros dos principios fundamentales: la concentración y la inmediación procesales, los cuales forman los tres términos de un trinomio único.

2)    Principio de concentración y fraccionamiento: En un proceso domina el principio de la concentración procesal cuando el examen de la causa se realiza en un periodo único, que se desarrolla en una audiencia o en pocas audiencias próximas, de tal modo que los actos procesales se aproximan en el espacio y en el tiempo y se suceden interrumpidamente. En cambio, domina el principio de fraccionamiento cuando entre un acto procesal y otro o entre grupos de ellos, pueden pasar largos intervalos de tiempo, de modo que el proceso aparezca discontinuo.

3)    Principio de mediación e inmediación: El principio de inmediación –nos dice Millar—caracteriza un proceso en el que el Tribunal actúa en contacto directo con las partes y con los testigos, mientras que el de mediación rige en juicio en que este contacto tiene lugar a través de un agente intermediario. La inmediación procesal supone, además, que el juez de la causa debe estar desde el principio de la tramitación hasta el fin, constituido por la misma persona física, de modo que sea estrecha la relación que existe entre el juzgador y las personas cuyas declaraciones él debe valorar.

4)    Principio dispositivo e inquisitorio: Se dice que en un proceso rige el principio dispositivo, cuando corresponde exclusivamente a éstas determinar el alcance y contenido de la disputa judicial y queda el tribunal limitado a la sola consideración de lo que los litigantes han planteado ante él. La vigencia de este principio encuentra su justificación en que el objeto de la controversia es una relación jurídico-privada, en la cual no está interesado el Estado y, por tanto, debe quedar librada al poder de disposición de los particulares la materia o interés cuya tutela procuran en el proceso. En cambio, rige el principio inquisitorio, cuando el juez aun teniendo ante sí a dos partes, esté desvinculado, para la investigación de la verdad, de la iniciativa y de los acuerdos de las mismas.

5)    Principio de impulso del proceso por el juez: Si el principio dispositivo rige en nuestro proceso civil en cuanto a las funciones de las partes y del juez relativas al contenido de la causa, y se justifica por las razones que han sido expuestas más arriba, el impulso del proceso por el juez rige en cuanto a la marcha y dirección del mismo (Art. 14 CPC).

6)    Principio de que las partes están a derecho: Según este principio, “hecha la citación para la contestación de la demanda, las partes quedan a derecho y no habrá necesidad de nueva citación para ningún acto del juicio, a menos que resulte lo contrario de alguna disposición especial de la ley” (Art. 26 C.P.C.).

7)    Principio de Lealtad y Probidad en el proceso: “El juez deberá tomar de oficio o a petición de parte, todas las medidas necesarias establecidas en la ley, tendientes a prevenir o a sancionar las faltas a la lealtad y probidad en el proceso, las contrarias a la ética profesional, la colusión y el fraude procesales o cualquier acto contrario a la majestad de la justicia y al respeto que se deben los litigantes”. (Art. 17 CPC).

8)    Principios de Igualdad, Publicidad y Responsabilidad: El de igualdad de las partes en el proceso quiere asegurar que los tribunales mantenga a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades; y en los privativos de cada una que las mantenga respectivamente, según lo acuerda la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitirse extralimitaciones de ningún género (Art. 15 C.P.C). El de publicidad asegura el desenvolvimiento del proceso en tal forma que cualquier persona, bien sea parte o extraño a la causa pueda imponerse de las actuaciones que se realicen o existan en los tribunales, estableciéndose la publicidad de los actos, salvo que por causa de decencia se ordene proceder a puertas cerradas; y pudiendo cualquier persona tomar los datos y copias simples que requiera, de autos existentes en el tribunal sin previo decreto o autorización del juez. (Art. 24 y 190 C.P.C). El principio de responsabilidad no es otra cosa que la proyección necesaria en el campo del proceso civil del precepto constitucional según el cual el ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso de poder o por violación de la ley.

El profesor La Roche [66] describe los principios generales del proceso, realizando la siguiente explicación:

1)    Principio de contradicción: En todo juicio existen posiciones contrapuestas entre las partes, las cuales son denominadas con ese término de “parte”, en cuanto son los elementos integrantes de la controversia: el protagonista del litigio, que hace valer su pretensión, es la parte demandante; el antagonista del litigio, que la adversa, es el demandado. Si no hubiera dualidad de posiciones, no habría litigio ni necesidad de la sentencia que zanje la disputa. Las posiciones contradictorias de los litigantes determina el programa de debate (thema decidendum) del juicio, así como los hechos que es necesario comprobar en el juicio (thema probandi), a los fines de ser calificados jurídicamente con las normas del derecho objetivo que son aplicables con el rigor de la imparcialidad.

2)    Principio del derecho a la defensa e igualdad de las partes: El derecho a la defensa lo entienden el artículo 49 constitucional y el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil en la forma más amplia; no sólo como el derecho de contradicción del demandado, o como las posibilidades procesales que éste tiene de rebatir la pretensión deducida en su contra, sino también como las que corresponden en el proceso al actor, y el mismo acceso a la prueba, para el reconocimiento y satisfacción de los derechos subjetivos en juego en la litis.

3)    Principio de celeridad: La justicia debe ser administrada lo más brevemente posible (Art. 10). Ella constituye, entre otros, uno de los rasgos característicos más resaltantes y necesarios para la administración de justicia, pues, como decía Ihering: «La lentitud de la justicia es en sí una injusticia». No sin razón se dice que la peor sentencia es la que no se dicta.

4)    Principio de economía procesal: Consiste en el cometido de ahorrar cuanto sea posible el dispendio de la actividad jurisdiccional a fin de lograr el mayor grado de eficacia con el menor número de juicios o actuaciones judiciales. Razones de economía procesal justifican la inadmisibilidad de pretensiones que se agoten en el reconocimiento de un derecho subjetivo, cuando es posible obtener la satisfacción plena de ese derecho mediante el ejercicio de acción diferente, como sucede cuando la ley prohíbe proponer acciones merodeclarativas, si con las de condena se obtiene igual declaración. Igualmente, los institutos de extinción de una demanda en caso que haya entre dos casos una relación de litispendencia, acumulación de autos cuya causas sean conexas. El esquema de procedimientos breves adecuados a las características propias de la relación controvertida, logran celeridad y eficacia en la administración de justicia.

5)    Principio de publicidad: El principio de publicidad tiene dos aspectos: «La popularidad, de carácter interno, que es la participación del pueblo en la administración de justicia a través de jurados y de escabinos, y la publicidad, de carácter externo, que es el derecho que tienen los ciudadanos de presenciar las actuaciones judiciales» (Humberto Cuenca).

