La Corrupción es
una depravación moral que merece todo el
castigo de la ley, y constituye un crimen calificado como aberrante, que ofende,
agravia e injuria a la humanidad. Es una vulneración de los derechos humanos que
viola los principios democráticos y produce un daño grave de costo social y
económico al país.
La Constitución (art. 271)
establece que no prescriben las acciones
judiciales dirigidas a sancionar estos delitos, por ser un delito contra la
patria perseguible en todo momento; por ello los funcionarios deben actuar
basado en los principios de honestidad, transparencia, eficiencia, eficacia,
legalidad, rendición de cuentas y responsabilidad (art. 1 Ley Contra la
Corrupción). Se impone al Ministerio Público realizar la investigación y
practicar todas las diligencias para que sean condenados los funcionarios que
incurran en actos de corrupción. (art. 49 Ley Contra la Corrupción).
En La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789,
se plasma que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del
hombre son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los
gobiernos.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, reconoce que
los graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el
bienestar de la humanidad, afirmando que los crímenes más graves de
trascendencia para la comunidad internacional no deben quedar sin castigo para
asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia, estableciendo
una Corte Penal Internacional que
tenga competencia sobre los crímenes más graves de trascendencia para la
comunidad internacional, ratificando que las personas que cometan estos actos
despreciables pueden ser perseguidos y detenidos por la justicia internacional
en todo momento.
La Convención Interamericana contra la Corrupción (Caracas 29-03-1996),
reconoce que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas,
atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el
desarrollo integral de los pueblos, y destaca la gravedad de los vínculos
estrechos entre la corrupción y los ingresos provenientes del tráfico de drogas,
que socavan y atentan contra las actividades de la sociedad en todos los
niveles.
Todos los millones que se
lleva la corrupción se pueden invertir en salud, educación, seguridad, trabajo;
es un crimen que genera una sociedad desigual, que atenta contra las esperanzas de las personas y los limita acceder
a una calidad de vida. El corrupto no tiene vergüenza y desvía el dinero que
debe ser destinado en programas sociales (construcción de escuelas, hospitales,
sitios de recreación, servicios de agua, electricidad, alimentación, seguridad
policial, carreteras), servicios cuya calidad se ve maniatada por falta de
recursos; aumenta la pobreza y hace que los países subdesarrollados sean más
subdesarrollados; acumulan grandes fortunas en cuentas bancarias en paraísos
fiscales, detentan carros de lujos, grandes mansiones, yates, avionetas, fincas,
viajes y compras suntuosas.
La Organización
de las Naciones Unidas, estableció el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción (Convención 58/4),
para crear conciencia contra este crimen, que igual que la droga afecta a la
humanidad, afecta a la sociedad, resquebraja las instituciones, destruye el
desarrollo económico.
Como la corrupción daña a
un país y su imagen, ésta es entendida como un mal generalizado que tiene entre
sus efectos gravosos destruir la República, incluso el ciudadano llega a
convivir con ella, se acostumbra a la misma, sobre todo si este crimen es
cometido desde la más alta jerarquía de las decisiones del Estado; los
ciudadanos pierden la confianza del servidor público y por ende rompe con la
institucionalidad de un país, se pierde la credibilidad de gobierno que a la
postre desestabiliza el sistema democrático.
Hay que exigir
ciudadanos honorables e idóneos para el ejercicio de los destinos públicos; reclamar
las imposición de castigos severos; recuperar los bienes donde estos se
encuentren y en manos de quien estén (usualmente en poder de familiares o
amigos); exponerlos públicamente como delincuentes contra la patria, para que
la nación los conozca y no se olviden los daños que han generado, como una
lección para los funcionarios que los sucedan.
Si queremos un país de bienestar, progreso y felicidad tenemos que
erradicar esta plaga con acciones ejemplarizantes.
Miguel Angel Martin
Tortabu
@miguelmartint
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