LEGITIMIDAD
DE LAS NORMAS JURÍDICAS
El significado básico
de la palabra "legitimidad"
es autorización. Las normas están autorizadas en la sociedad si los
destinatarios de la regulación pueden aceptarlas.
Desde este especial
punto de vista, legitimidad es lo mismo que aceptabilidad, lo cual refleja la
seguridad jurídica para consolidar un estado de derecho que brinde la
tranquilidad de las personas en sus actividades de convivencia.
Las disposiciones
jurídicas forman una sistemática, manifestándose en la expresión sistema
jurídico. Una de las tareas de la jurisprudencia y sobre todo de la
doctrina es analizar los sistemas jurídicos. Los principios, conceptos y
teorías jurídicos generales, cuyo conjunto es llamado doctrinas generales,
resultan beneficiados cuando se analizan los sistemas jurídicos.
Cada campo del
derecho: derecho civil, derecho penal, derecho administrativo, entre otros,
posee su propia colección de doctrinas generales y el aumento del número de las
normas producto de la diversidad de los campos, generan complejidad de las
disposiciones jurídicas, existiendo un peligro de que se derrumbe la
sistemática interna de las disposiciones jurídicas sino de realiza una
integración de ésta, a tal punto que convergen y se necesitan para lograr la
aceptabilidad.
La regulación se
descompone en una casuística referida a casos individuales y grupos de casos.
Se pierde la visión general del derecho. Los sistemas jurídicos flexibles y
abiertos, al igual que diversos sistemas de reforma, tienen efectos paralelos.
Nace así una especie de paradoja: una regulación, por una parte, desmesurada y,
por otra, demasiado abierta, quiebra la racionalidad interna del derecho. Se
pone en peligro la coherencia interna del derecho, es decir, su conexión sistémica
interna.[1]
Las disposiciones
jurídicas constituyen la respuesta a la situación problemática prevaleciente en
la sociedad. El sentido de la regulación depende de hasta qué punto los medios
de la regulación son adecuados para el área respectiva. Cuando son
equilibrados, se dice que la regulación satisface la racionalidad objetiva; la
conducción a través de reglas posee entonces una relación razonable con la
necesidad de conducción.[2]
Aarnio citando a
Tuori explica que en las sociedades modernas que buscan el bienestar de las
personas, la racionalidad objetiva se debilita en dos direcciones. Por una
parte, el número de normas ha rebasado los límites y existen ya demasiadas. No
siempre se toman en cuenta las desventajas de una regulación excesiva, además
de que el decisor carece de discrecionalidad y se trata de solucionar cada
problema formulando nuevas normas, debilitando la capacidad de decisión.
Estas reflexiones
sirven para descubrir errores en la concepción del modelo jurídico venezolano,
cuando se implementan con ocasión a nuevas leyes adjetivas diversos
procedimientos que chocan con la concepción moderna del derecho de la unicidad
del proceso, que en la práctica del derecho produce una fatiga legislativa,
además de la diversidad de procedimientos que se pretenden imponer, mediantes
reglas procedimentales que contrarían el espíritu de la Constitución de
establecer una estructura en el proceso sencillo, sin la rigurosidad que se
pretende modificar al ordenar un proceso breve, oral y público.
Las formas modernas
del derecho y las nuevas vías de legitimación del derecho, la confianza en el
sistema, por ejemplo, no han eliminado el valor de la cuestión originaria
acerca de la aceptabilidad de las disposiciones jurídicas. Entre otras cosas,
este problema es muy notable desde el punto de, vista de la jurisdicción.
En una comunidad
democrática, quienes ejercen la jurisdicción y la administración tienen que
gozar de la confianza de los ciudadanos. Si la confianza se tambalea o
desaparece, ello se refleja muy pronto, por ejemplo, en el derrumbe de la
obediencia a la ley. Esto, a su vez, debilita la base de un desarrollo social
equilibrado.
No basta la
existencia de la ley, sino que la misma debe ser aceptada, de tal manera que la
jurisdicción al activar su trabajo de respuesta a los planteamientos que se le
presenten, a su vez gocen de una aceptación, o por lo menos que su
cuestionamiento sea cada vez menor, a tal punto de procurar un grado importante
de aceptación.
La aceptabilidad de
las decisiones puede sólo alcanzarse si es posible controlarlas
públicamente. La toma de decisiones herméticas y secretas es sólo aceptable
en una sociedad en la que la única pauta de legitimidad es la confianza general
en el sistema, por lo tanto la creación de un sistema jurídico-procesal que
publicite sus decisiones tanto en la forma como se desarrolla un proceso
judicial, por ejemplo, a través de los llamados “juicios orales”, donde los
sujetos que intervienen tengan las garantías suficientes para controlar el
proceso; o por medio de la publicidad de las decisiones, para que sean del
conocimiento general, lo que permite saber a ciencia cierta qué fue lo ocurrido
y cuál es la respuesta judicial que se emitió.
Consecuentemente, los
ciudadanos no están interesados en los contenidos del sistema en su producto,
sino en la mera funcionalidad de la sociedad. Si el objetivo es tal que el
producto del sistema tiene que responder a las ideas de los ciudadanos acerca
de lo correcto y lo falso, las decisiones jurídicas tienen que admitir el
control público de legitimidad. Sólo bajo tales circunstancias puede
garantizarse la aplicación del derecho que caracteriza al sistema social
democrático. Cuando se vuelve imposible el control interno, la crisis de
legitimidad hace peligrar el derecho.
En virtud de lo
anterior, se puede concluir en este punto, que un sistema que disponga de un
proceso donde las partes tengan igualdad de oportunidades sin ventajas para una
de ellas, mantiene la legitimidad de las normas que establece el sistema
jurídico de un país, y siendo un mandato de la Constitución venezolana
establecer procesos basados en la oralidad, en la medida que se establezca un
trámite sencillo, pero amplio en cuanto a las oportunidades procesales,
contribuye, sin duda alguna, en la aceptabilidad del sistema judicial, aspecto
relevante para el crecimiento de una nación.
Un país que brinda
garantías procesales - una seguridad jurídica - siempre es un atractivo para
invertir esfuerzos en ser mejores ciudadanos y producir un crecimiento en una
sociedad bajo un prisma de convivencia segura.
[1]. Kaarlo Tuori: Oikeusnormien
assettamismenettelyt ja oikeuden Krusitendenssit, en: Politiikka 3, 189 ss,
citado por Aulis Aarnio: Lo racional como
razonable. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. 1991, p. 41.
[2]. K. Tuori: Oikeusnormien
assettamismenettelyt…op, cit., pp. 89 ss, citado por A. Aarnio: Lo racional…op. cit., p 41.
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