6)    Principio de gratuidad de la justicia: El instituto de la justicia gratuita está regulado por el Código de Procedimiento Civil, pero ha quedado limitado en su utilidad a la exención de emolumentos u honorarios profesionales de los auxiliares de justicia (Art. 180.3), ya que la Constitución establece de un modo general la gratuidad de la administración de justicia (Art. 26). Los emolumentos u honorarios profesionales de los auxiliares de justicia no están comprendidos en la gratuidad constitucional. En todo caso, la gratuidad es sólo parcial, porque existen otras expensas judiciales, pero extra litem, como las publicaciones de carteles de citación, notificación, anuncio de remate, etc., sumamente onerosas, y que escapan al beneficio. La gratuidad absoluta de la justicia es utópica.

7)    Principios de preclusión y de eventualidad: El principio de preclusión concierne a la extinción de los derechos o posibilidades procesales por el transcurso del lapso concedido por la ley, sin que ese derecho haya sido ejercido; o bien, por haber utilizado un medio de ataque o de defensa incompatible con el que subsidiariamente pudo haber ejercido el interesado. A esa subsidiariedad se le denomina principio de eventualidad, pues permite que posibilidades contrapuestas sean utilizadas al unísono.

8)    Principio de que las partes están a derecho: «Hecha la citación para la contestación de la demanda las partes quedan a derecho, y no habrá necesidad de nueva citación para ningún otro acto del juicio, a menos que resulte lo contrario de alguna disposición especial de la ley» (Art. 26).

El sistema dispositivo: Determina este sistema procesal el hecho de que en cierto tipo de procesos, donde sólo están en juego intereses privados, las partes son dueñas de la litis; sólo a ella interesa el derecho subjetivo que es hecho valer en el proceso y sobre el cual una y otra pretenden ser titular o tener un derecho preferente o concurrente. El juez no puede actuar de oficio (salvo las pruebas excepcionales de inspección judicial y experticia) ni iniciar por motu proprio el proceso (nemo iudex sine actore; ne procedat iudex ex officio). Los litigantes disponen libremente del proceso mediante los actos de autocomposición procesal (desistimiento, convenimiento, transacción).

9)    Principios del proceso de interés social: En el caso del proceso penal —y en general, de los procesos que, en atención al interés público de la causa, siguen el sistema inquisitivo- el principio no hay juez sin actor (nemo iudex sine actore) tiene cumplida aplicación; sólo que, por razones de garantía de la verdad y de la justicia, la ley propende, ante la noticia críminis, a recabar anticipada y recurrentemente los elementos de juicio relevantes a la litis. Pero esta instrucción penal, que no garantiza el “control de la prueba”, constituye un nudo conocimiento, meras constataciones, que en modo alguno revisten los caracteres propios (notio, vocatio, juditio) del momento cognoscitivo de la jurisdicción. El verdadero juicio lo incoa el demandante del proceso penal que lo es, por antonomasia, el ministerio público; aparte el derecho del afectado a formular por su parte su acusación.

10)  Principio de inmediación: El juez escudriña la verdad mediante un método empírico inductivo. Empírico, en cuanto está basado en la percepción personal y directa; inductivo, porque lleva al juez a una conclusión fundada en la observación que ha hecho. La inmediación es esencial al juicio oral, por cuanto tanto el debate entre las partes, como la evacuación de las pruebas en el proceso, deben ser incorporadas en la misma audiencia, apud iudicem, es decir, ante el juez que sentenciará, quien, por su misión, debe participar personal y activamente en la evacuación de la prueba, a los fines de poderse formar personalmente, un juicio valorativo. La inmediación del juez tiene por norte averiguar la verdad, que lleva a tener que inquirir a los mismos litigantes sobre los hechos alegados (interrogatorios ad clarficaundum).

11)  Principio de concentración y unidad de vista: El principio de concentración también es propio del sistema oral. Quiere decir, que la dinámica probatoria del proceso debe quedar agrupada en la audiencia oral, pública, contradictoria. Se necesita que el juez, para decidir inmediatamente en la misma audiencia pública y oral, con breves prórrogas, tenga ante sí las pruebas evacuadas con su intervención y control, o pueda visualizar en conjunto, como si estuviera presente, el desarrollo cumplido de esa actividad probatoria y de las alegaciones de las partes; aunque el diligenciamiento de ciertas pruebas requieren una tramitación anticipada.

12)  Oralidad y procesos por audiencia: En propiedad, se denomina proceso oral, a aquel en el que se desarrollan en forma oral las funciones atinentes al saneamiento del proceso, la mediación previa del juez, la determinación de los hechos incontrovertidos y el descubrimiento de las pruebas instrumentales (discovery devices) funciones que tienen lugar, todas ellas, en la etapa llamada audiencia preliminar. Del mismo modo, también el Juicio propiamente tal, o sea, la audiencia oral, pública y contradictoria (orality in open Court) y las demás audiencias de juzgamiento en segunda instancia o en casación. Tal es el caso del proceso laboral venezolano en el que la oralidad domina todo el itinerario procedimental, excepción hecha de la demanda y su contestación. Pero existen los procesos por audiencia, en los cuales la oralidad es circunstancial; no así la concentración, que determina los momentos de actuación en los cuales se desarrollan los actos de prueba y decisión, de saneamiento o mediación, de sentencia o revisión.

Esta descripción que contiene la explicación de autores calificados sobre los principios que dominan en el proceso civil nos da una idea de los principios procesales que se instaura en el procedimiento especial basado en la oralidad.

No implica una separación de los principios generales, sino la aplicación de los principios generales en el proceso, los cuales infieren que algunos serán dominante y otros no, incluso algunos (principios generales) no son aplicados, por razones de conveniencia en la visión de una justicia instrumental, aplicada a los conflictos que se manejan en los procesos que se basan en la oralidad.

En Venezuela, la Constitución consagra el proceso como un instrumento fundamental de la justicia, ordenando se establezcan procesos diseñados por audiencias, donde predomine la oralidad, pero en ningún modo puede eliminarse principios de arraigo en el campo del derecho procesal, en todo caso lo que debiera ser revisado es su incorporación en el proceso para que este alcance sus fines.

En la Ley de Procedimiento Marítimo, publicada en Gaceta Oficial N° 5.554 Extraordinario de fecha 13 de noviembre de 2001, se establecen las normas que rigen el procedimiento ordinario en la Jurisdicción Acuática y su artículo 8 consagra como principios que el procedimiento marítimo, cualquiera sea su cuantía, se desarrollará en forma oral, aplicando los principios de la brevedad, concentración, inmediación, gratuidad y publicidad conforme a las disposiciones contenidas en el Libro Cuarto, Titulo XI del Código de Procedimiento Civil, con las modificaciones señaladas en la misma ley.

La Constitución de 1999, en la disposición transitoria cuarta, ordena que: Dentro del primer año, contado a partir de su instalación, la Asamblea Nacional aprobará: Una Ley Orgánica Procesal del Trabajo que garantice el funcionamiento de una jurisdicción laboral autónoma y especializada, y la protección del trabajador o trabajadora en los términos previstos en esta Constitución y en las leyes. Dicha ley estará orientada por los principios de gratuidad, celeridad, oralidad, inmediatez, prioridad de la realidad de los hechos, la equidad y rectoría del juez o jueza en el proceso.

La Ley Orgánica Procesal del Trabajo que rige en Venezuela, publicada en Gaceta Oficial N°. 37.504, del 13 de agosto de 2002, señala en su artículo 2:

“El juez orientará su actuación en los principios de uniformidad, brevedad, oralidad, publicidad, gratuidad, celeridad, inmediatez, concentración, prioridad de la realidad de los hechos y equidad”.

El procedimiento ordinario regulado en la reforma de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, publicada en la Gaceta Oficial N° 5.859 del 10 de diciembre de 2007, enumera en el artículo 450 como principios que informan el procedimiento ordinario: La oralidad, inmediación, concentración, uniformidad, medios alternativos de solución de conflictos, publicidad, simplificación, iniciativa y límites de la decisión, dirección e impulso del proceso por el juez, primacía de la realidad, libertad probatoria, lealtad y probidad procesal, notificación única y defensa técnica gratuita.

En esa misma norma se realiza una explicación de cada uno de los llamados principios, siendo ésta la única legislación adjetiva en Venezuela, que realiza una explicación de cada principio,  en estos términos:

1)    Oralidad. El juicio es oral y sólo se admiten las formas escritas previstas en esta Ley.

2)    Inmediación. El juez o jueza que ha de pronunciar la sentencia debe presenciar el debate y la incorporación de las pruebas de las cuales obtiene su convencimiento salvo los casos que la Ley permita la comisión judicial para la evacuación de algún medio probatorio necesario para la demostración de los hechos controvertidos, pruebas que serán discutidas en la audiencia de juicio. Sólo se apreciarán las pruebas incluidas en la audiencia, conforme a las disposiciones de esta Ley.

3)    Concentración. Iniciado el debate, éste debe concluir en el mismo día. Si ello no fuere posible continuará durante el menor número de días consecutivos.

4)    Uniformidad. Las controversias que se susciten entre partes en reclamación de algún derecho se tramitan por los procedimientos contenidos en esta Ley, aunque por otra leyes tengan pautado un procedimiento especial.

5)    Medios alternativos de solución de conflictos. El juez o jueza debe promover, a lo largo del proceso, la posibilidad de utilizar los medios alternativos de solución de conflictos, tales como la mediación, salvo en aquellas materias cuya naturaleza no la permita o se encuentre expresamente prohibida por la ley.

6)    Publicidad. El juicio oral tiene lugar en forma pública, pero se debe proceder a puertas cerradas total o parcialmente, cuando así lo establezca la ley o determine el juez o jueza por motivos de seguridad, de moral pública o de protección de la personalidad de alguna de las partes o de alguna persona notificada para participar en él, según la naturaleza de la causa. La resolución será fundada y debe constar en el acta del debate. Desaparecida la causa de la clausura, puede ingresar nuevamente el público. Lo anterior no obsta el carácter público del expediente, el cual no puede ser objeto de reserva, salvo las excepciones establecidas en esta Ley.

7)    Simplificación. Los actos procesales son breves y sencillos, sin ritualismos ni formalismos innecesarios.

8)    Iniciativa y límites de la decisión. El juez o jueza sólo puede iniciar el proceso previa solicitud de parte, pero puede proceder de oficio cuando la ley lo autorice y en sus decisiones debe atenerse a lo alegado y probado en autos.

9)    Dirección e impulso del proceso por el juez o jueza. El juez o jueza dirige el proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión.

10)  Primacía de la realidad. El juez o jueza debe orientar su función en la búsqueda de la Verdad e inquirirla por todos los medios a su alcance. En sus decisiones prevalecerá la realidad sobre las formas y apariencias.

11)  Libertad probatoria. En el proceso, las partes y el juez o jueza, pueden valerse de cualquier medio de prueba no prohibido expresamente por la ley y el juez o jueza lo apreciará según las reglas de la libre convicción razonada.

12)  Lealtad y probidad procesal. Las partes, sus apoderados, apoderadas, abogados y abogadas deben actuar en el proceso con lealtad y probidad. El juez o jueza debe tomar todas las medidas necesarias establecidas en la ley, tendentes a prevenir o a sancionar las faltas a estos deberes en el proceso.

13)  Notificación única. Realizada la notificación del demandado o demandada para la audiencia preliminar, las partes quedan a derecho, sin necesidad de nueva notificación para ningún otro acto del proceso, salvo los casos expresamente señalados en esta Ley.

14)  Defensa técnica gratuita. Las partes que así lo requieran contarán con asistencia o representación técnica gratuita en todo estado y grado de la causa a fin de garantizar la mejor defensa de sus derechos e intereses, a tal efecto las partes podrán solicitar los servicios de la Defensa Pública o el juez o jueza podrá designar a un Defensor Público o Defensora Pública cuando lo estime conducente.

La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en Gaceta Oficial N°. 39.447, del 16 de junio de 2010, también consagra como principios que informan a ese procedimiento especial en su artículo 2: que los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa orientarán su actuación por los principios de justicia gratuita, accesibilidad, imparcialidad, idoneidad, transparencia, autonomía, independencia, responsabilidad, brevedad, oralidad, publicidad, gratuidad, celeridad e inmediación.

En la Reimpresión de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en Gaceta Oficial N°. 39.522, del 01 de octubre de 2010, se dispone en su artículo 85 que los principios que rigen en los procesos ante el Tribunal Supremo de Justicia, son la gratuidad, simplicidad, economía, uniformidad, inmediación, oralidad y realidad.

En el Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, publicada en Gaceta Oficial N°. 5.991 del 29 de julio de 2010, se consagran en el Título V, Capítulo I, artículo 155 los siguientes principios en el procedimiento ordinario agrario: Los principios de inmediación, concentración, brevedad, publicidad y carácter social del proceso agrario.

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[1]. Giuseppe Chiovenda: Istituzioni di Diritto Processuale Civile, Volumen I, traducido por E. Gómez Orbaneja. Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1954, p. 41.

[2]. Francesco Carnelutti: Istituzioni del proceso civile italiano, quinta edizione emendata e aggiornata, volumen primero, publicado por la Sociedad  editorial “Foro Italiano”, Roma, 1956, traducido por Santiago Sentis Melendo y editada por ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires. pp. 21- 22. 

[3]. Hernando Devis Echandía: Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo I. Ediciones Temis. Bogotá. 1961.  p. 78. 

[4]. H. Devis E.: “Tratado de Derecho Procesal…” op. cit.,  p. 161.

[5].  José Ovalle: Teoría General del Proceso. Editorial Mexicana. Universidad Nacional Autónoma de México. 1991. p. 89.

[6]. Humberto Cuenca: Derecho Procesal Civil, Tomo I. Ediciones de la  Biblioteca de la  Universidad  Central de Venezuela. Caracas. 1994. p. 199.

[7].  H. Cuenca. “Derecho Procesal…”  op. cit., p. 205.

[8].  E. J. Couture: Fundamentos del Derecho… op. cit., p. 99-100. 

[9].  E. Véscovi: Teoría General… op. cit. p. 88.

[10].  Amadis Cañizales P: Introducción al Derecho Procesal Civil I. 2003. p. 165. 

[11].  Rafael Ortiz-Ortiz: Teoría General del Proceso. Editorial Frònesis S.A. Caracas. 2004. p. 439.

[12].  Ricardo Henríquez La Roche: Instituciones de Derecho Procesal. Ediciones Liber. Caracas. 2005. p.67.

[13].  Adolfo Alvarado Velloso: Director del Magister en Derecho Procesal que se dicta en la Facultad de Derecho en la Universidad  Nacional de  Rosario, en una Intervención del 18 de Octubre de 2005. www.unab.cl/fcj/doc/alvarado.doc. Así contemplado, el proceso cumple una doble función: a) privada: Es el instrumento que tiene todo individuo en conflicto para lograr una solución (rectius: resolución) del Estado, al cual debe ocurrir necesariamente -como alternativa final- si es que no ha logrado disolverlo mediante una de las posibles formas de autocomposición; b) pública: Es la garantía que otorga el Estado a todos sus habitantes en contrapartida de la prohibición impuesta respecto del uso de la fuerza privada. Para efectivizar esta garantía, el Estado organiza su Poder Judicial y describe a príori en la ley el método de debate así como las posibles formas de ejecución de lo resuelto acerca de un conflicto determinado.

[14].  Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima edición. Madrid. 1984. p. 1106.  

[15].  Román Duque Corredor: Apuntaciones sobre el Procedimiento Civil Ordinario.  Editorial Jurídica Alva, S.R.L. Caracas. 1990. pp.  73-74.

De este procedimiento  dependen no solo el orden y el evitar la anarquía, sino, sobre todo, la garantía del derecho de defensa y la lealtad, así como la igualdad entre las partes. Por ello está justificado que en el nuevo Código se haya sustituido el termino juicio, referido al procedimiento general o común, por la alocución procedimiento ordinario, porque como bien lo aclara la Exposición de Motivos del Proyecto del Código vigente, la locución procedimiento es mucho más adecuada para definir el ordenamiento común o general para la solución de todas las controversias que no tengan un procedimiento especial previsto en la ley. La razón, según dicha Exposición, es que la palabra procedimiento define “el método o estilo propio para la actuación ante los tribunales”, mientras que el concepto de proceso o juicio, principalmente, denota la finalidad compositiva del litigio que persiguen las partes interesadas y el conjunto de relaciones jurídicas que surgen entre ellas, los agentes de la jurisdicción y los auxiliares de ésta.   

[16].  Humberto Cuenca: Derecho Procesal Civil, Tomo I.  Ediciones de la  Biblioteca de la  Universidad  Central de Venezuela. Caracas. 1994. pp.  200-201. A cada rama del derecho procesal corresponde un procedimiento propio y ocurre como en el derecho civil, fiscal, penal, etc., que dentro de una misma existen distintos procedimientos. 

[17].  R. Henríquez La Roche: Instituciones… op. cit.,  pp.  67- 68.

[18].  Juan Montero Aroca: Proceso y Garantía. Ediciones Tirant lo Blanch. Valencia, España. 2006. pp.  57- 58. 

[19]. Código de Procedimiento Civil venezolano:

Artículo 338. Las controversias que se susciten entre partes en reclamación de algún derecho, se ventilarán por el procedimiento ordinario, si no tienen pautado un procedimiento especial;

Artículo 339. El procedimiento ordinario comenzará por demanda, que se propondrá por escrito en cualquier día y hora, ante el Secretario del Tribunal o ante el Juez. 

[20]. E. J. Couture: Fundamentos… op. cit., pp. 101-102. 

[21]. Humberto Cuenca: Derecho Procesal Civil. Tomo I. Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela.  Caracas. 1994. pp. 228-229. 

“Es necesario investigar el origen de esta idea contractual del proceso porque ella tuvo un dominio de siglos y también porque a menudo los procesalistas se limitan a glosarla sin explorar el fondo del proceso formulario donde se encuentran las fuentes de esta concepción. En efecto, en la fase in jure, que se desarrolla ante el pretor, en el acto llamado litis contestatio, el demandante y el demandado escogen la fórmula, “programa procesal” conforme al cual debe desarrollarse el proceso. Esta fórmula, a menudo, era propuesta por el magistrado y aceptada generalmente por las partes. Esta aceptación ha sido asimilada a la figura jurídica de un contrato, pues sin tal convenio el proceso, en principio, era imposible. La fórmula era escogida de los modelos que en el album todos los años el nuevo pretor ponía a disposición de las partes. Pero el aspecto contractual del proceso formulario no radica exclusivamente en la selección de la fórmula, sino también en la selección del juez encargado de investigar los hechos en la fase in iudicio y en el compromiso de acatar la sentencia que se dicte, todo lo cual es de mutuo acuerdo. Pero la cuestión que no ha sido investigada es otra: si las partes no se ponen de acuerdo en el texto de la fórmula, ¿no hay proceso? Las fuentes romanas autorizan a suponer que en este caso extremo, las partes debían someterse a la recomendación hecha por el pretor sobre una fórmula determinada, y de hecho esto era lo que con frecuencia ocurría, de manera que la teoría contractual tiene un aspecto relativo durante el proceso formulario. En sus Institutas, Gaio describe los dos efectos, consuntivo y novador, que tenía la contestación de la demanda en esta forma de proceso. El primer efecto, consuntivo, se cumple cada vez que las partes escogen la fórmula o ésta es impuesta por el pretor, pues obtenida la fórmula, se agotaba para el actor el derecho de promover nuevamente su controversia. Según el resultado de la escogencia, se obtenía la actio iudicati, que le daba derecho a ejecutar la sentencia, caso de haber resultado triunfador por rebeldía del demandado o por haberse dictado un fallo favorable. Sólo algunos tipos de acción, como las prejudiciales, escapaban a este efecto consuntivo. El efecto novadór, de carácter sustancial, consistía en extinguir la obligación anterior, existente antes del proceso, para transformarla en una obligación nueva, derivada de la acción de cosa juzgada. Según otra hipótesis, la novación se produce por el cambio de la obligación material anterior, el acuerdo voluntario de someterse al proceso y de respetar la sentencia. El resultado de todo lo expuesto es que el aspecto contractual del formulario no corresponde propiamente a su esencia, pues en su fondo late la autoridad del Estado romano representada por el pretor. La idea del proceso como contrato es extendida y difundida, sin mucho análisis, por los glosadores posteriores y ella penetra profundamente en la Edad Media. Pero hay algo más convincente aún en contra de la concepción romana del proceso. Durante el proceso extraordinario, que prevalece en la última época, en el llamado Bajo Imperio o Imperio Bizantino, la fórmula desaparece y la litis contestatio no es sino uno de los tantos actos con que se desarrolla el proceso. Desaparecen, por tanto, el acuerdo en la escogencia de la fórmula, en la designación del juez y en el sometimiento a la sentencia. Los efectos consuntivo y novador, antes expuestos, desaparecen, según unos, o se transforman, según otros. Los efectos de la litis contestatio durante el procedimiento extraordinario no difieren mucho de los del proceso moderno: a) Determina la competencia; b) Individualiza el juez de la controversia, y c) Delimita las cuestiones de hecho y derecho sostenidas por las partes al exponer sus acciones y defensas. Ahora el proceso no es un contrato, es el medio que el Estado coloca a disposición de las partes para dirimir sus conflictos. No hay convenios ni pactos, actor y demandado invocan el derecho conforme a la legislación vigente, no eligen juez porque están obligados a ocurrir ante el órgano jurisdiccional ni prometen someterse al cumplimiento de la sentencia porque ésta, como orden del Estado, debe cumplirse necesariamente aun en contra de la voluntad del obligado”.

[22]. E. J. Couture. “Fundamentos del Derecho Procesal…” op. cit., p. 104. 

[23]. H. Cuenca: Derecho Procesal… op. cit., p. 230-231. “Tanto la teoría del proceso como un contrato surgido puramente del acuerdo o voluntad cíe las partes, como su asimilación más indirecta a un cuasi contrato, han sido rechazadas en forma absoluta por la ciencia contemporánea del proceso, por dos objeciones fundamentales: a) El proceso no surge ni se realiza por consentimiento del actor y del demandado, él se impone porque el Estado ha asumido el deber de solucionar las controversias, sin requerir el acuerdo de una parte para que la otra intervenga y en los llamados juicios de oficio, la iniciativa corresponde a los jueces sin requerimiento de parte, y b) El proceso como institución de derecho público, emana del Estado, el cual no está obligado ni subordinado a las convenciones o acuerdos de las partes (salvo la autocomposición procesal), sino que la justicia emana de un acto de soberanía del Estado. Esta concepción contractual fue responsable del carácter privatístico con que se tiñó incorrectamente el proceso y en nuestro medio hasta 1960 la Corte Suprema de Justicia aludía en sus sentencias el “cuasi contrato de la litis contestatio”.

[24]. E. J. Couture: “Fundamentos del Derecho Procesal…” op. cit., p. 106.

[25].  Arnault De Guényveau: Du quasi contrat judicisre, Poitiers, 1859. p.13, citado por E. J. Couture: “Fundamentos del Derecho Procesal…” op. cit., p. 125. 

[26]. De Guényveau, op. cit., p.14. Era ésta, asimismo, la opinión de los clásicos españoles. Así, Saigado, Trabyrinthus creditorum, cap. 16, n° 27 y 28, según el Conde de la Cañada, Instituciones prácticas, t. 1, p. 460, citado por E. J. Couture: “Fundamentos del Derecho Procesal…” op. cit., p. 125. 

[27]. H. Cuenca: Derecho Procesal… op. cit., pp. 231-232.

“La idea del proceso como una relación jurídica se encuentra en germen en la inagotable investigación de Savigny sobre el derecho romano como un sistema de acciones, pero se tiene como su iniciador a Oscar Bülow, jurista alemán del pasado siglo, quien en su obra La teoría de las excepciones procesales y los presupuestos procesales (1868), sostuvo que “el proceso es un nexo de derechos y deberes mutuos, esto es, una relación jurídica que se plantea entre las partes y el tribunal”. Pero fue, posteriormente, Chiovenda quien profundizó sistemáticamente en esta idea del proceso como una relación jurídica al punto de que ha llegado a atribuírsele la paternidad de una teoría que en la ciencia del proceso ha obtenido enorme difusión. La idea del proceso como relación jurídica, según confesión de Chiovenda, fue “vislumbrada por Hegel, afirmada por Bethmann-Hollweg, y desenvuelta especialmente por Oscar Bülow, y después de él por Kohler y otros muchos, también en Italia”. Certeramente Chiovenda ha señalado los caracteres de la relación jurídico-procesal: es autónoma, por cuanto tiene vida propia: es pública porque pertenece al derecho público y compleja porque está constituida por un núcleo de derechos. Por ello la describe como «‘una unidad jurídica, una organización jurídica; en otros términos, una relación jurídica”. El mismo Chiovenda ha descrito la relación jurídica procesal: “Con la demanda judicial nosotros entramos en un estado de pendencia, en el que no sabemos quién tenga razón o deje de tenerla. Pero ya en este estado existen entre el juez y las partes, derechos y deberes; hay, en otros términos, una relación jurídica de derecho público absolutamente independiente de la relación sustancial que es objeto de la litis, y de la acción, la cual corresponde sólo a quien tiene la razón”.

[28]. E. J. Couture: Fundamentos del Derecho Procesal… op. cit., pp. 107-108 y 110.

En contra de esta teoría se hace la siguiente argumentación. Es cierto que la sentencia, y, más exactamente, su efecto, la cosa juzgada, es el fin del proceso; es igualmente cierto que, según algunas teorías, la sentencia tiene la eficacia de un negocio jurídico material, es decir, la de alterar las relaciones jurídicas materiales. Pero aun cuando estas teorías tuviesen fundamento, en rigor cabría atribuir a los actos procesales la calidad de negocios jurídicos, más no la de una relación jurídica. El hecho jurídico que produce una relación jurídica no es, por esa sola circunstancia, una relación jurídica ni siquiera latente. Claro es que el proceso no ha de considerarse como una serie de actos aislados. Pero un complejo de actos encaminados a un mismo fin, aun cuando haya varios sujetos, no llega a ser, por eso, una relación jurídica, a no ser que ese término adquiera una acepción totalmente nueva. “Un rebaño no constituye una relación porque sea un complejo jurídico de cosas semovientes”. “Por otra parte, se añade, es evidente que la peculiaridad jurídica del fin del proceso determina la naturaleza del efecto de cada acto procesal. Pero ni uno ni otro constituyen una relación jurídica, y el objeto común a que se refieren todos los actos procesales, desde la demanda hasta la sentencia, y que en la realidad constituye la unidad del proceso, es su objeto, por lo regular, el derecho subjetivo material que el actor hace valer”.

[29]. Segni, Procedimento civile, cit., p. 554.

[30]. En contra de esta concepción: Rosenberg, Lehrbuch; Carnelutti, Lezioni, t. 4, p. 360; Kisch, Elementos, p. 21;  Ricca Barberis, Progresso o regresso intorno ai concetti di negozio e rapporto processuale, en “Riv. D. P. C.”, 1931, I, p. 170; Goldschmidt, Teoría general del proceso. p. 22, citado por E. J. Couture: “Fundamentos del Derecho Procesal…” op. cit., p. 127.

[31]. Fernando Martínez Riviello: Las partes y los terceros en la teoría general del proceso. Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela. Caracas. 2006. p. 17.   

[32]. H. Cuenca: Derecho Procesal… op. cit., pp. 235-236.

 “A la teoría de Goldschmidt se ha replicado que si bien el proceso se constituye como un conjunto de expectativas, posibilidades y cargas, éstas no se derivan directamente sino que nacen del complejo de derechos y de obligaciones de que es fuente la relación jurídica. Digamos mejor que, según esta objeción, aquellas expectativas, posibilidades y cargas no son sino resultantes de los derechos y obligaciones creados por la relación jurídica. El que estos derechos y obligaciones aparezcan como procedentes de las relaciones del juez y de las partes para con el Estado y las de éste con aquéllos en nada desvirtúa su naturaleza de relación jurídica; no son categorías jurídicas autónomas sino derivados de la propia relación jurídica. Tal vez lo más útil de la teoría de Goldschmidt sea la noción de carga procesal, desenvuelta en Italia por Carnelutti. Antes se había dicho que los derechos y deberes de las partes en el proceso se observaban, recíprocamente, en beneficio y en interés del adversario. Un deber procesal, para el actor, acarreaba, correlativamente, un derecho para el demandado. Se aplicaba al proceso la vieja concepción sustancial de la teoría de los deberes y de los derechos. Pero la idea de carga procesal, como un imperativo que se cumple en interés propio, por el riesgo de resultar derrotado en el proceso, por ser estimada o desestimada la demanda, impulsó en forma fecunda los estudios en torno a la actividad procesal. Mientras la noción sustancial del deber implica el sacrificio de un interés propio en beneficio de un interés ajeno, la noción de carga afirma, por primera vez, un comportamiento, que no es propiamente un deber, sino una actividad libre para obtener la ventaja que proporciona la ley a las partes para el caso de que adopten la conducta prevista por ella. El último resultado en torno a la polémica sobre la naturaleza jurídica del proceso tiende a armonizar y a integrar ambas teorías. Se sostiene que la idea de la relación jurídica no es opuesta a la situación jurídica, que del conjunto de derechos y obligaciones que constituyen el proceso se derivan las posibilidades, expectativas y cargas que éste ofrece. La teoría de la relación jurídica ve el proceso en su aspecto estático, pasivo, mientras la de la situación jurídica lo observa en su aspecto dinámico. Pero el estudio de la naturaleza jurídica del proceso ha llevado a nuevas concepciones en torno a otros aspectos”.

[33]. E. J. Couture: Fundamentos del Derecho Procesal… op. cit.,  pp. 111-113 .

[34]. Kohler: Prozess als Rechtsverhiiltnis, ps. 62 y ss.; ídem, Gesamnzelte Belirlige zum Zivilprozess, p. 219; ref. Goldschmidt, Prozess als Rechtslage, pp. 146 ss, citado por E. J. Couture: “Fundamentos del Derecho Procesal…” op. cit., p. 132.

[35]. Piero Calamandrei: Il  processo come situazione giuridica, cit. Sin embargo, el mismo Calamandrei,  Il processo come giuoco, en Studi in onore di carnelutti y en “Riv. D. P.”, luego proclamó que se trataba de la “inolvidable demostración sistemática contenida en una obra fundamental” (op. cit., p. 28) , citado por E. J. Couture: “Fundamentos del Derecho Procesal…” op. cit., p. 132.

[36]. Prieto Castro, Exposición, t. 1, p. 7, citado por E. J. Couture: “Fundamentos del Derecho Procesal…” op. cit., p. 132.

[37]. Liebman, Lección inédita dictada en Córdoba, con ocasión del Congreso de Ciencias Procesales realizado en 1939 en dicha ciudad, citado por E. J. Couture: “Fundamentos del Derecho Procesal…” op. cit., p. 132. 

[38]. Amina: Tratado, t. 1, p. 245, citado por E. J. Couture: “Fundamentos del Derecho Procesal…” op. cit., p. 132. 

[39].  De Pina: Principios, p. 29, citado por E. J. Couture: “Fundamentos del Derecho Procesal…” op. cit., p. 132.

 

.

[40]. H. Cuenca: Derecho Procesal… op. cit., pp. 238-239.

“Pero en Italia la idea ha tenido expositores y adherentes como Guarnieri y Zanobini. El propio Guarnieri ha dirigido las más graves objeciones a esta teoría: a) Tiñe el proceso de un inaceptable subjetivismo puesto que al considerarlo como un servicio público que el Estado coloca a disposición de los ciudadanos implica que éstos pueden o no disponer de él, lo que autorizaría la justicia privada; b) Impide distinguir el servicio público y la función pública, pues según aquella idea los servicios de justicia pudieran ser desempeñados por particulares, al igual que muchos de éstos desempeñan servicios públicos (como teléfonos, electricidad, ferrocarriles), lo que en el proceso es absurdo, y c) Finalmente, la idea de servicio público como toda prestación del Estado es excesivamente amplia y es incapaz de explicar la vinculación de los actos procesales”.

[41]. Francesco Carnelutti: Istituzioni del Processo Civile italiano, quinta edizione enmendata e aggiornata, volumen primero, publicado por Soc. ed. Del Foro Italiano, Roma, 1956, traducido por Santiago Sentis Melendo, Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos Aires. 1956. pp. 169-170.

El estudio de la estructura del proceso es mucho menos fácil que el de su función; por eso la segunda parte de esta obra tienes dimensiones incomparablemente más amplias que la primera;  pero la dificultad no se debe solamente a la masa  de los datos, sino a su complicación, que en ocasión, llega a verdadero embrollo. No hay otro modo de vencerla que el consistente de un severo planteamiento metodológico. El método que aquí seguimos, ya ratificado por una larga ya experiencia científica y didáctica, aunque solo recientemente aclarado en sus fundamentos y en su alcance, se desarrolla mediante la destitución entre dos aspecto de la estructura del proceso, como en general de cualquier otro instituto jurídico, que responde a los concepto de la estáticas y la dinámica procesal, o en general de la estática y la dinámica jurídica. Este método, si no es indispensable, es ciertamente útil para la exposición científica de los fenómenos del proceso, e incluso del derecho. Desde el punto de vista estático, se trata de estudiar el proceso fuera de tiempo, esto es, diríamos, en firme, o en suma, prescindiendo de su movimiento. Puesto que el resultado de la exposición estatista de la realidad es la que se llama o debería llamarse situación, la estática procesal, que es una parte, o mejor un aspecto, de la estática jurídica, se resuelve en la exposición del proceso como situación, o mejor, del conjunto de situaciones en que se descompone el proceso. Desde el punto de vista dinámico, objeto del estudio es el proceso en el tiempo, esto es, en su movimiento o desarrollo. Puesto que el resultado de la exposición dinámica de la realidad es la que se denomina hecho, la dinámica procesal, que es una parte, o mejor un aspecto de la dinámica jurídica, se resuelve en la exposición del proceso como hecho, o mejor, del conjunto de hechos que la constituyen. Del mismo modo que el estudio estructural del proceso es más complicado, que su estudio funcional, así también ocurre con el estudio dinámico en comparación con el estudio estático; también aquí las dificultades son mucho mayores e implican la conveniencia de subdividir todo el ciclo del proceso en varios sectores, por la cual se formula, ante todo, la distinción entre acto y procedimiento, que más adelante encontrara su esclarecimiento y determinar la estructura del libro segundo de esta parte.

[42]. H. Cuenca: Derecho Procesal… op. cit., p. 205.

Estos actos tienen un contenido que expresa la voluntad del juez, de las partes o de los terceros, según el sujeto al cual corresponde realizarlos. En este sentido, los actos pueden ser unilaterales, que corresponde a un solo sujeto, como la demanda del actor o la sentencia del juez, o multilateral cuando en su ejecución intervienen varios sujetos, como ocurre generalmente en las actuaciones del tribunal, como contestación, actos de prueba, etc. En cada acto deben cumplirse ciertos requisitos externos, como indicación del sujeto y que actúa, idioma, firma, etc. El proceso se divide en etapas y fases. Horizontalmente, el proceso se desenvuelve en el tiempo y en espacio a través de una serie de actos, eslabonados unos a otros, pero con intervalos de tiempo entre ellos, según el orden sucesivo establecido por la ley. Generalmente estos actos se verifican en un mismo lugar, pero con frecuencia la actividad varía de lugar o se verifica simultáneamente en varios lugares, como ocurre generalmente en la evacuación de pruebas. Cada acto del proceso constituye una etapa: así, la contestación, la prueba, la vista, los informes,  y la sentencia, son etapas del proceso. Pero, verticalmente, el proceso se divide en fases o grados de jurisdicción. Nuestro proceso  comienza en primera instancia, o sea, en primer grado, sube a segunda instancia en apelación, o sea, segundo grado, y culmina en la fase de casación, cuando se interpone este recurso. Pero este orden, tanto horizontal como vertical, puede ser alterado por el legislador. Así, el interdicto es, un juicio al revés, pues comienza con el decreto de amparo o de restitución y concluye con la convocatoria a juicio ordinario. Verticalmente, existen ciertos procesos especiales  que tienen una sola y única instancia, sin apelación al segundo grado, como la retasa de honorarios, y otros, en fin, que saltan de la primera instancia  a casación, sin ser sometidos al segundo grado, como las acciones de invalidación y de queja. El juicio ordinario es el proceso-tipo, y en los juicios especiales se modifica el orden de las etapas y de las fases. 

[43]. A. Rengel-Romberg. Tratado de Derecho… op. cit., pp. 177-178.

[44]. Francesco Carnelutti, Metodología del Derecho. Trad. esp. de Osorio. México. 1940. N° 19. Idem., Instituciones del Nuevo proceso civil italiano. Trad. esp. de Guasp. Barcelona, 1942. p. 109.

 

[45]. R. Ortiz-Ortiz: Teoría General… op. cit., p.443. 

[46]. R. Ortiz-Ortiz: Teoría General… op. cit., p. 444.   

[47]. R. Ortiz-Ortiz: Teoría General… op. cit., p. 445.

 

47. G. Chiovenda: Instituciones… op. cit., p. 57.

[49]. Francesco Carnelutti: Istituzioni del Processo Civile italiano, quinta edizione enmendata e aggiornata, volumen primero, publicado por Soc. ed. Del Foro Italiano, Roma, 1956, traducido por Santiago Sentis Melendo, Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos Aires. 1956. p. 30.

[50].  R. Henríquez La Roche: Instituciones… op. cit., p.173.

[51].  Juan Montero Aroca: Proceso y Garantía. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia. 2006. pp. 74-75.

[52]. H. Cuenca: Derecho Procesal… op. cit., pp. 205-206.

Razón tenía, a nuestro parecer, Schónke cuando afirmaba que en el proceso priva el interés de la colectividad sobre el interés individua, pues el fin de la institución no puede reducirse a mantener la paz entre ambos litigantes sino que solicita un alto y superior interés público, que es la paz jurídica y la tranquilidad social, las cuales se mantendrían en zozobra por la venganza y la justicia privada, sin la existencia del proceso. La función del proceso no es tan sólo arreglar voluntades en conflicto ya que sus fines son “la realización del derecho y el afianzamiento de la paz jurídica”. Este fin colectivo, de carácter público, tiene, a nuestro modo de ver, una indudable preeminencia sobre la simple protección de intereses económicos o morales. En fin, para nosotros, el proceso tiene primordialmente la función de satisfacer un interés público y accesoriamente resolver el conflicto de intereses entre particulares.

[53]. E. Couture: Fundamentos del Derecho Procesal… op. cit., pp. 118-119.

“Función privada del proceso. Desprovisto el individuo, por virtud de un largo fenómeno histórico, de la facultad de hacerse justicia por su mano, halla en el proceso el instrumento idóneo para obtener la satisfacción de su interés legítimo por acto de la autoridad. La primera de todas las concepciones sobre la naturaleza del proceso debe ser, pues, una concepción eminentemente privada: el derecho sirve al individuo, y tiende a satisfacer sus aspiraciones. Si el individuo no tuviera la seguridad de que existe en el orden del derecho un instrumento idóneo para darle la razón cuando la tiene y hacerle justicia cuando le falta, su fe en el derecho habría desaparecido. Contemplando el mismo proceso desde el punto de vista del demandado, su carácter privado se presenta todavía más acentuado que desde el punto de vista del actor. Configurado como una garantía individual, el proceso (civil o penal) ampara al individuo y lo defiende del abuso de la autoridad del juez, de la prepotencia de los acreedores o de la saña de los perseguidores.

No puede pedirse una tutela más directa y eficaz del individuo. Difícilmente se puede concebir un amparo de la condición individual más eficaz que éste. Función pública del proceso. Colocada en primer plano la premisa de que el derecho satisface antes que nada una necesidad individual, debemos hacernos cargo de la proyección social que esta tutela lleva consigo. En un trabajo contemporáneo se afirma que “para el proceso civil como institución está en primer lugar el interés de la colectividad, ya que sus fines son la realización del derecho y el afianzamiento de la paz jurídica. El particular puede ocupar el tiempo y las energías de los tribunales estatales solamente y en tanto que para él exista la necesidad de tutela jurídica” En nuestro concepto, en cambio, el interés de la colectividad no precede al interés privado, sino que se halla en idéntico plano que éste”.

[54]. E. Véscovi: Teoría General … op. cit., pp. 89-90.

La doctrina que pretenden explicar el fin del proceso oscilan entre cuestiones diferentes: saber si se trata de resolver un conflicto material (sociológico) o de actuar el derecho (jurídico); si se persigue un fin individual, solucionar un conflicto subjetivo, o un fin público, la actuación de la ley, del derecho y, en último término, los fines de este: paz, justicia. 

[55]. Amadis Cañizales P:   Introducción al Derecho Procesal Civil I. Editorial Karol. Mérida. 2003. p. 175.

[56]. J. Montero A.: Proceso… op. cit., p. 37.

Se plasma así en España el principio dispositivo y el de aportación de la parte, limitándose las facultades de dirección del proceso, donde el juez no tenía control de los presupuestos procesales y el impulso del proceso se confió a las partes, donde el proceso avanzaba a instancia de parte, aunque no se mantiene el sistema de valoración legal de la prueba, inventándose la “sana critica”, como regla de valoración que infiere un razonamiento del juez en la actividad intelectual de apreciar el mérito probatorio.

[57]. A. Rengel-Romberg. Tratado de Derecho Procesal… op., cit., pp. 216- 219.

“Contra la teoría subjetiva que coloca en primer pIano la defensa del derecho subjetivo, se ha observado que ella confunde en parte el fin de la demanda con el fin del proceso como institución; el fin de la demanda —se observa— determina el objeto de un proceso singularmente considerado, no el fin del proceso como institución; la declaración de certeza y la realización de los derechos subjetivos y de las pretensiones, es una consecuencia de la garantía del derecho objetivo, a la cual tiende la institución procesal; en este sentido se puede considerar como fin del proceso en un caso concreto, la garantía del derecho objetivo mediante la defensa del derecho subjetivo, que se funda en aquél. Como se ve, en esencia, la divergencia surgida entre los mantenedores de la teoría objetiva y de la subjetiva sobre los fines del proceso, radica en una divergencia de enfoque y de apreciación unilateral de los diversos intereses que entran en juego en el proceso. Aquellos que parten en su consideración de la apreciación del interés privado y, por tanto, de una consideración privatista, acorde con la concepción del Estado liberal, consideran como fin del proceso, la defensa del derecho subjetivo de los particulares. En cambio, los que se hacen cargo del interés público que entra en juego en el proceso y preconizan la concepción publicista de la jurisdicción, consideran como fin del proceso la actuación de la ley, la actuación del derecho objetivo. Cualquiera que sea la concepción publicista que se sostenga sobre los fines del proceso, bien como actuación del derecho objetivo o ya como creación de una norma jurídica por el juez, es obvio que el interés individual y el público en el proceso no deben considerarse como dos fuerzas en oposición, sino más bien como dos aspiraciones aliadas y convergentes, cada una de las cuales, lejos de buscar beneficios con daños para la otra, considera la satisfacción de la otra, como condición de la satisfacción propia. De este modo —observa Calamandrei— el particular, al buscar la satisfacción del interés público del Estado, defiende al mismo tiempo el derecho subjetivo del particular. El ligamen que asegura la colaboración de intereses públicos y privados en el proceso, está dado, según la más reciente interpretación, por la existencia de un interés o necesidad de tutela jurídica en el particular, que funciona como presupuesto general para la prestación de la tutela jurídica”. 

[58]. G. Chiovenda: Istituzioni di Diritto… op. cit., p. 60.

[59]. E. Véscovi: Teoría General… op. cit., p. 44.

[60]. E. Couture: Fundamentos del Derecho… op. cit., pp. 148-150.

[61].  R. Henríquez L. R.: Instituciones de Derecho… op. cit., p.73.

[62]. Tomado de G. Chiovenda: Istituzioni di Diritto… op. cit. p. 60 

[63]. E. Véscovi: Teoría General… op. cit., pp. 44- 60.

[64]. E. Couture: Fundamentos del Derecho… op. cit., pp. 148-163.

[65]. A. Rengel-Romberg: Tratado de Derecho Procesal… op. cit.,  pp. 178-197.

[66]. R. Henríquez L. R.: Instituciones de Derecho… op. cit., pp.73-86.

Nota: El contenido es de autoría del profesor Miguel Angel Martin y se autoriza su uso con la mención de su origen.